La Coalición Nacional condenó la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que pretende aprobar la dictadura, a la que señalan como un nuevo mecanismo de persecución política, discriminación social y violaciones a todos los preceptos constitucionales y derechos humanos.
“La propuesta de Ley simboliza en su espíritu y objetivos los más tenebrosos conceptos del fascismo y nazismo en los oscuros años del pasado”, expresan en un comunicado emitido este miércoles 23 de septiembre, en el que manifiestan el rechazo total a esta iniciativa.
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La Coalición considera que la citada iniciativa de ley busca crear delitos y causas penales contra organizaciones de la sociedad civil, personas naturales, medios de comunicación y periodistas independientes, defensores de derechos humanos y el pueblo nicaragüense que lucha por su libertad y la democracia.
“La oscura intención de continuar criminalizando a nicaragüenses y despojándonos de nuestros derechos de protesta y reclamos sociales, al catalogarlos como ‘agentes extranjeros’ en la tenebrosa propuesta de ley, solo nos recuerda al nazismo, marcando al sacrificado pueblo judío antes del holocausto de horror y muerte perpetrado por mentes esquizofrénicas que se creían erradamente elegidos para gobernar eternamente”, manifiesta el pronunciamiento de la plataforma opositora.
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“Venganza por sanciones”
El exembajador José Dávila, uno de los voceros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, manifestó que la iniciativa denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que pretende aprobar la dictadura, es una venganza por las sanciones que algunos gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han tomado contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega.
“La iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es una venganza por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. No solo buscan el control férreo de las transacciones que puedan tener nicaragüenses a nivel personal o fundaciones con instituciones extranjeras con la que establezcan alguna relación de servicio, de prestación, de asesoría, etcétera, sino que buscan sencillamente anular a los que tengan relaciones con instituciones extranjeras”, señaló Dávila.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como organización expresó su repudio a la iniciativa de ley, puesto que indica que el régimen sigue creando leyes, delitos y penas en contra de organizaciones, personas naturales, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y en contra del pueblo de Nicaragua.
“Los nicaragüenses no contamos con un Estado de Derecho, tampoco contamos con funcionarios públicos que estén al servicio de las leyes y la Constitución Política. Vemos con gran preocupación que se siga el camino del uso indebido de las instituciones y las leyes con la intención de criminalizar a opositores basándose en fines políticos y no jurídicos, así como el control indebido sobre el sistema financiero”, manifestó la Alianza Cívica, a través de un comunicado divulgado este martes 22 de septiembre por la noche.
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Además coinciden en que esta iniciativa es un instrumento más de la dictadura para seguir hostigando y persiguiendo a opositores. Por lo que hacen un llamado a las organizaciones sociales, gremiales y de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo humano locales a denunciar esta iniciativa que los amenaza y castiga con cárcel.
“A esto se le suma la persecución mediante el terrorismo fiscal que se ha venido utilizando en contra de los medios de comunicación independientes, personas naturales para cercenar el derecho a la libertad de comunicación y prensa”, denuncia la organización opositora.
Con la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, el régimen de Daniel Ortega pretende controlar las operaciones financieras y las actividades que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras.
Además es promovida por más de 70 diputados sandinistas, en la que otorgarán poderes al Ministerio de Gobernación (Migob) para supervisar a toda persona o entidad que, según el régimen, caiga en el concepto de “agente extranjero”, para supuestamente prevenir y combatir “delitos contra la seguridad del Estado”.