La crisis económica y la presión del Ministerio de Gobernación (Migob) ha forzado a nueve Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a cerrar sus operaciones de forma voluntaria, entre diciembre del 2018 y septiembre del 2020, afectando a las comunidades con las que trabajaban, debido a que esas asociaciones atendían servicios de salud, educación y de producción a poblaciones en zonas de pobreza.
La Asociación Nutricional Santa Teresa de Jesús Nicaragua (Nuteje Nicaragua) es la más reciente, cuyos socios solicitaron al Migob y ante la Asamblea Nacional que les cancelaran la personería jurídica.
Esta ONG funcionaba desde abril del 2015 brindando “alimentación a los niños más necesitados y de escasos recursos económicos y en fortalecer la educación”, a través de comedores comunitarios. Una labor que dejaron de brindar debido a que Nuteje enfrenta problemas financieros por falta de cooperación externa, según lo expuesto por Abraham Artola, presidente y representante legal de la asociación, en los trámites ante la Asamblea Nacional.
“El cierre total y definitivo, y cancelación a la personería jurídica de nuestra organización sin fines de lucro, que por la voluntad unánime de todos los miembros de la Asamblea General Extraordinaria, dada las condiciones mundiales y a que ya no existen más fondos ni donaciones de ninguna índole para permanecer en la asociación”, explicó Artola en la solicitud enviada al parlamento el pasado 3 de septiembre.
Falta de recursos financieros es la principal razón para dejar de funcionar que también alegaron la Asociación Ministerio Cristo Libertad al Necesitado, que funcionaba en Masaya; Fundación para la Cooperación Nacional e Internacional (Fundaconi), Asociación de Diabéticos de Carazo (Asdica), Asociación Casa de Oración Iglesia Apostólica de Nicaragua en León, Asociación de Alegría y Paz Integral de las familias nicaragüenses (Apin Internacional), así como la Asociación Centro de Capacitación de Experimentación Agropecuaria (CECA) de Granada y la Asociación Internacional Daniel Comboni (AIDC).
Lea además: Diputados orteguistas cancelan personería jurídica a Asodhermu, una ONG opuesta al régimen
Con todas esas ONG ya se cumplió el trámite que iniciaron voluntariamente de anularles la personería jurídica por parte del poder legislativo y el Ministerio de Gobernación, que regula a las asociaciones.
Poblaciones quedan más vulnerables
El sociólogo y catedrático Cirilo Otero advirtió que el retiro de las asociaciones sin fines de lucro tendrá graves consecuencias en las poblaciones de escasos recursos con las que trabajaban, puesto que son zonas donde las instituciones estatales están ausentes, por lo que dependían de la atención médica, así como educación y asistencia alimentaria que les llevaban las ONG.
“El Estado como tal es insuficiente para atender casos de salud, educación y capacitación en todo el país, sobre todo en las zonas de alto nivel de pobreza. El Estado, a través del Gobierno, solo atiende el 40 por ciento de las necesidades de pobreza, demandas de alimento, educación e incluso de medicina especializada y eso está demostrado con investigaciones que han hecho organismos internacionales”, explicó Otero.
Lea también: Ministerio de Gobernación bloquea arbitrariamente solicitudes de ONG críticas del régimen
Esa carencia en las comunidades, sobre todo rurales y con altos índices de pobreza, era suplida por las asociaciones sin fines de lucro. Sin embargo, la crisis sociopolítica provocada por la represión a las protestas antigubernamentales desde abril del 2018 ha provocado una crisis económica que también afectó a las ONG.
Otero advirtió que “sería desastroso” el retiro de más asociaciones sin fines de lucro porque el Gobierno no tiene capacidad para cubrir los servicios que se dejarán de recibir en las comunidades afectadas.
Sufren persecución
El régimen ha criminalizado a las ONG que no simpatizan con los lineamientos políticos partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), situación que ha empeorado desde las protestas sociales desde abril del 2018.
Nueve organizaciones sin fines de lucro dedicadas al fortalecimiento de la democracia, activismo y defensa de los derechos humanos, de asistencia médica y de investigaciones económicas fueron acusadas de financiamiento al terrorismo por la supuesta participación en las protestas antigubernamentales. A esas nueve ONG les cancelaron la personería jurídica entre noviembre y diciembre del 2018 en la Asamblea Nacional.
Puede interesarle: Desnutrición en las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte agrava condición de niños, ancianos y embarazadas
La persecución la sufrió también la Asociación de Hermanamientos Municipales (Asodhermu), que funcionaba apoyando proyectos sociales en Camoapa, Chontales, desde el 2009, a quien el régimen a través del Migob le despojó la personería jurídica el pasado mes de junio, señalándole de supuestamente incumplir las leyes por no presentar sus informes financieros. También les acusaron de financiamiento al terrorismo porque presuntamente ocultaron quiénes son sus donantes, los montos de la cooperación y el destino de los recursos.
Asodhermu fue víctima de la represión del régimen orteguista, ya que sus directivos denunciaron que los despojaron de sus documentos legales debido a que en el inicio de la pandemia del Covid-19 en marzo pasado, gestionaron donaciones para dar a la población de barrios marginados de Camoapa material de aseso como cloro, alcohol, jabón y alimentos.
Otero señaló que “hay una hostilidad enorme” desde el Migob que también sería causa del cierre de ONG. “Mantienen un grado de presión horrible, exigen al administrador de las asociaciones que cada 90 días demuestren cuánto dinero reciben, la procedencia de los recursos financieros. Son exigencias para dar la carta de cumplimiento de la ley para que te permitan seguir funcionando”, dijo el sociólogo.
Esos son requisitos de presión debido a que las ONG, anteriormente entregaban en enero de cada año los informes financieros al Migob, para que les entregaran la carta de cumplimiento.
Otero dijo que los cobros y las multas son prácticas desde las entidades del régimen que están haciendo “imposible” el funcionamiento de las asociaciones sin fines de lucro en el país.