El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a la fiscal Ana Julia Guido, al secretario de Políticas del régimen de Daniel Ortega, Paul Oquist Kelly y a la cooperativa Caja Rural Nacional (Caruna), entidad que operó como un banco paraestatal para canalizar los fondos del millonario acuerdo petrolero a Venezuela.
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Ya son 24 los funcionarios del régimen de Daniel Ortega sancionados por la Oficina del Departamento del Tesoro, a lo que se suma una nueva entidad, en este caso la cooperativa Caruna, administrada por personeros leales al régimen.
Con Caruna, ya son nueve las entidades sancionadas por estar vinculadas principalmente a los negocios de la dictadura. Estas: Alba de Nicaragua (Albanisa), la Policía Nacional, el Banco Corporativo de Nicaragua (Bancorp), Empresas Zanzíbar, Distribuidora Nicaragüense de Petróleo SA (DNP), Servicios de Protección y Vigilancia (El Goliat), Difuso Comunicaciones y Mundo Digital.
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Por fabricar casos contra los manifestantes
Estas son las razones esgrimidas por el Departamento del Tesoro. En el caso de Ana Julia Guido, el Departamento del Tesoro establece que sanciona a la fiscal general de la República por formar parte “de un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional designado para fabricar casos contra presos políticos y sus familias. Según estos informes, la unidad ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestar pacíficamente, incluidos los jóvenes aguadores que fueron detenidos por entregar agua a madres de víctimas del régimen en huelga de hambre en Masaya”.
Por difundir la falsa narrativa del régimen
En el caso de Paul Oquist Kelly, quien es ciudadano estadounidense, la Oficina del Tesoro lo designa para ser sancionado debido a que como secretario de la Presidencia, “representa al Gobierno de Nicaragua a nivel internacional en una variedad de roles y juega un papel principal en la difusión de desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos. En numerosas entrevistas con medios internacionales de habla inglesa y en reuniones con representantes extranjeros, Oquist ha difundido las falsas narrativas y la propaganda del régimen de Ortega. Además, Oquist ha defendido el caso de Ortega a nivel internacional con un flujo incesante de mentiras para ocultar o justificar el abuso del régimen”.
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LA PRENSA/ARCHIVO
Desvío de fondos a favor de Ortega y su vinculación al Bancorp
En el caso de la cooperativa de ahorro y crédito Caja Rural Nacional (Caruna), el Departamento del Tesoro la señala de ser una institución financiera que opera al margen de los bancos tradicionales y no está sujeta a la supervisión regulatoria tradicional. “Fue designada por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o bienes o servicios en apoyo del Banco Corporativo, SA (Bancorp), una entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13851”, (Bancorp es una entidad ya sancionada por ser señalada de operaciones de lavado de dinero), cita la resolución del Departamento del Tesoro.
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La resolución además señala que Caruna ha servido como herramienta para que el presidente nicaragüense Daniel Ortega desvíe dinero de Alba de Nicaragua, SA (Albanisa) (2,400 millones millones de dólares en fideicomisos petroleros y carteras de crédito).
“El régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como recursos económicos para mantenerse en el poder y pagar una red de clientelismo político. Albanisa es una entidad nicaragüense copropiedad de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) y de la empresa estatal venezolana de gas Petróleos de Venezuela, SA. En 2017, la administración de estas carteras se transfirió de Caruna a Bancorp. En abril de 2019, poco antes de que la OFAC sancionara a Bancorp, la administración fue transferida nuevamente a Caruna. Tanto Bancorp como Caruna se beneficiaron de estas transferencias. Los funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC, se están aprovechando de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas” , cita la resolución.
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Mike Pompeo celebra nuevas sanciones
El secretario de Estado, Mike Pompeo, por medio de su cuenta de Twitter celebró las sanciones en contra de Guido, Oquist y Caruna y nuevamente hizo un llamado al régimen orteguista a cesar la represión en contra de los nicaragüenses.
