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CONTENIDO EXCLUSIVO.Un intento de reforma y dos iniciativas de ley en menos de un mes. El régimen orteguista intenta radicalizar la represión por la vía jurídica. Todo comenzó el 15 de septiembre pasado, con un virulento discurso de Daniel Ortega, en el que amenazó con echar presos de por vida a los opositores y en el que refrendaba el anuncio hecho por su esposa Rosario Murillo, en referencia de que se iba a “ordenar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia” proponer una iniciativa de reforma en la legislación penal, para instaurar por primera vez en la historia de Nicaragua la pena de cadena perpetua.
Una semana después, el martes 22 de septiembre, el régimen anunció la iniciativa de Ley de Agente Extranjero y este lunes 28 de septiembre la bancada sandinista presentó la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos.
Las dos iniciativas de ley y la intención de instaurar cadena perpetua, son parte de la represión institucionalizada del régimen de Ortega, por eso no se pueden ver de manera aislada, considera el opositor Jesús Tefel.
“Esta tercera ley denota una tendencia que a través de la Asamblea Nacional van a empezar a aprobar esta serie de leyes mordaza, porque lo que están impidiendo es que la ciudadanía se exprese, hable y denuncie. Y leyes confiscatorias, porque en todas hay un elemento confiscatorio. En la ley de agentes extranjeros y en la de Ciberdelito van justificaciones legales con los cuales ellos pueden expropiar bienes con el pretexto de abrir una investigación”, afirma.
Cadena perpetua
Hasta ahora los magistrados del poder judicial no han enviado ninguna iniciativa al Legislativo y lo único que se ha conocido es la recolección de firmas en respaldo a una carta dirigida al poder judicial y legislativo, para que se establezca la cadena perpetua por “crímenes de odio”.
Esta iniciativa supuestamente surge de la indignación por las violaciones y asesinatos de mujeres y niñas que se han incrementado en los últimos meses. Pero en su discurso del Día de la Independencia Ortega confirmó la verdadera intención de regresar a la cárcel a los opositores que fueron excarcelados a través de una Ley de Amnistía.
En 2018, más de 700 personas fueron detenidas y procesadas por participar en las protestas civiles. Algunos fueron sentenciados hasta por más de 200 años de cárcel, pero en 2019 la mayoría fueron excarcelados gradualmente a través de una Ley de Amnistía. “Se sienten intocables porque se les dio una amnistía, ya se les dio una oportunidad, una amnistía, pero ya no habrá más amnistía. El pueblo pedirá cuentas en el marco de las leyes, en el marco de las regulaciones que tiene el Estado nicaragüense, y para eso están las leyes para castigar, para sancionar”, manifestó Ortega.
Ortega incluso dijo que no aplica la pena de muerte por los convenios internacionales, aunque en 2018 eso no le impidió mandar a matar a decenas de personas que salieron a protestar.
El opositor y economista Enrique Sáenz calificó las expresiones de Ortega como “odio en estado puro”, en un artículo que precisamente tituló de esa manera. “Con mucha claridad dejó aflorar lo que han sido, y son, sus verdaderas intenciones: con el mayor desparpajo afirmó que convenios internacionales le impiden recetar la pena de muerte a sus opositores y que por esa razón tenía que optar por cadena perpetua. Es lo que clama la ponzoña y el odio que anidan en sus vísceras: arrebatar la vida a sus semejantes que se le oponen”, dice Sáenz.
La Ley del Agente Extranjero, “todos serán sospechosos”
Una semana después de ese discurso, la dictadura anunció el anteproyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que tiene la pretensión de controlar las operaciones financieras y las actividades que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras, para supuestamente “poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua”. De acuerdo con los críticos, lo que en realidad concretará es una réplica del modelo ruso y cubano de control, criminalización y espionaje financiero contra los grupos adversarios o críticos al orteguismo, con el fin de silenciarlos, de cara a debilitar a la oposición para unas eventuales elecciones nacionales en 2021.
Defensores de derechos humanos, economistas y juristas consultados por LA PRENSA coincidieron en que por el amplio concepto de “agente extranjero”, prácticamente todos los ciudadanos serán sospechosos y por tanto expuestos a las represalias legales.
El artículo 4 de la iniciativa incluye como parte del concepto de “sujetos obligados” a “personas que dentro de Nicaragua actúen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de gobiernos, fundaciones, asociaciones, empresas o asociaciones extranjeras”, que sean pagados con recursos del exterior, proporcionados por asociaciones o gobiernos.
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El jurista José Pallais manifestó que esta ley señalará como “agente extranjero” a todos los trabajadores, por ejemplo, de una Organización No Gubernamental (ONG), por ejemplo, “cuyos programas son financiados con dinero de gente de afuera. Entonces esa persona por el simple hecho de trabajar en esa ONG ya será un agente extranjero, y por tanto deberá registrarse como tal en el Ministerio de Gobernación, donde quedará ‘fichado’ como una amenaza para la seguridad del Estado”.
Desde que Ortega regresó al poder en 2007, comenzó su gestión atacando a las organizaciones críticas. En 2008, ordenó el allanamiento ilegal de varias organizaciones no gubernamentales, entre estas el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) e inició una campaña contra el periodista Carlos Fernando Chamorro. Ese año también suspendió la personalidad jurídica del partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y de otros partidos que estaban comenzando a sobresalir en el ámbito político y electoral.
Ley contra el ciberactivismo, el control de las redes sociales
Esta semana comenzó con la introducción de la iniciativa de Ley especial de Ciberdelito con la que se pretende criminalizar las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación, como delitos contra la “seguridad del Estado”, con penas que oscilan entre uno y ocho años de cárcel. El control de las redes sociales es un pendiente del régimen desde marzo de 2018, un mes antes que iniciaran las protestas civiles.
En aquella ocasión, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) era la que iba a presentar un anteproyecto para regular el uso de las publicaciones en las redes sociales, que se basaría en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de España, conocida como Ley Mordaza.
Esta iniciativa, presentada este lunes 28 de septiembre por 7o diputados de la dictadura orteguista, considera delito “la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación” y será condenado hasta con cuatro años de cárcel.
Establece también, en el artículo 29, que “quien haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, incite, instigue, provoque o promueva la comisión de delitos, ensalce el crimen o enaltezca a su autor o partícipes o se lo adjudique, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y doscientos a quinientos días de multas”.
El opositor Jesús Tefel asegura que la iniciativa de ciberdelitos tiene claros objetivos de aplicar espionaje, censura y cárcel. “Con el pretexto de injurias, calumnias, fake news… están habilitándose asimismo para intervenir las comunicaciones en tiempo real, están habilitándose asimismo para confiscar los equipos y poder revisar la información; y están habilitándose asimismo para meter presa a gente que no piense igual que ellos. Y ellos también van a definir qué es fake news y qué no es fake news”, afirma.
Decreto
Este martes, Ortega aprobó por decreto la “Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025”, la cual se vendría a combinar con la Ley de Ciberdelito, para institucionalizar la censura y el espionaje político.
Las últimas dos semanas han estado marcadas por el incremento del asedio a los opositores. Septiembre ha sido un mes de amenazas de confiscación a empresas privadas y medios de comunicación independientes, como el embargo a Canal 12.
Críticos y opositores aseguran que Ortega se prepara para octubre, un mes en el que se esperan nuevas sanciones de Estados Unidos y resoluciones de la comunidad internacional a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reúne el 20 y 21 de ese mes y el tema de Nicaragua está en la agenda.