Son las 12:00 del mediodía y los medios de propaganda del oficialismo están listos para enlazar su señal con la llamada habitual de Rosario Murillo. La esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua se prepara para comunicar al “Gobierno de los pobres” el avance del Hospital Departamental de Chinandega, que según ella, demuestra que “la voluntad de Dios es que Nicaragua tenga más y más instalaciones que fortalezcan un modelo de salud como el que tenemos”, pero sobre todo que reafirma la prioridad de su Gobierno: la salud de los nicaragüenses.
Tras su alocución ese 2 de junio de este año, Murillo, quien es el “cerebro” de la maquinaria de mensajes goebbelianos del régimen de Ortega, hizo difundir en sus medios de comunicación un compendio de 19 fotografías que muestran el avance de la obra hospitalaria que tendrá 18 edificios, según se lee en el reporte que la constructora envió a la Presidencia.
Una inversión que si bien es significativa, es de larga data. Esta surgió en el 2013, luego en el 2015 apareció en el Presupuesto General de la República, en los reportes del 2016 y 2017 desapareció, y finalmente reapareció en los años siguientes en los informes presupuestarios a partir del 2018.
Diez días después de la alocución de Murillo, Martha Reyes, la tercera ministra de Salud que tiene Nicaragua en seis meses, en medio de la pandemia del Covid-19, comparece en un medio televisivo propiedad de la familia Ortega Murillo.
Se muestra muy repetitiva y reafirma: “Es muy importante partir de la prioridad de nuestro gobierno, en asegurar la salud de los y las nicaragüenses, dentro de ese proceso asegurar calidad y calidez, el proceso de asegurar el desarrollo de infraestructura a nivel nacional ha sido un paso muy importante y eso significa que entre los hospitales que se han construido y los que se están construyendo en este momento y los que están en proceso de licitación aproximadamente hemos invertido 471 millones de dólares” previo al 2017 y hasta la fecha, así como los que van a entrar en proceso de construcción.
Reyes asegura que esos 471 millones de dólares en inversión hospitalaria reflejan el cumplimiento de la ley: “Prioridad de asegurar la atención a los y las nicaragüenses”. El número de hospitales nuevos construidos por este régimen mostrados por la funcionaria no cuadran con el que Paul Oquist K., secretario privado de la Presidencia, plasmó en el documento Avances del Proyecto Cristiano y Solidario del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, difundido por cancillería.
Mientras la funcionaria del Minsa dice que su Gobierno ha impulsado la construcción de 19 hospitales, ya finiquitados, Oquist afirma que son 18. Pero además, mientras la ministra señala que otros siete están en construcción, el secretario privado de la Presidencia afirma que son seis.
Lea el primer reportaje: “Medicina para el pueblo”. Lo que Ortega no dijo el 19 de julio
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La prioridad es la represión policial
Pero más allá de las contradicciones entre los mismos funcionarios del régimen, aunque la finalidad del mensaje sea el mismo, lo cierto es que los números del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que son públicos y que pueden ser consultados por la ciudadanía, reflejan que si bien en el último quinquenio las asignaciones al Minsa, principalmente para gasto corriente, han aumentado, estos no muestran que la prioridad del régimen, a la hora de decir a qué entidad darle más, sea el Ministerio de Salud, principalmente cuando se trata de escoger entre su principal brazo represor y la salud de los nicaragüenses.
Hasta el 2019, en términos dolarizados, la asignación a la Policía Nacional había aumentado 25 por ciento respecto a lo que se le daba en el 2015; mientras tanto la asignación al Ministerio de Salud en ese mismo periodo se había elevado apenas 12 por ciento.
Si se convierte a la moneda nacional, la prioridad es todavía más clara: en el 2019 el Minsa tenía una asignación global 36 por ciento más alta que en el 2015; pero la Policía había logrado elevar un 50.85 por ciento más.
Pero además la participación siempre cordobizada del gasto de la Policía en el Presupuesto General de la República ha crecido más fuerte que el del Minsa. La institución policial reporta una tasa de aumento en la participación del gasto público del 19.56 por ciento; mientras que el Minsa refleja 8.19 por ciento.