“Hoy Estados Unidos sancionó a Ana Julia Guido, Paul Oquist y Caruna. Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y restaure la democracia en Nicaragua”, cita el tuit del funcionario de la administración de Donald Trump.
Today the U.S. sanctioned Ana Julia Guido, Paul Oquist, and Caruna Savings and Loan. The U.S. will continue to take the necessary steps to support the Nicaraguan people and pressure the Ortega regime to cease repression, respect human rights, and restore democracy to Nicaragua.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 9, 2020
Alianza Cívica y UNAB: se golpea corazón financiero del régimen
El director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, valoró como “un importante golpe” las sanciones a Caruna, porque se “deja inhabilitado cientos de millones de dólares” del negocio del régimen orteguista, puesto que la cooperativa siempre “ha sido la caja chica” para mover los fondos provenientes del acuerdo petrolero existente con Venezuela.
Chamorro dijo que “es un gran respaldo a la lucha azul y blanco de los nicaragüenses por lograr justicia y democracia”, el que Estados Unidos sancionara también a la fiscal general Ana Julia Guido “porque ella le ha negado el derecho constitucional a los ciudadanos a la defensa justa, porque más bien sirve de acusadora contra todos los opositores”. Que el asesor presidencial Paul Oquits también se incluya ahora entre los funcionarios sancionados, le anula para “seguir operando internacionalmente vendiendo las mentiras para formar una imagen positiva de la dictadura”.
Para Chamorro, el dictador Ortega “ha perdido aliados incondicionales” en el sentido de que Guido y Oquits quedaron inoperantes, y a Caruna le esperaría la suerte de los otros negocios alcanzados por anteriores sanciones de Estados Unidos, el cierre.
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Félix Maradiaga, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) analizó que al afectarse las operaciones de Caruna, representa “un fortísimo golpe a la billetera del régimen” , porque se trata de la entidad a la que se le habían transferido los millonarios fondos de Bancorp, en un intento de la familia presidencial y sus operadores por proteger sus negocios y esquivar las sanciones de EE.UU.
Cuando Bancorp fue sancionado en abril del 2019, el dictador Ortega intentó salvarlo convirtiéndolo en un ente estatal llamado Banco Nacional. Los diputados orteguistas llegaron a aprobar una ley en la que el Estado compraba a Bancorp por 23 millones de dólares, sin embargo ante las posibles repercusiones contra el Sistema Financiero y la misma operatividad del Gobierno, en la Asamblea Nacional y Ortega publicaron en La Gaceta, Diario Oficial, la ley por lo que esa compra no se hizo oficial. Bancorp debió ser liquidado y cerrado.
Caruna fue la que inició manejando los fondos del acuerdo petrolero entre los regímenes de Nicaragua y Venezuela, y generó más de 4,000 millones de dólares que han sido manejados discrecionalmente por la familia Ortega y Murillo, y sus allegados para hacer negocios, que han estado fuera del control estatal. Tras ser alcanzada la cooperativa por las sanciones de EE.UU., correría la misma suerte que Bancorp, debido a que no podrá realizar transacciones a través del Sistema Financiero, y cualquier persona o empresa que tenga negocios con Caruna deberá cancelarlos si no quiere ser afectado por las medidas estadounidenses.
“Fondos tóxicos”
“Bancorp fue creado específicamente para mover los activos del régimen, pero al ser sancionado se le regresaron a Caruna esos activos, en un intento torpe al creer que podían burlar el control del sistema bancario internacional. Caruna actúa sin regulaciones, y creyeron que podían seguir usándola con libertad. Pero todo el entramado de empresas del régimen se ha desmoronado”, dijo Maradiaga.
