Treinta y dos organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel nacional e internacional urgieron a la comunidad que activen los oficios a su alcance “para presionar al régimen de Daniel Ortega desista de aprobar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, porque “supone una restricción inaceptable a la libertad de asociación y del derecho a defender derechos humanos en Nicaragua”.
En el comunicado, que incluye a Amnistía Internacional, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), International Institute on Race, Equality and Human Rights, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), así como organizaciones latinoamericanas, feministas, Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, entre otros, advirtieron que la nueva ley del régimen supondría una amenaza al derecho de organización.
“Llamamos la atención de organismos internacionales de protección de derechos humanos y cuerpo diplomático de la comunidad internacional para que refuercen su compromiso con movimientos sociales, organizaciones y personas defensoras en Nicaragua; a través de la censura de estas medidas, que sin duda provocarán que los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos
sean cada vez más difíciles de sostener en Nicaragua”, reza el comunicado.
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Los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) son los impulsores en la Asamblea Nacional de la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, conocida como “Ley Putin” por ser una copia de la legislación que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también implementó para calificar como una amenaza a la seguridad nacional a ciudadanos, organizaciones, empresas y medios de comunicación que reciban fondos de asociaciones y gobiernos extranjeros.
La propuesta del FSLN otorgará poderes discrecionales al Ministerio de Gobernación para que designe como “agente extranjero” a quien lo considere. La Ley “Putin” del orteguismo anulará el derecho a la participación en política a quienes caigan en el concepto de “agente extranjero”, prohibiéndoles de ser candidato a cargos públicos, como empleados estatales y además se impedirá que las coaliciones, alianzas, partidos políticos y movimientos sociales reciban fondos internacionales.
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Se contemplan sanciones penales así como la confiscación administrativa, quiere decir que el Ministerio de Gobernación podrá paralizar los fondos e intervenir a las empresas, asociaciones, medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro o de personas naturales cuando éstas, si recibieran dinero de organizaciones y gobiernos internacionales, y no se inscriban y reporten esos recursos.
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En el pronunciamiento de las 32 organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron “su profunda preocupación” ante el trámite de la Ley Putin orteguista, debido a que establecerá “nuevas limitaciones y obstáculos para la labor” de los activistas de derechos humanos como de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, durante los 13 años que lleva Ortega en el poder se les ha criminalizado.
“Si se aprobare este proyecto de Ley se pondrían en riesgo al mismo tiempo el ejercicio y goce de los derechos a la libertad de opinión y de expresión; la libertad de reunión pacífica y de asociación; y el derecho a defender los derechos humanos, lo cual es incompatible con las obligaciones internacionales que derivan de los acuerdos suscritos por Nicaragua en materia de derechos humanos”, aseguraron el conglomerado de organismos.