El pasado 2 de septiembre se cumplió un aniversario más de la fundación de la institución militar, hecho que motiva a reflexionar sobre el papel del Ejército más allá de las facultades constitucionales que posee. Primero, no está demás rescatar de las memorias de la Revolución de Sergio Ramírez, el hecho del autonombramiento del general Humberto Ortega, lo que he querido denominar como vicio fundacional y, a la vez, fidelidad fundacional del Ejército a la guerrilla terrorista FSLN.
En años anteriores muchos nos hemos alarmado de las adquisiciones en armamento militar de la institución castrense. Lo primero que nos preguntamos es por qué una inversión de ese calibre con la Rusia de Putin (los tanques), y luego el hecho de las inversiones militares en varios rubros económicos, hasta hace poco conocido el caso de la Universidad Americana donde aparece como socio mayoritario el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). Y también nos interrogamos sobre cuál es el objetivo de tanta inversión privada con dinero que el Estado de Nicaragua ha quitado a través de los impuestos a su ciudadanía.
Más cuestionable es el hecho de la pasividad-complicidad de los militares desde la rebelión de abril y su inoperancia en el desarme de terceros armados al margen de la Constitución y cómo, supuestamente, deben a esta obediencia. Alarmante es el caso de que la población identificó a militares en la denominada Operación Limpieza en donde la comisión de crímenes de lesa humanidad dejó centenares de asesinados por órdenes de Ortega-Murillo.
Pero la alianza cívico-militar, propia de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela se evidenció desde antes, cuando el régimen de Ortega colocó a militares en retiro como Denis Moncada, Álvaro Baltodano, Oscar Mojica, entre otros, en importantes cargos del Ejecutivo que permitió el respaldo total del Ejército a la dictadura como muchas veces lo ha evidenciado el sancionado general Avilés.
De tal manera que está de más decir que debemos replantear la existencia del Ejército en un gobierno diferente, postergar este debate es tratar de darle un voto de confianza a quien armó, entrenó, respaldó y legalizó de facto a los paramilitares del régimen que denostaron contra los derechos y libertades consignados en nuestro ordenamiento constitucional. A estas alturas, lavarle la cara al Ejército es darle impunidad a sus crímenes de omisión.
¿Con quién estamos en guerra? Necesitamos girar el debate hacia la existencia de las Fuerzas Armadas que es incapaz de responder ante los asesinatos de excontras, campesinos, las invasiones de colonos a las reservas del país, de los paramilitares y de la consolidación de un régimen que ellos sostienen, dejando a un lado la verdadera defensa de la soberanía que, dicho por nuestra Constitución: reside en el pueblo.
El autor es estudiante de Derecho.