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El gobierno de Nicaragua avanza en su política de censura, ahora para el control de las redes sociales. LA PRENSA/U. Molina.

Tras aprobación de Ley Mordaza, ¿Tiene el régimen capacidad de vigilar todo lo que se publica en redes sociales?

La Ley Mordaza establece de uno hasta 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos, entre estos las publicaciones en las plataformas digitales y en los medios de comunicación

La aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional aprobó este martes la Ley Especial del Ciberdelito, o Ley Mordaza que tiene como objetivo castigar con multa o prisión a todo el que consideren de forma discrecional incurra en una falta por denuncias, protestas “golpistas” o propagación de “noticias falsas”, a través de medios de comunicación y que, según el régimen, atente contra la seguridad del Estado. Pero, ¿tiene realmente la capacidad tecnológica de vigilar lo que los usuarios comparten en sus redes?

Para el consultor de marketing digital, creador de páginas web y propietario del portal Bacanalnica, Manuel Díaz, está «difícil» que la administración de Daniel Ortega tenga la capacidad tecnológica para controlar el tráfico de información que las personas comparten a través de las redes sociales.

«El régimen de Nicaragua tiene limitaciones de todo tipo y eso no les da la posibilidad de hacer este tipo de vigilancias y regulaciones. Aunque la ley diga que los proveedores (de servicios de internet) tienen que dar la información que ellos solicitan, o sea son limitados los proveedores que se van a ver obligados a hacerlo porque hoy en día todos usamos dos o tres servicios de internet que no harán caso a la ley. Y el gobierno de Nicaragua no podrá ir a Whatsapp y Facebook -que son la misma empresa-, a solicitar información de los usuarios de Nicaragua, no va a poder y si lo hace no se la darán» explicó el experto.

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Si bien la dictadura no podrá controlar todo lo que se publica en las redes, dice Díaz, no significa que la persona no puede ser identificada y posteriormente detenida. Para el experto, ahora mismo los dispositivos celulares se convierten en «el cuerpo del delito». ¿Por qué? «Si te quieren echar preso solo van a mandar a la patrulla a sacarte dónde estés, y si preguntas porqué te llevan solo dirán que mostrés tu teléfono para ver todo lo que publicas (en contra de Ortega) y aunque uses un seudónimo la información está guardada en tu teléfono y ahí está el ´delito´», señaló.

Desde abril de 2018 las redes sociales se convirtieron en un terreno de activismo civil en el que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tenía mayor dominio. Durante las protestas, fue por esta vía que los ciudadanos evidenciaron la represión ejecutada por la Policía Orteguista (PO) y parapolicias. En el contexto actual del Covid-19, fue a través de estas plataformas que la misma población grabó los entierros exprés ordenados por el Ministerio de Salud en todo el país, mientras se negaban a reconocer el impacto de la pandemia en el país.

La Ley Mordaza

La Ley aprobada manifiesta tener el objetivo de «prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes».

La Ley Mordaza establece de uno hasta 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos, entre estos las publicaciones en las plataformas digitales y en los medios de comunicación que para la dictadura amenacen la sostenibilidad del sistema totalitario.

Con esa ley, la Policía Orteguista (PO), Telcor y la Fiscalía podrán intervenir los sistemas informáticos de las empresas, organizaciones y medios de comunicación, así como decomisar la base de datos y acceder a la información de celulares, computadoras y cualquier equipo tecnológico con la excusa de que se investiga un ciberdelito.

Requiere inversión millonaria

Néstor Arce, periodista y docente de Comunicación Digital, manifestó que el régimen ha mantenido prácticas de seguimiento y monitoreo de publicaciones en redes sociales y sitios web de los medios de comunicación y opositores para luego perseguir o apresar a los autores. El caso más reciente lo ejemplificó con el del joven que había sido detenido por publicar contenido satírico en contra de Ortega a través de la aplicación TikTok, pero más allá de eso, ve inviable que exista un control estatal. «capacidad técnica-tecnológica para controlar la red es casi nula a corto plazo».

«Si el Gobierno quisiera espiar o intervenir equipos móviles de ciudadanos tendría que invertir millones. Un ejemplo en concreto, el software de espionaje “Pegasus” tiene un precio de instalación de medio millón de dólares y para espiar 10 dispositivos iPhone el precio es de 650,mil dólares y el precio va aumentando depende de la cantidad de dispositivos que deseas espiar”, explicó Arce.

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Por otro lado, el docente de Comunicación Digital aclaró que tampoco es «imposible» que el régimen requiera de la información que guarda Facebook de una persona, pero agrega que son procesos extensos «y hasta que se comprueben los casos con todos los soportes legales, Facebook pudiera entregar información a una “fuerza del orden”, sea esta la Policía o el Sistema Judicial».

Registros de Facebook

En el reporte de transparencia de Facebook, en su apartado de Interrupciones de Internet, donde data de cuántas veces un Gobierno pide información a la red social, no existe registro que Nicaragua haya hecho esta solicitud, ni en el periodo más álgido de la crisis sociopolítica (abril a junio de 2018), donde la ciudadanía también evidenció los asesinatos y torturas perpetradas por la PO y fuerzas de choque.

Con este anteproyecto de Ley se concreta la amenaza de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien desde el estallido de la protesta antigubernamentales en abril del 2018, de perseguir a los ciudadanos que publiquen en las redes sociales los abusos contra la ciudadanía por parte de los grupos de choque, que para la dictadura son «noticias falsas».

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Un ingeniero, con maestría en ciencias de la computación, explicó en condición de anonimato que la única forma en que se pudiese monitorear el tráfico que circula en las redes es que todos los ISP (proveedores de servicios de internet) «convergiesen en un solo punto» y que además se instalen equipos especializados algunos lugares para hackear dispositivos o computadoras.

«Existen plataformas para monitorear el tráfico entre redes, por ejemplo, desde tu celular hacia un dispositivo específico. No obstante, para esto se requiere que el tráfico pase por un punto en la red donde se realice el “sniffing” de lo que se transmite. Si el tráfico va cifrado, no se compromete el contenido, pero se puede deducir información sobre el origen, el destino, la fecha, la duración. Realmente la vulnerabilidad ocurre en los puntos terminales de la comunicación, es decir, los teléfonos, las computadoras, pues toda persona que tenga acceso a esos dispositivos podría acceder a su contenido», explicó la fuente.

En Nicaragua, donde hay alrededor de 6.5 millones de habitantes, apenas la mitad de ellos tiene acceso a la conexión a internet y está casi centralizado en zonas urbanas, de acuerdo con el mapa digital que presenta Hootsuite —plataforma para administración de redes sociales— que también registra los accesos, comportamientos y características de los usuarios digitales. La mayoría tiene acceso a internet desde sus celulares, dispositivos o computadoras.

Nacionales Asamblea Nacional Ley Mordaza Nicaragua archivo

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