Por ejemplo, en el 2015 el gasto policial equivalía al 3.95 del Presupuesto General, pero en el 2019 se elevó a 4.72 por ciento, para un incremento real de 19.49 por ciento (0.77 puntos) .
En tanto, el Ministerio de Salud en igual lapso pasó de 17.08 por ciento a 18.48 por ciento, para un aumento de 8.19 por ciento (1.4 puntos).
Ortega tenía clara su prioridad desde antes del 2018
Otro elemento que revela el análisis realizado por LA PRENSA sobre los cinco años presupuestarios, de cara a la pandemia, es que Ortega estaba claro de su prioridad a la hora de repartir los impuestos de los nicaragüenses entre el Minsa y la Policía desde antes de la represión.
Según la revisión, el incremento al gasto policial se fue dando gradualmente, es decir no fue después de la violenta represión de 2018, donde la Policía jugó un papel fundamental para que el régimen se quedara en el poder, a costa de más de 328 nicaragüenses muertos, según constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para el general en retiro Hugo Torres, Ortega y su familia tenían rayado el cuadro de acción desde que llegaron al poder hace 13 años, en el cual contemplaban instaurar su dictadura y para ello definieron sus prioridades y claro está que no es la educación, mucho menos la salud de los nicaragüenses.
“Desde que Ortega volvió al poder en el 2007, comenzó a implementar su plan para no abandonar el poder por ninguna vía, eso significaba comprar las instituciones del Estado, el Consejo Supremo Electoral para garantizar los fraudes electorales, el poder judicial para garantizar su reelección y la candidatura de su esposa que estaba prohibida por la ley y en el caso concreto de la Policía, esa fue una de las prioridades fundamentales que se propuso Ortega para el sostenimiento en el poder, porque sabía que iba a llegar un momento en que iba a necesitar del aparato policial represivo y así es como llegamos a la insurrección del 18 de abril del 2018”.
Más policías que médicos
De hecho los números muestran que Ortega ha contratado más agentes policiales para cubrir “la seguridad ciudadana”, que médicos desde el 2015.
Por ejemplo, mientras desde el 2016 —cuando se empieza a desagregar los cargos en la Policía en el Presupuesto General de la República— habían 9,409 agentes de este tipo, para el 2020 sumaban 10,295, es decir 886 más en cinco años.
En tanto, en el caso de los médicos en el 2015 —el único dato desagregado que dio a conocer el Gobierno sobre este tipo de personal— habían 5,794 médicos y para el 2020 cuenta un total de 6,045 médicos, para un aumento real de 251 médicos, según revelan documentos oficiales en poder de LA PRENSA.
“La Policía antes del 2018 venía cumpliendo ese rol de represión, venía apaleando manifestantes en las calles, venía disparando en las protestas diversas, abril fue una explosión enorme, con saldo terrible, donde hubo víctimas mortales, secuestros, encarcelados y torturados, todo eso fue ejecutado por la Policía, de tal manera que la institución se fue quitando el color nacional para convertirse en la Policía Orteguista, la guardia pretoriana de Ortega y su familia, cumpliendo cualquier orden por muy criminal que fuera”, señala Torres.
Engrosó la jefatura para premiar
Avil Ramírez, ministro de Defensa en el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños, sugiere hacer una retrospectiva más allá de los últimos cinco años. Menciona que cuando Ortega asumió el poder en enero 2007 “en la Policía habían tres subdirectores y un inspector general que tenían a su vez el rango de comisionados generales: Horacio Rocha, Carlos Palacios, Javier Meynard y Juan Báez, además de Aminta Granera Sacasa quien era la jefa. ¿Cuántos comisionados generales hay ahora? Son más de cincuenta comisionados generales, es una locura”.
Y recuerda: “En el gobierno del presidente Enrique Bolaños eran cuatro comisionados generales y eso ocurre también a nivel de comisionados mayores, entonces yo no descarto que buena parte de ese incremento también haya sido para subir el salario a los altos mandos policiales fieles a Ortega”.
