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violencia, igualdad de género, comisaría de la mujer

Las Comisarías de la Mujer se relanzaron en febrero de 2020. Estas fueron cerradas por el mismo régimen y sin ninguna explicación en el 2016. LA PRENSA/ Tomada de El 19 Digital

Indicadores internacionales de paridad de género no son aplicables en Nicaragua y encubren la desigualdad

En la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo las mujeres gozan de igualdad de género, acceso a la justicia y vida bonita. Activistas feministas exponen la realidad de las mujeres en el país

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En Nicaragua parecen haber dos realidades paralelas para las mujeres: en la de Daniel Ortega y Rosario Murillo estas gozan de igualdad de género, de la “restitución” de sus derechos y de acceso a la justicia; aquí el Estado lucha por erradicar la cultura machista de violencia y las mujeres viven bonito. En la realidad de una mujer común, el día a día es un terreno hostil: la violencia y el desempleo incrementan, los femicidios no paran y la impunidad para los abusadores parece reinar.

El régimen asegura promover una cultura de “paz”, bajo su política de “gobierno de reconciliación y unidad nacional”. “Trabajamos en toda forma de irrespeto, intolerancia, degradación psicológica, física, desconsideración, humillación contra cualquier forma de agravio contra las mujeres”, dijo Murillo en febrero de este año al oficialista Canal 4, cuando anunció la reapertura de las Comisarías de la Mujer. Lo que no dijo fue que estas habían sido cerradas por el mismo régimen en 2016, sin dar ninguna explicación.

Pero la realidad del régimen ha calado al punto que, de acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial (WEF por su siglas en inglés), Nicaragua ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el quinto lugar a nivel mundial en el ranking de países con menos brecha de género. En el 2006, el país estaba en el puesto 62, pero desde el 2009 ha trascendido a los primeros diez lugares de la lista. Desde entonces, los Ortega-Murillo se han proclamado defensores de la dignidad de la mujer: “Continuamos manteniendo paridad de género, es decir, igualdad de género en cargos ministeriales y (Nicaragua) tiene una de las más altas proporciones del mundo de mujeres en el parlamento”, dijo Murillo en el 2018.

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Sin embargo, hasta ahora este discurso de defensores de los derechos de la mujer solo ha quedado en palabras: ni la reapertura de las Comisarías ni los programas sociales ni tener a mujeres en cargos públicos ha disminuido ni erradicado la violencia ni ha promovido mayor igualdad de género como proclama Murillo, señalan feministas.

La realidad que no ven ni escuchan

En la otra Nicaragua que ellos no quieren ver y mucho menos escuchar, el Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) registra 59 femicidios hasta el 22 de septiembre, cuando en el 2019 se reportaron en total 59 casos. Solo en los primeros 17 días de septiembre se contabilizaron siete muertes violentas de mujeres, tres de esas ocurridas en  un lapso de 24 horas. Según el mismo conteo de CDD, hay al menos 70 femicidios frustrados en lo que va del año. En esta realidad no existe una política permanente ni campañas vigentes que se enfoquen en prevenir o erradicar problemas como la violencia machista, la disparidad salarial o el deficiente sistema de salud para las mujeres.

Si se ve en su propio gabinete no hay una mujer —a excepción de Rosario Murillo— que tenga derecho a la palabra o poder de decisión. Ministras han desfilado una tras otra en las instituciones públicas y la actual alcaldesa de Managua, Reina Rueda, muy pocas veces habla o figura más allá de entregas de donaciones o fiestas municipales.

Jessica Padilla, quien estaría a cargo del Ministerio de la Mujer (Minim) es una figura de bajo perfil y cuyo trabajo en la gestión de derechos de las mujeres y lucha contra la violencia machista es totalmente desconocido por las organizaciones independientes defensoras de la mujer en el país.

La apuesta del régimen ha sido poner mujeres en cargos públicos que no desempeñan. Son rostros sin voz propia, ni poder de decisión.

Indicador de mujeres en cargos públicos encubre desigualdad

Pero, ¿por qué las reaperturas de las Comisarías no garantiza disminuir la violencia, ni tener a mujeres en altos cargos aporta a la búsqueda de igualdad de género? Para la feminista y experta en temas de género, María Teresa Blandón, el discurso de los Ortega-Murillo es una “manipulación” porque encubre las verdaderas brechas de desigualdad que hay entre el hombre y la mujer, pese a que haya una buena cantidad de mujeres como ministras o dirigiendo una institución pública.

