La juez orteguista Diana Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, suspendió del cargo de alcalde en funciones del municipio de Wiwilí a Manuel Blandón Zamora, mientras dure el proceso judicial por el delito de desobediencia de autoridad, funcionario o empleado público, relacionado con una demanda laboral realizada por 36 extrabajadores de la comuna y afines al partido Frente Sandinista.
El pasado 9 de julio la judicial dio un plazo de tres días a la comuna para que pagara 16.53 millones de córdobas los demandantes. “La Alcaldía no tiene ese dinero, por eso el pasado 13 de julio nosotros presentamos una propuesta que consiste en pagar en un período de cinco años a esos trabajadores, pero esto fue rechazado por ellos y por la judicial”, dijo Blandón.
El 17 de agosto el alcalde propuso a los demandantes pagarles en un plazo de tres años, pero la representante legal de estos aún no se ha pronunciado. La decisión de suspensión la tomó hoy la judicial al realizarse la audiencia inicial con carácter de preliminar y citó a audiencia de juicio el próximo 5 de octubre.
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“Son artimañas”
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Maximino Rodríguez, denunció que antes de ser entregada la Alcaldía, trabajadores afines al partido Frente Sandinista se apropiaron ilegalmente de bienes y que algunos permanecieron en sus puestos de trabajo hasta que llegó la nueva administración.
“Entonces ellos coludidos con los jueces que son fieles cumplidores de lo que dice Ortega, promovieron una demanda laboral para que les pagaran 16 millones de córdobas, entonces como la Alcaldía no tiene, (el alcalde) les dijo que les iba a pagar en cuotas, pero ellos querían todos los 16 millones y por eso se fueron a los Juzgados. Los jueces tienen la orden de la dictadura de volver a rescatar esa Alcaldía usando todo tipo de artimañas”, cuestionó Rodríguez.
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El diputado recordó que el dictador Ortega dejó de dar las transferencias de recursos económicos del Estado a todas las alcaldías que son administradas por opositores, entre ellas la del municipio de Wiwilí, por lo que no cuenta con dinero para pagar en una sola cuota lo demandado por los extrabajadores.
En junio pasado, la juez orteguista Jarquín Valle ordenó suspender en el desempeño de su cargo a la alcaldesa Reyna Hernández Mairena, del municipio de Wiwilí, como supuesta medida cautelar, por lo que la perjudicada quedó inhibida de ejercer sus funciones como tal.
Este zarpazo arbitrario a la ley y al proceso penal lo hace la judicial después que el pasado 10 de junio declaró rebelde a la alcaldesa porque no asistió a una audiencia donde irregularmente la acusan de presunta desobediencia o desacato a la autoridad y en perjuicio de la administración de justicia.