Los universitarios que han sido víctimas de la represión orteguista en el contexto de las protestas sociales, continúan con su denuncia y el próximo escenario será la audiencia pública número 177 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por la pandemia del Covid-19 se desarrollará de forma virtual.
De acuerdo al calendario publicado en la página web de la CIDH, organización que ha seguido de cerca las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüense desde abril 2018 y que han sido catalogadas como crímenes de lesa humanidad, el tema es: “La represión, persecución y encarcelación de líderes estudiantiles en Nicaragua” y se abordará el próximo jueves 1 de octubre a las 2:00 p.m.
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Que este tema sea presentado en la audiencia pública 177, ha sido visto como un logro para organizaciones del hemisferio y así lo han manifestado en sus cuentas oficiales de redes sociales porque es una oportunidad para visibilizar la situación. Una de estas es Juventudes de Latinoamérica y el Caribe (JuvenLAC), Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race and Equality), Red Juvenil Centroamericana Previos (Red Previos) y Acción Universitaria, que en el caso específico de las expulsiones de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) ha elaborado expedientes para exigir el reintegro de forma conjunta.
En las protestas que estallaron en abril 2018 los principales protagonistas fueron los jóvenes, en su mayoría universitarios. Al desempeñar un papel importante en el levantamiento cívico, estuvieron -y continúan- en el ojo de la represión del régimen, con expulsiones de las universidades, encarcelamientos y persecución al punto de que miles tuvieron que exiliarse. Costa Rica es el país donde más convergen.
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En una investigación elaborada por LA PRENSA y publicada en noviembre de 2019, se reveló cómo el sistema se ensañó con los universitarios de la UNAN-Managua y UNAN-León que participaron en las protestas sociales. Violando los procedimientos y derecho a la defensa de las partes señaladas, las autoridades educativas firmaron una carta en donde quedaba firme la decisión de expulsión. Esto también será presentado.
Varios de los expulsados fueron presos políticos y otros, para no ir a parar a la cárcel, tuvieron que irse a la clandestinidad, en las llamadas casas de seguridad. También, otro grupo se fue del país para estar a salvo.