Lo planteado por Ramírez se muestra en parte en las asignaciones presupuestarias a la Policía, que contrastan con los bajos salarios del personal médico.
En la asignación de jefatura nacional en el 2016 se asignó 103.81 millones de córdobas, pero para el 2019 se había elevado a 246.24 millones de córdobas, con un personal que pasó de 1,115 a 2,230, respectivamente. Para el 2020 está contemplado 255.28 millones de córdobas, con una planilla solo para este tipo de personal que se elevará a 2,411. Ortega hizo nuevos ascensos en septiembre pasado, premiando sobre todo a los jefes policiales más destacados en la represión.
Todo eso ocurre en un contexto donde el Estado pagó al personal sanitario en promedio 235 dólares mensuales hasta 2019, 25 dólares más que en el 2015. La situación empeora por las condiciones de hostilidad a las que estos son sometidos y muestra de ello es que solo en el contexto de la represión el régimen expulsó a más de 400 sanitarios —incluidos médicos— de los hospitales públicos, según registros de Human Rights Watch.
La brecha se agrava con el fallecimiento de 105 trabajadores de la salud hasta el 29 de agosto, según el Observatorio Ciudadano.
“Ortega venía priorizando la institución (policial), se convirtió en la niña mimada de sus ojos, cada vez mejor presupuesto, mejores condiciones y preparación de armamento de medios logísticos, gran cantidad de vehículos, de camionetas doble cabina, que se han comprado y se siguen comprando, mientras que instituciones claves como la salud y educación no han tenido el mismo tratamiento ”, insiste Torres.
El presupuesto muestra las prioridades de los gobiernos
Para Dayra Valle, especialista en presupuesto, el discurso de Ortega dista de la realidad, lo que se puede observar en el presupuesto.
“El presupuesto es el que permite la materialización de las políticas, aunque los planes nacionales de desarrollo y en el caso del plan nacional del 2007, 2011 y el 2017 se hable que una de las grandes prioridades es el tema del derecho a la salud y educación, eso tiene que tener una traducción en la asignación presupuestaria, porque ahí se notan las reales intenciones que tiene un gobierno para el cumplimiento de sus políticas, porque una política sin recursos es vacía a todas luces. Lo que estamos observando es que aunque el tema de la salud y educación llevan partidas fundamentales año con año, realmente esta no es correspondida con un esfuerzo presupuestario”, explica Valle.
La especialista indica que el presupuesto es un arma de doble filo, que sirve para castigar o premiar, según los planteamientos de un gobierno.
“El presupuesto puede ser instrumentalizado para el impulso de ciertos temas que son de interés del Gobierno, en este caso el tema fue impulsar a la Policía Nacional y el Consejo Supremo Electoral, brazos instrumentales, porque estamos claros del rol de la Policía, que no es la seguridad ciudadana y el Consejo Supremo Electoral porque a través de las elecciones es el proceso que usa para legitimar. Hay que estar claros que el presupuesto es un instrumento para castigar o premiar y en este caso premia a dos instituciones que claramente tienen un rol fundamental, que es el establecimiento del gobierno actual”, sostuvo.
La falta de rendición de cuenta también afecta el gasto de salud
Y es que a nivel de aparato represivo, los números muestran que después de la Policía, el Consejo Supremo Electoral (CSE) también se perfila entre los favoritos de Ortega a la hora de asignar fondos.
En el 2015 el CSE estaba trabajando con un presupuesto de 11.67 millones de dólares; en el 2016 y 2017, por elecciones presidenciales y municipales respectivamente, se entiende que se eleva la asignación a 49.12 y 60.52 millones de dólares en cada año.
Sin embargo, en el 2018 y 2019, ya sin elecciones, la asignación continúa elevada y se dio 31.81 y 26.50 millones de dólares por encima de lo asignado en el 2015. Es el presupuesto del 2020 el que demuestra que en estos dos últimos años la asignación no es justificada y por eso prácticamente la regresa a niveles del 2015 con una partida de 9.67 millones de dólares.
