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CONTENIDO EXCLUSIVO.La dictadura de Daniel Ortega a través de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros pretende “poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua”, pero de acuerdo con analistas, opositores y exministros, lo que en realidad concretará es una réplica del modelo cubano de control, criminalización y espionaje financiero contra los grupos adversarios o críticos al orteguismo, con el fin de silenciarlos, de cara a debilitar a la oposición para unas eventuales elecciones nacionales en 2021.
Félix Maradiaga y Eliseo Núñez, opositores agrupados en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y en la Alianza Cívica, respectivamente, coincidieron en señalar que el régimen está copiando la estrategia de la dictadura de Cuba, al utilizar las leyes para darle aparente legalidad a la supuesta defensa de la soberanía. Pero lo que en realidad buscan es desatar una persecución legal y financiera contra Organizaciones No Gubernamentales (ONG), partidos y movimientos políticos, empresas, así como medios de comunicación independientes.
Maradiaga y Núñez advirtieron que la nueva Ley supondrá un excesivo control sobre el ciudadano o entidad nicaragüense que trabaje con fondos de la cooperación externa. Señalaron que incluso se criminalizará la solidaridad ciudadana, ya que las donaciones quedarán sujetas al control del régimen a través del Ministerio de Gobernación (Migob), como ente regulador.
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“El régimen de Ortega se mueve aceleradamente hacia una cubanización en Nicaragua. Esta iniciativa es compatible con las estrategias de la dictadura de Cuba, que ha perfeccionado el utilizar las leyes para darle aparente legalidad a acciones represivas. Es el mismo actuar del régimen de Ortega, de usar las leyes para crear un entramado jurídico, pero el hecho que sea legal no lo hace legítimo, porque el concepto de soberanía fue diseñado para proteger las democracias, no a las dictaduras”, expresó el politólogo Maradiaga.
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La iniciativa de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros fue propuesta por los 70 diputados orteguistas en la Asamblea Nacional. Con el supuesto objetivo de prevenir y combatir “delitos contra la seguridad del Estado”, se prohibirá que “todo agente extranjero” —sea organización o persona natural, que reciba financiamiento de gobiernos y agencias internacionales—, pueda “intervenir en cuestiones o política interna”.
La iniciativa de Ley del régimen establecerá como «agente extranjero» a la «persona natural o jurídica, nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua percibe fondos, bienes o cualquier objeto de valor proveniente directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sean, que trabaje, recibe fondos o responde a organismos que pertenecen o son controlados, directa o indirectamente, por gobiernos o entidades extranjeras».
Criminalizar la solidaridad
Maradiaga dijo que, por ejemplo, se busca impedir que las asociaciones de familiares de presos políticos, de las víctimas de la represión de las protestas de abril del 2018, sigan recibiendo ayuda tanto de organizaciones privadas, gobiernos extranjeros, pero también de los nicaragüenses que están en el exterior, con base en el concepto establecido de la nueva Ley como “agentes extranjeros”. Estos grupos quedarán obligadas a rendir cuentas al Migob.
“Habrá control del flujo de la solidaridad autoconvocada de los nicaragüenses que ayudan a las familias de los presos políticos, así como los afectados por la pandemia del Covid-19, porque el eje de esta nueva regulación es sancionar la donación y el financiamiento privado”, aseguró el miembro de la UNAB.
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El artículo 3 del anteproyecto es de los “más peligrosos”, según Maradiaga, debido a que “la definición de agente extranjero es tan amplia que cabe el ciudadano de a pie, medios de comunicación, empresas, entidad financiera, ONG, partido o grupo político que reciba financiamiento privado”, ya sea por agencias internacionales, sociedades gremiales o gobiernos.
Medios de comunicación también en riesgo
“Amplían la persecución a las ONG de la sociedad civil, pero también a los medios de prensa independiente, que están en una situación gravísima económicamente debido a la crisis social, como por la recesión económica, que han tenido que buscar la solidaridad con asociaciones y cooperantes para sostenerse”, aseguró Maradiaga.
Señaló el opositor de la UNAB que el objetivo es frenar las denuncias de los abusos del régimen. “Golpea el emprendimiento del periodismo ciudadano, como la labor de los medios de comunicación porque serán considerados ‘agentes extranjeros’, porque estarán obligados a informar todos los recursos que reciban de la cooperación externa, por donaciones incluso. Ahora para el Ministerio de Gobernación los programas de apoyo a la democracia y a la libertad de prensa serán considerados como un intento de injerencismo en la política nacional, y por tanto un atentado a la seguridad del Estado”, afirmó Maradiaga.
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¿Qué dice el artículo 3?
El artículo 3 del anteproyecto de Ley considerará “sujeto obligado” a registrarse ante el Ministerio de Gobernación a “las personas que, dentro de Nicaragua, actúen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos , así como los que ‘soliciten, cobren, empleen de cualquier manera o desembolsen fondos, contribuciones, préstamos, dinero o cualesquiera otras cosas de valor’; como que representen directa o indirectamente los intereses de gobiernos, fundaciones, empresas, asociaciones u organizaciones extranjeros ante cualquier ministerio, entidad pública, empresa y organismos oficiales del Estado de la República de Nicaragua”.
