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Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo, junto a otras directivas del Legislativo. LA PRENSA/Jader Flores

Diputados orteguistas retrasan aprobación de la “Ley Mordaza” y “Ley Putin” de espionaje financiero

El retraso se da cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se insta a la Comisión Europea a aprobar sanciones directamente al dictador Daniel Ortega y a su vicepresidenta y esposa

Las leyes con las que el régimen orteguista pretende criminalizar las publicaciones en las redes sociales y medios de comunicación, así como el espionaje financiero a las organizaciones y personas que reciben fondos internacionales no fueron incluidas en la agenda de temas que serán aprobados la próxima semana por los diputados en la Asamblea Nacional.

La junta directiva de la Asamblea Nacional no incorporó la Ley Especial del Ciberdelito o “Ley Mordaza”, ni la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros o “Ley Putin”, en la agenda de debates de la siguiente semana, según compartió el jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez.

Los dictámenes de ambos proyectos de leyes son necesarios para su discusión en el plenario legislativo y estos no están listos, lo que  hace pensar a los diputados liberales de que intencionalmente los parlamentarios orteguistas retrasarán el proceso de aprobación de estas iniciativas de leyes represivas promovidas por la dictadura.

Aunque el régimen ha mostrado interés en que ambas leyes sean aprobadas en el corto tiempo, las comisiones a cargo de las consultas de los anteproyectos paralizaron la última fase del proceso, como es la reunión de los diputados miembros para discutir y firmar los dictámenes en el que se les daría el visto bueno para que posteriormente la directiva parlamentaria, los incorpore al debate de la próxima semana.

Rodríguez, quien es integrante de la Comisión de Justicia que se encarga del debate de la “Ley Mordaza”, informó que no les han convocado a reunión para finiquitar el dictamen. “Eso está detenido”, dijo el legislador.

El retraso se da cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se insta a la Comisión Europea a aprobar sanciones directamente al dictador Daniel Ortega y a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, así como activar los mecanismos para sacar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA), que existe entre Centroamérica y la Unión Europea, si se aprueban las leyes del Ciberdelito y de Agentes Extranjeros.

Tras salir de la reunión de directiva, Rodríguez dijo a LA PRENSA que los orteguistas reaccionaron molestos por la resolución del Parlamento Europeo. “Estaban furibundos, diciendo que ‘nosotros vamos a legislar, es nuestra decisión’, pero sí les molestó”, afirmó Rodríguez sobre la posición de los orteguistas en la directiva, que es presidida por el sancionado diputado Gustavo Porras.

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Jimmy Blandón, también del PLC en la Comisión de Justicia, explicó que para que la ley sea aprobada debe cumplirse con el dictamen, por lo que los orteguistas están obligados a llamar a los diputados para discutirlo, firmarlo y que pueda la directiva parlamentaria someter la iniciativa a debate en el plenario.

“Hay antecedentes de estos retrasos, paralizan por varios días el dictamen de una ley conflictiva como esta (Ley Mordaza), tal vez por la presión que hay (de la sociedad y comunidad internacional), pero solo nos dicen que están revisándola”, dijo Blandón.

Con la “Ley Mordaza” se penaliza con 1 a 10 años de cárcel, pudiendo elevarse a los ciudadanos que se les procese por ciberdelitos, como “noticias falsas”, filtración de información que al régimen no le interese hacer públicos entre otros crímenes creados por el régimen.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, gremio de periodistas, empresarios, así como la comunidad internacional ha reaccionado en contra de esta propuesta y le ha demandado al régimen de Daniel Ortega detener su aprobación.

La Comisión de Justicia junto a la de Infraestructura y la de Educación y Medios de Comunicación solo realizaron una reunión de consultas sobre la iniciativa de la “Ley Mordaza”, el pasado martes 6 de octubre  con la presidenta del poder judicial, la magistrada orteguista Alba Luz Ramos, la fiscal general Ana Julia Guido y la procuradora general Wendy Morales. Sin explicaciones se suspendió la intervención del Ejército de Nicaragua, Telcor y la Policía Orteguista.

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Tampoco está listo el documento que avala la “Ley Putin”, con que el régimen de Ortega pretende perseguir financieramente a organizaciones, empresas, medios de comunicación y personas naturales que reciban recursos de gobiernos y organismos extranjeros.

Para el régimen esos sectores serán “agentes extranjeros” que representan “una amenaza a la seguridad del Estado”, por lo que les obligará a registrar los donantes, fondos y actividades que realizan en el Ministerio de Gobernación, el que podrá confiscar los bienes y quitar la personería jurídica de fondo discrecional. Quien sea considerado por la dictadura como “agente extranjero” quedará inhibido de ser candidato en las elecciones, lo que ha sido denunciado por la oposición como violatorio a la Constitución Política de Nicaragua.

Azucena Castillo, diputada del PLC y miembro de la Comisión Económica, dijo que tampoco se les ha convocado a discutir el dictamen de la “Ley Putin”, conocida así por ser una copia de la legislación aprobada en 2012 por el presidente ruso Vladimir Putin, también para reprimir a la oposición.

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Castillo refirió que se le informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a reunión a organizaciones no gubernamentales “de la línea oficialista y también hay diplomáticos”.

“Algo deben estar gestando para sacar  ‘bendecida’ la Ley de Agentes Extranjeros. A lo mejor después de todo ese andamiaje que quieren montar con esas ONG llaman a consulta y  ajustan la redacción”, dijo Castillo.

El jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, refirió que la resolución de la junta directiva, que es controlada por orteguistas al ser cinco de los siete miembros, fue dejar abierta la agenda, de tal forma que pueda incorporarse cualquiera de las propuestas al debate de aprobación “en cualquier momento”.

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