Hasta ahora el CSE no ha explicado por qué tenía inflado su presupuesto en estos dos últimos años, mientras en el Minsa se restringía fuertemente la inversión, por ejemplo, en adquisición de equipos médicos y laboratorios.
Según los números de Hacienda, en el 2019 se asignó 10.98 millones de dólares para compra de equipos médicos y de laboratorios por debajo de lo que se dio en el 2018 y casi al mismo nivel de 2015.
Para el sociólogo Óscar René Vargas este tipo de discrecionalidades golpean el gasto en salud, porque es dinero que se desvía de las verdaderas necesidades de los nicaragüenses. Además Vargas recuerda que el régimen no solo canalizó recursos para la represión a través de la Policía sino también a través de otras instancias del Estado y no descarta que esa asignación inflada en el CSE esté detrás de esa discrepancia presupuestaria.
Pero además, Vargas trae a colación las más de ochenta camionetas, en su mayoría 4×4, que en los últimos dos años y medio el régimen ha adquirido a favor de la Policía, mientras los números de Hacienda reflejan estancamiento en varios indicadores sobre el gasto en salud en Nicaragua, principalmente en las asignaciones para comprar medicinas y contrataciones de médicos para atender a la población ahora en momentos de crisis sanitaria.
“Esto también no es consecuente con los planteamientos, con el discurso, las políticas que establecen dice que los ejes fundamentales tienen que ver con el derecho a la salud y la educación en primer lugar y a partir de estos se construyen otros, pero si presupuestariamente no hay una materialización de esto, vamos a ver que todo se queda en el papel, el presupuesto resulta ser la materialización de esos elementos, pero si en el discurso señalás una cosa y no asignás la partida que tiene que ver con la ejecución y la calidad del gasto que vas a tener, te das cuenta que no hay una correlación”, a criterio de Valle.
Apura construcción de estaciones policiales
De hecho los números muestran que mientras en el quinquenio de referencia el Gobierno ha construido cinco hospitales, solo en el 2019 finalizó la edificación de diez estaciones policiales y otras tres empezó a construirlas, pero además impulsó 45 proyectos de reemplazo y rehabilitación de delegaciones policiales, un número anual que supera los 51 proyectos ejecutados en salud en cinco años.
Esto explicaría por qué el régimen ha pasado el programa de inversión pública de la Policía de 4.12 millones de dólares en el 2015 a 9.03 millones de dólares en el 2019, equivalente a un incremento de 119 por ciento y no es precisamente por daños durante la represión. El aumento ha sido gradual en el periodo de referencia.
En tanto el programa de inversión del Minsa ha pasado de 32.05 millones de dólares a 36.38 millones de dólares, para un aumento de 13.51 por ciento.
Quitarle a la Policía para darle más al Minsa
La diputada liberal Azucena Castillo manifestó que en condiciones normales se pensaría que el régimen está preocupado por darle seguridad al pueblo, no obstante la lectura en este contexto es otra.
“Al apoyar a la Policía, en vez de la salud, se diría que este gobierno está interesado, en condiciones normales, en fortalecer la seguridad ciudadana, pero al contrario, esto ha sido para fortalecer la represión. Ortega antes del 2018 empezó a fortalecer la Policía porque sabía lo que se le venía encima”, dijo Castillo.
Para la diputada Castillo eso solo evidencia que el régimen tiene miedo y por eso gran parte del presupuesto lo destina para la Policía, que es el órgano que a él le da seguridad. “Hay una ciudadanía inquieta, no necesariamente delincuencial, al contrario, una ciudadanía que está buscando cómo se le respeten sus derechos y se le atienda, y eso le preocupa al Gobierno y se cura en salud”.
Castillo señala que el Ministerio de Salud es una de las instituciones que más recibe fondos, sin embargo considera que son insuficientes.
“El Minsa es el que más fondos recibe, pero es muy poco y debería de trasladarse al Minsa parte de lo que se le da a la Policía, que se dedica a la represión y está al servicio de la sostenibilidad de este Gobierno, que no responde a la transparencia y ha perdido la confiabilidad del pueblo, ya nadie pone su denuncia en la Policía porque no hay confianza”, dijo.