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Maradiaga explicó que en esta “definición los periodistas independientes, los medios de comunicación críticos quedan expuestos a ser considerados agentes políticos que actúan en contra del Estado nicaragüense y por tanto están en riesgo de que les sancionen, los cierren y hasta que les abran juicios”.
Todo esto respondería al modelo de represión de Ortega de “declarar ilegal a cualquiera que no comparte la ideología” orteguista. “Es lo mismo que hicieron las dictaduras de (Adolf) Hitler, como lo practican en Cuba, en Corea del Norte, que es llamar injerencia extranjera a todo lo que no es orteguista”, señaló Maradiaga, de la UNAB.
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Acción de cara a las elecciones
El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, calificó de “aberrante, confiscatoria e inconstitucional” la Ley de Registro de Agentes Extranjeros que promueven los diputados orteguistas en un video promovido en sus redes sociales.
Para Chamorro se trata de “un nuevo zarpazo contra las libertades públicas” los nuevos controles del régimen a las personas naturales u organizaciones que trabajen temas humanitarios, sociales, políticos y que tengan relación con gobiernos y cooperantes externos, por cuanto se dan “enormes poderes discrecionales” al Ministerio de Gobernación, porque si a su juicio ese agente realiza prácticas contrarias a la ley, “podrá ser confiscado o perder sus libertades civiles o políticas”.
Chamorro dijo que aún cuando sea otra arma para “reprimir a los opositores”, el régimen “no va a detener nuestra lucha por la democracia y la libertad en Nicaragua”.
Partidos políticos opositores en la mira
El artículo 12 de la iniciativa de Ley dice que los sujetos obligados “tienen también prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o a asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua. Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”, reza el documento.
El analista y opositor Eliseo Núñez señaló que el régimen utilizará la Ley de Regulación de Agentes Extrajeros de cara a las elecciones del 2021 para limitar la capacidad de los movimientos y alianzas opositores de realizar campañas masivas.
“Es un control al estilo soviético, chino comunista y cubano. Considero que se apunta a regular la función de la Unión Europea y de la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo, de los Estados Unidos) para que no den asistencia a las ONG, pero a aquellas que promueven la democracia, las libertades, que denuncian los abusos a los derechos humanos”, dijo Núñez.
Riesgo financiamiento a empresas privadas
La exministra de Comercio y actual diputada liberal, Azucena Castillo, consideró que se pondría en riesgo el financiamiento a los que acceden las empresas privadas con las agencias de organismos multilaterales, por cuanto el concepto de “agentes extranjeros” será tan amplio que todo el que reciba dinero externo quedará sujeto a la supervisión del Migob “como sospechoso de atentar contra la seguridad nacional”.
Funcionarios de Gobernación con excesivo poder
El Migob deberá crear el Departamento de Registro de Agentes Extranjeros. Una vez aprobada y en vigencia la Ley, los entes obligados tendrán máximo 60 días para inscribirse y presentar sus informes donde detallen el cooperante, el origen de fondos y el uso de estos.
El artículo 16 de la propuesta facultará al Ministerio de Gobernación a congelar las operaciones de todas las organizaciones que en el plazo establecido no se inscriban. “Los sujetos obligados no podrán realizar movimientos de fondos monetarios ni bienes materiales, mientras no cumplan con la obligación de registrarse”, según el proyecto legislativo.
Y una vez registradas, las organizaciones, agencias, asociaciones o personas naturales que reciban cooperación externa, deberán cada mes actualizar la información del financiamiento que reciban y cómo lo usan.
Los funcionarios del Migob podrán intervenir los fondos y los bienes materiales de los «agentes extranjeros», así como quitarles la personería jurídica, cuando determinen que incumplan las normas, lo que quedará a discreción del régimen debido a que en la Ley no se contempla ningún procedimiento al respecto.
“Van a acabar con las cámaras empresariales que reciben apoyo de la cooperación externa, con la excusa de velar por la seguridad del Estado. Esa ley la interpretarán como les convenga políticamente, entonces si el negocio, la sociedad privada que obtenga préstamos estarán sujetos a rendir cuentas de ese financiamiento, y si en el Ministerio de Gobernación dicen que los programas de las cámaras privadas atentan contra la soberanía y tienen perfil de injerencismo político, podrán cancelarles la personería y acabar con ellas”, según la legisladora Castillo.
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Retorno de sistema de la década de los 80
El general en retiro Hugo Torres señaló que el sistema legal que instaurará el régimen de Ortega es un retroceso al modelo de la década de los años 80, en la primera dictadura sandinista, “donde había control total sobre todas las organizaciones y el dinero que llegaba al país”.
“Es el mismo sistema que debilitaba los espacios de participación de los sectores opositores y en ese sentido, a quienes quisieran apoyarles. Esta nueva ley en este momento es una muestra más del grado de acorralamiento que siente el régimen de Ortega, si no, no lo estaría haciendo. La represión en sus distintas variantes responde al grado de inseguridad que sienten para sostenerse en el poder. Quieren limitar toda posibilidad de fortalecimiento de la oposición por distintas vías”, aseguró Torres.
El proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros será sometido a consulta en la Comisión de Economía, pero no se informó a qué sectores se les permitirá opinar.