El politólogo explicó que al basarse el Departamento del Tesoro en la orden ejecutiva 13851, que le amplió las facultades al Gobierno estadounidense, el daño a Caruna es total ya que “son sanciones no limitadas al mal manejo de fondos públicos, sino que se extienden a vincular esos fondos al crimen organizado y lavado de dinero, por lo que convierte en una entidad tóxica, pero también a cualquier persona pública o privada que tenga relación con las empresas afectadas”.
Maradiaga no descarta que a través de Caruna hayan hecho la transacción para que se comprara al consorcio español TSK, las empresas de la distribuidora de energía, Disnorte y Dissur, por socios hasta ahora desconocidos, pero que la oposición no descarta que sean personas que manejan el negocio petrolero y familiar de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
LA PRENSA reveló el pasado 20 de abril del 2020 que el grupo TSK confirmó que ya no era dueño de las distribuidoras de energía, pero hasta ahora la dictadura no revela quiénes son los nuevos propietarios.
“Se desconoce la estructura de la propiedad exacta de la distribuidora de energía, cuando pasó de Unión Fenosa a TSK y luego su posterior venta, a quien desconocemos. Eso solo es una muestra de las múltiples operaciones que el régimen pensaba que podía seguir manejando. Hay un acorralamiento por parte de la comunidad internacional y esto es una victoria más del pueblo nicaragüense”, afirmó Maradiaga.
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Piden a OEA actuar
El coordinador nacional del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, agradeció a la comunidad internacional por las presiones contra el régimen por continuarse las violaciones a los derechos humanos. “A la vez queremos hacer un llamado al pueblo a mantenerse en resistencia, seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos porque estas (sanciones) son el resultado”, dijo Mairena, excarcelado político.
Mairena, quien actualmente es coordinador rotativo de la oposición agrupada en la Coalición Nacional, llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que en la próxima Asamblea General, el 20 y 21 de octubre, cuando aborden la crisis en Nicaragua, “haya una resolución contundente” declarando al gobierno de Ortega ilegítimo. “Pongamos un basta ya a este régimen asesino, que está matando al pueblo de Nicaragua”, pidió el dirigente campesino.
EE.UU. y Unión Europea coordinados
Para el exembajador en Costa Rica, Mauricio Díaz, hay una sintonía entre los esfuerzos de la comunidad democrática internacional, que se están alineando en este caso por la posición del Departamento de Estado, respaldando lo actuado por el Parlamento Europeo, donde el objetivo es que reaccione Ortega de forma positiva cesando la represión y aceptando reformas electorales que permitan elecciones libres y transparentes en Nicaragua.
Díaz consideró importante estar atentos a la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 20 y 21 de octubre, porque ahí la dictadura dejará saber qué camino tomará.
“Esos son los incentivos para ver si hay reacciones a las propuesta que se han venido haciendo y que todo mundo sabe que pasan por crear unas condiciones aceptables para elecciones libres, que no es solamente seis meses antes de noviembre de 2021, sino que hay que ir creando condiciones de apertura, de libertad, de restitución de derechos humanos”, afirmó el exembajador Díaz.
La Unión Europea, EE.UU., el Reino Unido, Suiza y Canadá han adoptado sanciones individuales a personeros y familiares del círculo de poder de Ortega, que incluye a su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo. Además hay ocho empresas del negocio familiar Ortega y Murillo sancionadas y la única estatal es la Policía Orteguista.
Para Díaz que el Parlamento Europeo amenace con sacar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) que existe entre los europeos y Centroamérica, pero además se pidan sanciones directas a Ortega y Murillo, son respuestas al “combo nefasto” que representan la “Ley Putin”, la “Ley Mordaza” y la eventual reforma para establecer la cadena perpetua por “crímenes de odio”.
“El mensaje de este gobierno es que él negocia con los derechos de los nicaragüenses, amenaza a la sociedad nicaragüense con leyes represivas y las utiliza para negociar con la comunidad internacional, nos quita nuestros derechos y los va restituyendo a cuentagotas”, señaló el exembajador.