En el marco del Día Internacional del Derecho Saber, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información publicó este lunes un informe en el que expone la centralización en el acceso a la información pública en Nicaragua, que se agudizó con la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus.
El informe, titulado Saber Más XI: El impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el derecho de acceso a la información en la región, recoge el análisis de 17 organizaciones de 15 países de Latinoamérica y el Caribe que integran la alianza sobre el impacto de Covid-19 en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la región.
🔴En el #DíaDelDerechoASaber la @AlianzaRegional presenta una nueva edición del informe #SaberMásXI sobre el impacto de la pandemia del #COVID19 en el derecho de #AccesoALaInformación.
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— Alianza Regional (@AlianzaRegional) September 28, 2020
En el caso de Nicaragua, la Alianza Regional manifestó que a pesar de que existe una Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 321 aprobada en 2007, en la práctica “el gobierno no ha propiciado las condiciones para una implementación efectiva de dicha norma, sino que ha obstaculizado las políticas de acceso a la información de la ciudadanía”.
El informe identificó que en Nicaragua hay pocas Oficinas de Acceso a la Información Pública que funcionan en algunos ministerios del país, sin embargo estas “resultan disfuncionales y sus actividades son completamente distintas a lo que mandata la ley. Cabe destacar que en Nicaragua no existen órganos garantes independientes: la ley habla de órganos de aplicación, pero todavía no se han creado”.
Pandemia del Covid-19 agudizó el problema
En el caso del acceso a la información pública sobre la pandemia del Covid-19, la Alianza Regional destacó la irregularidad con que las autoridades nicaragüenses informaron sobre los casos de coronavirus en el país y cuyos datos, hasta la fecha, han sido “inconsistentes y escasos” para entender la gravedad de esta crisis sanitaria.
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“Esta lectura de comunicados diarios se sostuvo de manera irregular durante los meses de marzo y abril; pero desde
mayo hasta agosto sólo se ha dado una lectura de reportes semanales con información escasa”, señala la Alianza Regional.
El documento subraya el hecho de que estos datos, además de escuetos e inconsistentes, estos “no están disponibles para la prensa, la ciudadanía ni los funcionarios públicos de otras dependencias”, lo que evidencia que en Nicaragua “existe una centralización de las comunicaciones”.
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Ante la falta de acceso a los datos oficiales, el informe hizo mención de la creación del Observatorio Ciudadano Covid-19, como una plataforma independiente alternativa para comparar las cifras oficiales con las cifras
extraoficiales generada de forma anónima desde los hospitales y centros médicos públicos, “lo que ha permitido contrastar las cifras públicas con las no oficiales”.
Entre los desafíos identificados en Nicaragua sobre el acceso a la información pública, según el informe, están la falta información pública confiable, la estigmatización a los medios de comunicación, periodistas y ciudadanía que demanden información, despidos y represalias contra funcionarios que emitan información fuera de los canales oficiales, preferencia para los medios afines al gobierno y hostilidad general “contra toda persona que busque, demande o comparta información fuera de los medios establecidos por el régimen”.
Nicaragua, el único país sin sitio web con datos del Covid-19
La Alianza Regional verificó que en todos los países latinoamericanos además de brindar la información sobre la pandemia a través de conferencias de prensa y en los mensajes en cadena nacional, todos alojan dicha información en sitios web oficiales y se envía información complementaria, como resúmenes de las conferencias, por
whastapp o boletines de prensa a excepción de Nicaragua.
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“No tiene un sitio web y la información únicamente queda registrada en las redes sociales y cuentas públicas de los medios oficiales que la difunde”, señala el informe, por lo que “no hay forma de verificar la veracidad de la información que ofrecen las autoridades”.
Según un estudio realizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en marzo de este año, solo cuatro páginas web institucionales cumplen con la información básica que debe tener un sitio web, según el artículo 20 de Ley 621. Estas instituciones son: Banco Central, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Trabajo.
Además, el mismo estudio dejó en evidencia que el acceso a la información de instituciones públicas está restringido ya que, de 31 solicitudes en físico realizadas a entidades estatales, solo tres fueron respondidas.