La activista aclara que el indicador que toma el Fondo Económico es la paridad entre hombres y mujeres en representación de cargos populares y cargos de designación dentro del mismo país. “La dimensión de ese indicador solo es cuantitativo, nos dicen que hay 43 por ciento de parlamentarias pero no nos dice nada más, no nos habla de todo el resto de indicadores: el económico, salud, educación, de violencia. Cuando solo mirás un indicador, solo en su dimensión cuantitativa y no cualitativa, no evaluás para qué ha servido ese incremento significativo de participación de las mujeres en el poder público, qué impacto ha tenido sobre ellas mismas como tomadoras de decisión y en la ciudadanía. Es fácil presentarlo como un súper logro”, declara.

En marzo de este año, el magistrado Marvin Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que el 59.7 % de las mujeres ocupan un lugar en el poder judicial, el 56.7 en el poder ejecutivo, el 45.78 % en el parlamento, 46% alcaldesas, 60% vicealcaldesas y el 50% concejalas.

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En cuanto a la junta directiva de la Asamblea Nacional, las mujeres ocupan el 57.14 %, el 40 % de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, el 41. % de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 50 % de los contralores generales y el 57.14 % del directorio del Banco Central.

“No basta con ocupar un cargo. ¿Son estas mujeres verdaderamente tomadas en cuenta por un régimen totalitario, centralista, abiertamente antiderechos y misógino? No, usted ve a la alcaldesa de Managua y el nivel de ridiculización que hacen de su figura es vergonzoso (…) el Ministerio de Educación, quien aparece dando declaraciones como ministro de facto es el asesor (Salvador Vanegas), la ministra (Miriam Raudez) con costo la vemos como figura decorativa”, cuestiona Blandón, quien señala que para ostentar un cargo en el Estado primero hay que declarar “fidelidad absoluta” al régimen Ortega-Murillo. Eso basta para ser tomada en cuenta, pero no para incidir o tomar decisiones que tengan un impacto positivo en materia de igualdad de género o derechos de las mujeres.

A la izquierda, la ministra de la Mujer, Jessica Padilla, durante el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer. De acuerdo con María Teresa Blandón, el Ministerio de la Mujer “ni suena ni truena” porque se desconoce cuál es su plan de trabajo. LA PRENSA/TOMADO DE EL 19 DIGITAL

“Eso no es paridad, la paridad que hemos reclamado es una donde las mujeres podemos llevar nuestras voces, nuestras demandas, esto es una patraña”, fustiga.

Blandón destaca además que el discurso del régimen sobre la igualdad de género es “tramposo e irrespetuoso” hacia las mujeres pobres, que son víctimas de la violencia machista, tienen serias deficiencias en materia de salud y educación y viven en condiciones de enorme precariedad. “Es un manejo tramposo de un solo indicador con el cual no se puede medir (la igualdad de género), no es el único ni mucho menos (refleja) qué tanto ha avanzado el país en equidad e igualdad”, subraya.

¿Y las Comisarías?

En cuanto a las Comisarías, la defensora de derechos de la mujer y abogada del Movimiento María Elena Cuadra (MEC), Johana García, expresa que de nada sirve tener estas oficinas si no se cuenta con calidad humana y atención personalizada. La constante en las declaraciones de las mujeres que se abocan a este movimiento es que temen ir a la Policía porque terminan revictimizándolas o no les creen. “No les dan el proceso adecuado, no son atendidas”, lamenta García, quien agrega que hay casos donde los agentes se muestran parcializados a favor del agresor.

Solo en lo que va de septiembre, el Movimiento de Mujeres contabiliza 60 casos de violencia física, psicológica, económica y patrimonial.

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La sicóloga María José Obando, del Movimiento MEC, considera que en el país se ha retrocedido en el tema de igualdad de género porque esto es una problemática que se da desde los hogares, lo que conlleva a que los derechos de las mujeres no sean respetados. “Esto deja a mujeres temerosas, con baja autoestima, que no se sienten empoderadas a tomar una decisión porque son amenazadas constantemente por su agresor, y se sienten más indefensas cuando llegan a una institución policial y no le brindan una atención adecuada”, comparte la psicóloga.

