La primera dama y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, aseguró este martes que un millón 197 mil personas han firmado la “carta abierta” dirigida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Asamblea Nacional, para que se aplique la cadena perpetua a los opositores en Nicaragua, como lo dijo el dictador Daniel Ortega en su discurso del 15 de septiembre pasado.
Después de ese discurso, se conoció el proceso de recolección de firmas con el objetivo de apoyar la propuesta de reformas penales para que se establezca la cadena perpetua por “crímenes de odio”, usando como pretexto los asesinatos atroces de niñas y mujeres, particularmente el caso de las niñas de Mulukukú.
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Sin embargo, en Nicaragua el régimen orteguista lleva más de dos años dirigiendo todas sus energías, esfuerzo y recursos a reprimir, asediar, hostigar y detener a los opositores, para que no vuelvan a salir a protestar como lo hicieron en 2018. Y mientras las cárceles se han ido llenado de presos políticos, Ortega ha sacado de prisión a más de 20 mil reos comunes, muchos de ellos condenados por violación sexual.
Catorce días después que Ortega confirmó que la cadena perpetua es para los opositores, Murillo está anunciando que ya tienen más de un millón de firmas para apoyar esa iniciativa. “Ya un millón 200 mil personas casi, un millón 197 mil han firmado una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Nacional, para que se puede extender el castigo a las personas que cometan crímenes atroces, crímenes de odio, que representan una verdadera amenaza a la dignidad y a la vida”, dijo la esposa del dictador este martes.
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La Juventud Sandinista (JS), los Consejos de Liberazgos Sandinistas (CLS) en las instituciones, ministerios públicos y las alcaldías, así como los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) se activaron con la orden de la jefatura del partido gobernante FSLN y del régimen orteguista, para levantar las “firmas de apoyo a carta abierta dirigida a la Corte Suprema de Justicia y Asamblea Nacional”, para que se establezca la pena de prisión perpetua en Nicaragua.
Trabajadores del Estado y familias particulares se han visto obligados a firmar la misiva, por temor a represalias de los simpatizantes de Ortega, según testimonios anónimos. En 2018, la represión armada contra las protestas civiles mató a más de 320 personas, según un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).