Continúan los fallos de “no ha lugar” a los recursos de apelación que llegan al Concejo Municipal de Managua con respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En la última sesión, celebrada este 29 de septiembre, se “botaron” seis casos que buscaban revertir el cobro de este tributo, en el que ha puesto empeño la Alcaldía para potenciar sus recaudaciones en plena crisis económica.
El primer caso presentado fue por el cobro de 5.6 millones de córdobas en concepto de IBI y rodamiento, el segundo por la suma de 168,861 córdobas solo por IBI, el tercero por 507,214 córdobas, el cuarto de 296,516 córdobas por IBI y basura domiciliar, el quinto por 496,350 IBI y basura, y el último por 1 millón en concepto de IBI. Todos los cobros suman ocho millones de córdobas.
Desde finales de 2019 la comuna mantiene un férreo cobro con los impuestos, principalmente del IBI, al punto de pasar a la vía judicial a las personas que no han cancelado o hecho arreglo de pago con el director de Recaudación, Erick Canales, cercano al secretario general de la Alcaldía, Fidel Moreno.
En una nota publicada el pasado 4 de septiembre, este medio de comunicación reveló que la comuna ha acusado en los juzgados al menos a 200 empresas por defraudación entre 2019 y agosto de 2020. El cobro primero es por la vía administrativa y luego pasa a la judicial. En este último proceso, según fuentes, son remitidos al Juzgado Quinto Local Penal de Managua, cuya titular es la juez Imara Castro.
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FSLN domina las aprobaciones en el Concejo
Todo lo que se aprueba en el Concejo Municipal es por los votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al contar con la mayoría de votos. De los 80 que suman en el Concejo, 72 son del oficialismo y solo ocho de la oposición, divida en cinco del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dos del Partido Conservador (PC) y uno de Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Es por ello que los “no ha lugar” que se aprobaron en la ultima sesión fueron logrados por la aplanadora del FSLN, que no muestra interés de analizar los argumentos de cada caso o la situación de quienes apelan, sea a título personal como ciudadanos o desde una figura legal como empresas o negocios. En las sesiones, luego de las preguntas, solo levantan la mano para aprobarlo sin realizar alguna valoración.
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