El Movimiento MEC tiene 25 años de atender a las mujeres víctimas de violencia o abuso. El pasado 25 de septiembre la oficina fue tomada por la Policía, sin embargo el equipo de trabajo exigió su ingreso. LA PRENSA/OSCAR NAVARRETE

Una vez que la víctima llega al Movimiento en busca de ayuda, el equipo de trabajo primeramente le brinda atención psicológica y le explica la ruta de acceso a la justicia. El acompañamiento a la mujer a las diferentes instituciones es parte del apoyo del MEC. “La función del Movimiento es empoderar a la mujer para que tome una decisión y poner una denuncia y un alto a la situación de violencia, se le acompaña para que no tenga miedo y vea una respuesta positiva”, explica Obando.

Educar y reeducar

Elia Palacios, coordinadora de la Asociación de Mujeres Axayacatl, en Masaya, manifiesta que anunciar cada semana una nueva Comisaría de la Mujer o tener a mujeres en altos cargos solo funciona si trabajan en coordinación con otros actores sociales o ministerios para alcanzar el objetivo de erradicar la violencia y disminuir las brechas de género.

Para la feminista, educar y reeducar sería lo primordial, y para eso trabajar de la mano del Ministerio de Educación donde se pueda abordar la igualdad de género es un paso vital. “La prevención de la violencia pasa por educar a los niños, a las niñas, adolescentes, jóvenes (…) para poder construir y lo vayamos asimilando en el proceso de socialización que se da desde que nacemos. Primero tenés que educar en este modelo”, declara.

“Luego toca reeducar a los y las adultas, transformar las mentes, en cuanto a mujeres, el tema de sensibilización y divulgación, que puedan conocer a través de los medios de comunicación, transmitiendo que el amor no duele, que una persona que ejerce cualquier tipo de violencia es una persona agresora y es importante establecer límites para no acabar con las vidas”, agrega.

En este sentido, resalta la importancia del compromiso de hombres para este tema. “En esa parte de la sensibilización y divulgación es importante enseñarle a los hombres y para eso hay que hacer un trabajo con y desde los hombres… muchas veces hay mayor resistencia al cambio porque les han enseñado que la palabra de una mujer no vale, entonces le llegás cambiando la estrategia y que sea un varón que les hable cómo destruir esa cultura machista”, explica.

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Palacios refiere que en cuanto a la atención de la víctima, es importante que la sociedad se involucre en el tema, puesto que la insensibilidad a los casos de violencia agudiza la situación. “Si nos damos cuenta que una vecina está viviendo violencia hay que denunciarlo, no privatizarlo. No es asumir que es un problema de dos en el cual yo no me debo meter, por el contrario, juega un papel importante la denuncia social, la desnaturalización de esa violencia, para que yo como parte de la sociedad la denuncie”, aporta.

La feminista subraya que ahí es donde entra el papel de la Policía o de la Comisaría de la Mujer, que debe seguir el caso, con visita de terreno, entrevista y auxiliarse de una trabajadora social o sicóloga. Además de que la víctima reciba tutoría legal de cómo es el proceso a la justicia. Una vez que recepciona la denuncia, tiene que valorar el riesgo de la compañera, en ese sentido dictar las medidas precautelares que están establecidas en la Ley 779.

“El Ministerio Público formula la acusación y tiene que haber en ese expediente todos y cada uno de los delitos en perjuicio de la víctima, la Fiscalía tiene la obligación de hacer la acusación, un concurso real de delito, cuando una misma víctima sufre diferentes tipo de violencia”, explica Palacios sobre el verdadero proceso que deberían seguir las autoridades.

Sin embargo, la situación es otra. De acuerdo con el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, la impunidad predomina en las muertes violentas contra la mujer. Hasta agosto de este año, solo cuatro agresores recibieron sentencias, los demás estaban prófugos, impunes, absueltos o se suicidaron.

“La Comisaría no solo es la infraestructura sino el tipo de atención que brinda el personal a la víctima. Porque vos podés tener infraestructura pero si el personal no atiende de manera oportuna y de calidad a las mujeres de nada sirve, por ahí es importante ese monitoreo a los y las funcionarias públicas de la ruta al acceso a la justicia (comisaría, Ministerio Público, jueces especializados en violencia); hay que darle continuo seguimiento, porque como puede haber quienes atienden de forma beligerante a las víctimas, hay muchos que no lo están haciendo y por el contrario, la revictimizan”, dice Palacios.

“Lo que hace falta es que los distintos sectores sociales se enteren de la gravedad del problema, necesitamos un nuevo gobierno que no sea cómplice de ningún tipo de violencia, que coloque, en realidad no de mentira ni demagogia, la cultura de paz, que tiene que empezar por las propias relaciones de género que ocurren en el espacio privado y público”, refuta la activista Blandón.

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