El régimen de Daniel Ortega impuso, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), un nuevo reparo fiscal a la empresa Nicavisión S.A., propietaria de Canal 12 Nicaragua, por un monto de 7 millones de córdobas. Esta nueva deuda se suma a los 21 millones de córdobas que el régimen ya había impuesto al medio, por lo que la deuda total aumentó a 28 millones.
«La Dirección General de Ingresos está requiriendo el pago de otro arbitrario reparo fiscal contra Nicavision S. A., empresa propietaria de Canal 12. Se trata de un monto que asciende a casi 7 millones de córdobas adicionales», informó el medio en una nota escueta publicada en su sitio web.
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De acuerdo a la información, la notificación fue hecha el jueves 1 de octubre por tres funcionarios de la DGI. Canal 12 aseguró que la institución estatal «no reconoce gastos e inversiones debidamente sustentados por Nicavisión S.A.». LA PRENSA se comunicó con Mariano Valle, administrador del medio, y este se limitó a decir: «esa información la maneja el abogado Tonny López».
La denuncia hecha pública este domingo por el medio agrega que los bienes y cuentas de Canal 12 y las propiedades personales de Valle Peters continúan bajo embargo y de no resolverse esta situación estos podrían ser subastados por las autoridades estatales.
Embargo por $21 millones se mantiene
El pasado 12 de septiembre, la dirección del medio dio a conocer el embargo por los 21 millones de córdobas y los bienes personales del administrador, Mariano Valle. En un comunicado Canal 12 explicó que el viernes 11 de septiembre se presentó a las oficinas del canal el juez Luden Martín Quiroz, Juez Tercero de Ejecución y Embargos del municipio de Managua, a realizar un embargo sobre los bienes de Nicavisión S.A. Esto, según el medio, «producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013».
«Actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador Mariano Valle Peters», denunció el comunicado oficial de Canal 12. De forma extraoficial se conoció que las antenas, instalaciones, vehículos, repetidora y el transmisor del canal son parte de los bienes embargados.
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Después de 18 días del embargo, el 30 de septiembre, la juez Silvia Elena Chica Larios, del Juzgado Cuarto Civil Oral de Distrito de Managua, desestimó todas las pruebas presentadas por la defensa de Nicavisión S.A. y ordenó mantener el embargo millonario contra el canal. La defensa tiene diez días para introducir un recurso de apelación y esperar por el amparo de la ley. «No debemos ni un centavo a la DGI», dijo el empresario afectado, Mariano Valle Peters.
En esa ocasión el propietario de Canal 12 manifestó que «todo lo que mis abogados interpusieron como prueba no las aceptaron. Pusimos las pruebas de dos contadores públicos, que son documentos oficiales, que tienen peso, pero no, no los aceptaron y así la juez fue diciendo ‘esto no lo acepto’, ‘esto no lo acepto’, mencionó un montón de artículos y así quedó». De acuerdo con Mariano Valle, las cuatro propiedades que le fueron embargadas suman un total de un millón 200 mil dólares, y el embargo impuesto por la DGI es de apenas 600 mil dólares.
El medio de comunicación ante el embargo, el 22 de septiembre, lanzó una campaña a través de la plataforma de GoFundMe, donde pretenden recaudar 50 mil dólares para poder solventar gastos operacionales y seguir informando. Hasta el mediodía de este 4 de octubre lleva recaudado 7,143 dólares.