La justicia mexicana ordenó la captura de militares presuntamente involucrados en la desaparición, hace seis años, de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en Guerrero (sur), anunció este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario hizo el anuncio durante la presentación de un informe especial sobre los avances de la investigación, en la que estuvieron presentes padres de los desaparecidos, que por años han señalado a militares entre los probables responsables.
Lea también: México se une a plataforma mundial de acceso a vacuna contra COVID-19
“Se han ordenado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad, el que haya participado y se demuestre va a ser juzgado”, advirtió López Obrador.
Momentos antes, María Martínez Zeferino, madre de Miguel Angel Hernández Martínez, uno de los alumnos, demandó en nombre de las víctimas que se agilicen las pesquisas.
“¿Cuándo le van a llegar (detener) a los militares?”, cuestionó Martínez Zeferino. “Nosotros queríamos llegar hoy 26 (de septiembre) con algo más, entiéndanos, ya son seis años y no tenemos nada”, subrayó ante el gobernante izquierdista.
Puede interesarle: El Covid-19 rebrota en Europa pero ¿por qué Italia es la excepción?
Tras el informe, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Interior) y presidente de una comisión de la verdad creada para el caso, dijo a la prensa que son “varias” las órdenes de captura y que ya se trabaja en la ubicación de los uniformados.
Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, adonde fueron para apoderarse de autobuses de pasajeros que usarían para viajar a una manifestación en Ciudad de México.
Pero fueron baleados por pistoleros y policías coludidos con el cartel del narcotráfico Guerreros Unidos, que hasta ahora habían sido señalados como los principales responsables de la desaparición.
Lea además: Estados Unidos supera los 7 millones de contagios por coronavirus
Sin embargo, familiares de las víctimas, organizaciones civiles e investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han exigido durante años que se investigue la probable participación en los hechos de dos batallones del Ejército destacados en la zona.