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El Consejo Superior de la Empresa Privada. LA PRENSA/Archivo

Cosep sobre Ley Especial del Ciberdelito: es un “nuevo instrumento de represión ciudadana”

La cámara empresarial más importante del país remarcó que todas estas acciones legislativas no permiten crear las condiciones propicias para superar la crisis sociopolítica en Nicaragua

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) aseguró este miércoles que la Ley Especial del Ciberdelito, que fue propuesta por los diputados 0rteguistas, es un “nuevo instrumento de represión ciudadana” y pretende “acallar y reprimir a quienes se le oponen (al régimen) cívicamente”.

A través de un comunicado, el Cosep dejó claro que esta ley “plantea una justificación fundamentalmente política” por considerarse que esta iniciativa será de “orden público para la protección de la seguridad soberana del Estado”, misma que la empresa privada considera que es parte de la retórica del régimen y justifica “la instrumentalización de los poderes del Estado” con el fin de ejercer sobre los ciudadanos, movimientos sociales, medios de comunicación independientes y opositores mecanismos de control y represión.

Con esta ley, según el Cosep, la dictadura en Nicaragua busca que todas las acciones que se están haciendo a nivel nacional e internacional, desde todos los espacios, para exigirle al régimen elecciones transparentes, reformas electorales, liberación de presos políticos y otras exigencias que se han venido haciendo desde que estallaron las protestas pacíficas en 2018, sean neutralizadas a través de “métodos coercitivos penales”.

Michael Healy, presidente del Cosep, dijo en la conferencia de prensa virtual de este miércoles que las leyes impulsadas por el Gobierno no se deberían de estar dando en este país y más bien se debería estar enfocado en cómo recuperar el empleo que se ha perdido, asegurarse que no se sigan quebrando empresas, que no se vayan inversionistas y que se creen las condiciones para una reforma electoral.

Agregó que este tipo de leyes entorpece que el nicaragüense se pueda pronunciar, aunque por otro lado se reciben agresiones a través del internet de personas allegadas y afines al Gobierno, las cuales no van a ser sancionadas. Hoy “por estar mandando un chat o un whatsApp podés caer hasta preso”, sostuvo el líder gremial.

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El empresariado agregó que bajo las intenciones del régimen cuando señala que el objetivo de la ley es la «prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación…», lo que esta busca es regular el conjunto de medios de información que emiten, recepcionan, reproducen, transmiten la misma, entre otras.

Además, en esta ley también se contempla la dispersión de las manifestaciones y el disenso ciudadano, lo que según el Cosep queda “en evidencia el verdadero político partidario de acallar y reprimir a quienes se le oponen cívicamente” al régimen de Daniel Ortega, mismas que fueron prohibidas desde el 2018.

La iniciativa fue presentada este lunes 28 de septiembre ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, firmada por los 70 diputados del régimen orteguista. Se perseguirá a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicio al públicos, así como a bancos, aseguradoras y el resto del Sistema Financiero. La pena de cárcel será de uno a cuatro años.

El régimen de Daniel Ortega ha sufrido la filtración de documentos que han revelado, por ejemplo, planillas de ministerios con supernumerario de empleados y megasalarios, así como informes del Ministerio de Salud (Minsa) sobre la situación de la pandemia del coronavirus, etc.

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Respecto a las publicaciones en redes sociales, medio que la población ha utilizado para denunciar los atropellos del régimen, el Cosep expuso que “el cuestionamiento está relacionado con la tipificación de ciertos delitos que criminalizan la utilización de las redes sociales y los medios de comunicación” y es que con esta ley se podrá encarcelar a toda persona que según la ley difunda información falsa o tergiversada con dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días multa.

La cámara empresarial más importante del país remarcó que todas estas acciones legislativas no permiten crear las condiciones propicias para superar la crisis sociopolítica en Nicaragua y evidencian la intención del Gobierno de mantener un Estado policial.

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