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Daniel Ortega ha hecho hasta hoy caso omiso de las demandas nacionales y a las presiones internacionales. LA PRENSA/Archivo

“Decretazos” y reformas: los golpes de Daniel Ortega a las leyes de Nicaragua

Desde que Daniel Ortega logró volver al poder se dedicó a reformar y decretar a su gusto y antojo. Las leyes nicaragüenses han sido una camisa que se puede "ajustar" a la medida de los intereses del régimen sandinista. Estos son algunos casos emblemáticos.

La propuesta de la Ley de Agentes Extranjeros y la iniciativa para reformar la Constitución Política de Nicaragua a fin de instaurar en el país la “cadena perpetua” son un escalón más en el absolutismo del régimen de Daniel Ortega. Pero ya antes se habían visto reformas y “decretazos” al margen de la ley.

Desde el punto de vista del mando, Ortega emplea la figura del “sultanato, que es el poder más absoluto que ha existido en la historia, una referencia personal del poder”, sostiene el abogado Eliseo Núñez. Y en cuanto a la “concepción del control de la sociedad”, utiliza la tesis maoísta. “Es una mezcla entre sultanato y maoísmo en su concepción del mundo. De lo peor que puede haber”.

A juicio de Núñez, cuando Ortega habló de “orientar” e “instruir” la cadena perpetua perforó totalmente la separación de poderes. “Y no nos extrañemos si dentro de unos meses propone una reforma constitucional en que desaparezca la separación de poderes, porque hacia ahí va caminando. Ya por la vía de hecho no existe esa separación, él va a trasladar eso a la vía del derecho y va a encontrar una manera de ponerlo en la Constitución”. Ejemplos de países donde legalmente no existe la separación de poderes son Arabia Saudita y Bután, afirma Núñez. Precisamente países árabes que todavía tienen califatos.

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Desde que Daniel Ortega logró volver al poder ha impuesto decretos y legislaciones que ya dejaban vislumbrar el modelo autoritario de su nuevo gobierno, señala Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +. Por otro lado, dice, la permanencia de facto de decenas de funcionarios en sus cargos fue una señal del verticalismo de un esquema dictatorial.

Estos son solo algunos ejemplos de los “remiendos” y decretos del régimen de Ortega.

Reforma a la Ley 290

En 2007, año del retorno de Ortega al poder, uno de los primeros movimientos del ahora dictador fue una reforma a la Ley 290 (Ley de Organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo) que redujo poderes del Ministerio de Defensa sobre el Ejército y le dio más facultades sobre las fuerzas armadas a él, cuando no llevaba ni un mes en la Presidencia.

Reelección

En 2010 una sentencia del poder judicial, controlado por magistrados orteguistas, declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección continua. Se alegó que la Constitución violaba los derechos humanos de Ortega, quien luego se reeligió en las fraudulentas elecciones de 2011. Cuatro años después, en 2014, una Asamblea Nacional dominada por diputados orteguistas reformó la Constitución y se eliminó la prohibición de la reelección.

Fraude

En noviembre de 2008, Ortega ordenó a través de un decreto que el Consejo Supremo Electoral declarara legítimos los resultados del fraude electoral cometido en las elecciones municipales. Dio la orden desde una tarima, rodeado por miles de simpatizantes llevados en buses.

El “decretazo”

En 2010 por medio de lo que se conoció como “el decretazo”, Ortega extendió el período en sus cargos a altos funcionarios de la República, como contralores y magistrados judiciales y del Consejo Supremo Electoral, a quienes se les había vencido su tiempo.

La Constitución Política de Nicaragua reserva para la Asamblea Nacional el derecho de nombrar a estos funcionarios, aunque eligiendo entre ternas propuestas por el poder ejecutivo. Ortega argumentó que él no estaba quitándole ninguna función al poder legislativo, puesto que no estaba eligiendo a nadie, sino extendiendo el plazo de personas ya electas. Además, afirmó que era una medida para evitar “el caos y la anarquía”.

En los siguientes años y a golpe de decreto, el régimen ha puesto y quitado ministros y alcaldes de acuerdo con las conveniencias del Frente Sandinista.

Aminta Granera (exjefa de la Policía), Rosario Murillo, Daniel Ortega y Julio César Avilés, quien cumple su tercer periodo consecutivo al mando del Ejército. Los últimos dos han sido de facto. LA PRENSA/ Archivo

Aminta Granera

En julio de 2016 Ortega ratificó a Aminta Granera en el cargo de jefa de la Policía Nacional, por segunda ocasión (la primera fue en 2011), para un tercer periodo de gestión. Su esposa Rosario Murillo leyó el decreto a través de los medios oficialistas. La permanencia de facto de Granera fue uno de los factores que aceleraron la descomposición de la institución policial, que pasó a ser el brazo represor de la dictadura.

Julio César Avilés

El Código Militar del Ejército de Nicaragua establecía que los jefes de la institución castrense debían cumplir cinco años en el cargo y luego pasar a retiro. Así lo hicieron Cuadra, Carrión y Halleslevens, pero el general Julio César Avilés se encuentra cumpliendo un tercer mandato consecutivo, al final del cual llevará 15 años en el cargo.
En febrero de 2014, Daniel Ortega mandó a reformar la Ley 181, que rige al Ejército, y del artículo ocho borró la frase “el Comandante en jefe del Ejército no podrá ser reelegido”. Para mantener a Avilés en su cargo, Ortega ha enviado a retiro obligatorio a los primeros en la línea de sucesión: el mayor general Óscar Balladares en 2013 y los mayores generales Óscar Mojica y Adolfo Zepeda Martínez en marzo de 2017.

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Reformas al INSS

El abril de 2018 estalló una rebelión ciudadana luego de que Ortega firmara un paquete de reformas al Seguro Social, aumentando las contribuciones y reduciendo las pensiones. Para algunos analistas, esto fue un error de cálculo por parte del régimen, acostumbrado a que sus decretos y reformas no causaran mayor malestar en la ciudadanía nicaragüense.

Excarcelaciones

La reciente excarcelación de más de 23 mil presos políticos, sin ningún proceso de por medio, no está dentro de las facultades del régimen. “Esas personas están sentenciadas, cumpliendo pena y a la orden del poder judicial. Esas liberaciones masivas no están permitidas, ni siquiera se conoce un decreto fundamentado. Tal vez lo que hay escrito es una orden. Es característica de las tiranías que las órdenes del líder supremo son leyes y se cumplen”, señala Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +. Lo mismo aplica en el caso de los presos políticos, que son encarcelados y excarcelados según dicte la voluntad de la dictadura.

En abril de 2018 las reformas al Seguro Social fueron “la gota que derramó el vaso”. La ciudadanía se lanzó a protestar a las calles, pese a la represión. LA PRENSA/ Archivo

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