Las leyes represivas preparadas por la dictadura, sobre todo la conocida como “Ley Putin”, tienen como objetivo central no permitir que los movimientos y partidos políticos opositores obtengan financiamiento para las elecciones previstas para el 2021, así como “asfixiarles” para que, principalmente los sectores que lideran la resistencia social, no tengan recursos para mantener la presión contra el régimen. Este objetivo fue aceptado por Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los principales operadores políticos del régimen orteguista.
“Te imaginás que alguien de cualquier gobierno con intereses en otro país, le deposite plata a un candidato determinado, eso no es posible en Nicaragua”, dijo Porras este 1 de octubre, en una entrevista en un medio de propaganda de la dictadura.
Lo que el diputado Porras no mencionó es que desde su llegada al poder en 2007, el dictador Daniel Ortega canalizó al menos tres mil millones de dólares por medio del acuerdo petrolero con Venezuela, que fueron usados discrecionalmente y sin ninguna fiscalización por parte de los personeros del régimen.
Porras está sancionado por violaciones a los derechos humanos por parte de Estados Unidos y Canadá, por su participación en la represión a las protestas sociales iniciadas en abril del 2018.
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Con el supuesto objetivo de prevenir y combatir «delitos contra la seguridad del Estado», con la nueva ley, la dictadura prohibirá que «todo agente extranjero» —sea organización o persona natural, que reciba financiamiento de gobiernos y agencias internacionales—, pueda «intervenir en cuestiones o política interna».
“No se va a aceptar plata para incidir en nuestros asuntos internos. Ninguna potencia extranjera puede venir con su plata a decidir lo que los nicaragüenses nos corresponde decidir. Eso es lo que debe estar claro”, añadió Porras.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) deberá crear el Departamento de Registro de Agentes Extranjeros. Una vez aprobada la iniciativa de ley, los entes obligados tendrán máximo 60 días para inscribirse, presentando sus informes donde detallen el origen de fondos, cooperantes y el uso de los recursos.
De no hacerlo, el régimen notificará a quien decida aplicar la norma, dándole cinco días para que se inscriban, pudiendo paralizar los fondos y quitarle la personería jurídica a organizaciones, asociaciones y empresas. Ese poder ha sido denunciado como una confiscación administrativa.
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“Vemos la necesidad que exista, porque vamos a regular los agentes extranjeros. No estamos prohibiendo (que reciban fondos), pero vamos a regular que una persona o asociación va a recibir dinero de otros gobiernos o asociaciones del extranjero, que va a utilizar en actividades para influenciar la realidad de nuestro país. Entonces como sujeto obligado te van a inscribir y vas a entregar estados de cuenta mensualmente, sobre la ejecución de la plata recibida”, señaló Porras.
La “Ley Putin” orteguista inhibe a las personas, coalición, alianzas y movimientos, de presentar candidatos a un cargo de elección popular, así como ocupar un cargo público, lo cual ha sido denunciado por organizaciones opositoras de ser inconstitucional, porque elimina la participación política de los nicaragüenses, derecho establecido en la Constitución.
Porras argumentó que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros “no es un invento” del régimen de Daniel Ortega, sino que con la norma se están alineando a las que ya existen en otros países, como Estados Unidos y la Unión Europea.
Sin embargo, el anteproyecto de ley propuesto por la bancada orteguista en la Asamblea es una copia de la aprobada en 2012 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el que se persigue a la oposición, se amenaza la libertad de expresión y de prensa, y se criminaliza a los ciudadanos por expresarse en las redes sociales.
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La “Ley Putin” y la Ley Especial del Ciberdelito serán aprobadas a más tardar el próximo 13 de octubre en el Legislativo, informó Porras.