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La bancada sandinista propuso esta semana la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. LA PRENSA.

Cosep dice que el régimen pretende convertir la contienda electoral de 2021 en “una competencia desigual y desequilibrada”

El partido de gobierno “gozará de todas las ventajas que supone el no tener un competidor electoral creíble y contar con recursos ilimitados para su campaña”, señaló la organización empresarial en un comunicado sobre su posición oficial acerca de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) advirtió este viernes que la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros pretende convertir la próxima contienda electoral, de noviembre de 2021, “en una competencia desigual y desequilibrada, en la que el partido de gobierno gozará de todas las ventajas que supone el no tener un competidor electoral creíble y contar con recursos ilimitados para su campaña”.

El Cosep presentó en un comunicado su posición institucional sobre esa iniciativa de ley que propuso la bancada de diputados sandinistas de la Asamblea Nacional.

Señaló que al establecerse inhibiciones legales y limitaciones a los derechos ciudadanos de participación política, prohíbe el derecho de los nicaragüenses de participar en actividades políticas internas en Nicaragua; el derecho a elegir y ser elegidos; optar a cargos públicos y organizarse o afiliarse a partidos políticos con el fin de participar, ejercer y optar al poder.

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“Con esta disposición inconstitucional, desarrollada en la iniciativa de ley, ya no podrán optar a ser ‘funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza’ ningún opositor al Gobierno que se considere ‘agente extranjero’, eliminando por ley a las fuerzas políticas de oposición y candidatos que puedan hacerle frente en los próximos procesos electorales, convirtiendo la contienda electoral próxima en una competencia desigual y desequilibrada, en la que el partido de gobierno gozará de todas las ventajas que supone el no tener un competidor electoral creíble y contar con recursos ilimitados para su campaña”, aseveró la organización empresarial.

El presidente del Cosep, Michael Healy, dijo el miércoles que el equipo jurídico de la organización estaba analizando la iniciativa de ley, que ha sido fuertemente criticada tanto en Nicaragua como en el exterior.

Este viernes, la Unión Europea expresó su preocupación de que el dictador Daniel Ortega pretenda eliminar a la oposición de participar en las elecciones presidenciales de 2021, a través de esa iniciativa de ley. En una carta dirigida a Ortega y firmada por 21 eurodiputados, le exhortan a detener la aprobación de esa ley porque supone mayor represión, abusos a los derechos humanos y a la libertad de asociación.

Las elecciones de 2021 serán claves en el país para tratar de ponerle fin a la crisis sociopolítica que empezó en abril de 2018.

“Esperamos que recapaciten y le exhortamos a usted, señor presidente de la República, a que no aprueben la ley propuesta”, expresaron los eurodiputados firmantes de la carta.

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Control absoluto

En su comunicado, el Cosep mencionó que la ley tiene como fin ejercer el “control absoluto” sobre cualquier persona natural o jurídica, que dentro de Nicaragua perciba fondos, bienes o cualquier objeto de valor proveniente, directa o indirectamente, de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras.

La iniciativa de ley establece “obligaciones de registro, presentación de información y sanciones que conllevan a la cancelación de personerías jurídicas, imputación de responsabilidades penales, congelamiento de fondos y bienes y confiscaciones administrativas”, indicó la organización empresarial.

Además, aseguró que otorga “amplias y discrecionales facultades al Ministerio de Gobernación, que en adición podrá utilizar la Unidad de Análisis Financiero para esos objetivos claramente inconstitucionales”.

“En el contenido de la iniciativa se identifica el claro interés del Gobierno de comenzar a asfixiar económicamente a las entidades jurídicas independientes que aún operan y obligarlas a su cierre por falta de recursos, o proceder conforme las facultades arbitrarias que otorga la iniciativa a la cancelación de su personería jurídica, cuando lo crean conveniente y necesario para sus intereses políticos”, aseveró el Cosep.

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Según el Cosep, “la libertad de asociación no solo incluye la capacidad del individuo, o de las entidades, para fundar una asociación y afiliarse a ella, sino también buscar, recibir y utilizar recursos humanos, materiales y financieros de fuentes nacionales e internacionales”.

En la misiva enviada por los eurodiputados al dictador Ortega le manifiestan que esa «medida no se sustenta en ningún estudio o análisis de riesgo y violaría, entre otros derechos, los derechos constitucionales a la privacidad de la información, el derecho al trabajo y la libertad de asociación».

En una entrevista con LA PRENSA, el constitucionalista Gabriel Álvarez explicó que esa ley estaría en contraposición con la Constitución Política de Nicaragua y la Ley Electoral, que tiene rango constitucional.

“Con el concepto amplio y vago, prácticamente todos en Nicaragua serán encasillados como agentes extranjeros. Al inhibirles de esa manera de participar en política, es para no permitir que en el proceso electoral de noviembre haya organizaciones, candidatos opositores que enfrenten la contienda con probabilidades serias de ganar”, afirmó Álvarez.

Destruye cualquier opción de transición pacífica

El eurodiputado José Ramón Bauzá, quien sigue de cerca la situación de Nicaragua, también se pronunció sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Advirtió que con esa iniciativa se lograría «la destrucción de cualquier transición pacífica» del Gobierno en Nicaragua, en las elecciones del 2021.

«Ese instrumento pone fin a la oposición. La intervención europea es la única oportunidad para salvar lo que queda de democracia en Nicaragua», aseveró Bauzá en el documento que envió a Charkes Michael, presidente del Parlamento Europeo y a Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea.

Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael G. Kozak, expresó en un tuit que la propuesta de ley es «una peligrosa afrenta a la democracia en Nicaragua» y que «en lugar de proteger la soberanía, la ley busca criminalizar a los medios independientes y a los grupos prodemocracia».

Cosep interpondrá recursos

La organización empresarial adelantó que, de aprobarse esa ley, procederá “bajo los principios propios de un estado de derecho y el respeto a la institucionalidad democrática, a interponer oportunamente los recursos que corresponden conforme el procedimiento que establece la Ley de Justicia Constitucional, para demandar ante la Corte Suprema de Justicia la tutela efectiva de nuestros derechos constitucionales y derechos humanos violentados”.

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