Los nicaragüenses que se manifiestan y denuncian al régimen de Daniel Ortega a través de las redes sociales han estado expuestos a la criminalización y persecución, incluso desde antes de que la bancada orteguista presentara la iniciativa de la Ley Especial del Ciberdelito que pretende castigar con prisión el derecho a opinar e informar.
Las redes sociales se han convertido en un espacio para que los ciudadanos denuncien las violaciones a los derechos humanos, el acoso policial y las detenciones arbitrarias; para que organicen manifestaciones, expongan sus demandas y la comunidad internacional conozca la situación que ocurre en el país.
Para el activista digital Yaser Morazán, las redes sociales son un territorio que el régimen orteguista no ha podido conquistar y son plataformas democráticas y horizontales que han permitido denunciar las violaciones a los derechos humanos, hacer que la población se autoconvoque.
Lea además: Régimen orteguista aprueba por decreto una «Estrategia Nacional de Ciberseguridad»
Morazán asegura que hay formas de vencer la censura Estatal que pretende imponer el régimen de Daniel Ortega y se logra, según él, al:
- Crear perfiles anónimos
- Aprender sobre seguridad digital
- Bajar el perfil mediático personal
- Aumentar el perfil mediático clandestino
- Compartir información de forma privada
- Comunicarse a través de las formas tradicionales
- Proteger la identidad personal
- Utilizar dos números telefónicos
- Crear una nueva cuenta de correo electrónico
El régimen orteguista, a través de los diputados sandinistas, presentó este lunes 29 de septiembre una propuesta de ley que busca castigar lo que ellos denominan como noticias falsas, las publicaciones que inciten al odio y la violencia, las amenazas, el acceso sin autorización a programas y la difusión de información reservada con penas de entre uno a ocho años de cárcel.
Cómo reforzar la seguridad digital
El activista explica que para que un nicaragüense refuerce su seguridad digital es necesario “que se autocapacite sobre prácticas y programas que prevengan la vulnerabilidad de su información privada o el acceso a sus equipos electrónicos porque esta información podrá ser usada por el régimen Ortega-Murillo. Para ello debe aprender el uso de contraseñas seguras, uso de VPN, encriptación de mensajes y equipos, acceso de doble candado a cuentas de redes sociales y correo electrónico, saber cómo funciona internet y si tu teléfono celular está intervenido.
Por su parte Manuel Díaz, abogado y consultor en Marketing Digital, asegura que la única forma que existe para evitar ser procesado con esta nueva ley es no utilizar el internet ni tener dispositivos que se conecten al internet “porque si la usás estás cometiendo delitos constantemente”, sin embargo, aclara que esta alternativa tampoco es segura ya que el gobierno de Ortega puede fabricar pruebas en tu contra.
Puede interesarle: «Ley Putin» revive el fantasma de las confiscaciones de los años 80
A pesar del intento del régimen orteguista por silenciar las voces críticas en el país, Díaz recomienda a los ciudadanos a mantener el anonimato o utilizar seudónimos para continuar manifestándose, aunque dice que no sería un problema para el régimen tomar el teléfono de una persona y vincular todo lo que ha dicho de forma anónima.
“Es difícil para el gobierno obligar a Facebook, primero que ni siquiera tiene acceso. Es difícil saber quién escribió eso que está en Facebook porque, a menos que yo escriba como Manuel Díaz y dije esto, ahí sí obviamente, pero sí digamos tengo un usuario que no es el mío y no es conocido y escribo igual entonces el gobierno no la tiene fácil ahorita, no la ha tenido fácil, ni nunca la va a tener fácil porque esa información la tienen los dueños del servicio del sitio web y no los puede obligar a que la compartan”, explica.
Otras alternativas para seguir protestando
Yaser Morazán aclara que las redes sociales son un medio de comunicación y no una acción de resistencia ciudadana y refiere de que si en el país “existiera una oposición que visionara acciones más allá de candidaturas y elecciones que les aseguren la distribución de cuotas de poder, entonces, tendrían la capacidad de diagnosticar, planificar, convocar, ejecutar, monitorear y evaluar un programa de desobediencia civil nacional e internacional”, que van desde no participar en el próximo fraude electoral hasta boicotear los eventos empresariales, turísticos, culturales, turísticos, etc. promovidos por el régimen dentro y fuera de Nicaragua.