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El alcalde liberal, Manuel Blandón, fue inhabilitado de su cargo por una juez orteguista. LAPRENSA/CORTESÍA

Justicia orteguista finalmente descabeza Alcaldía liberal de Wiwilí

Aparato judicial del régimen utiliza el mismo procedimiento usado con la anterior alcaldesa liberal, Reyna Hernández Mairena, a la que también inhabilitaron del cargo.

En la lectura de sentencia de este viernes, la juez orteguista Diana Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, inhabilitó para ejercer el cargo de alcalde en funciones del municipio de Wiwilí, a Manuel Blandón Zamora, por un período de dos años y además lo multó con 100,101 córdobas.

Desde el pasado 25 de septiembre, la judicial había suspendido del cargo al alcalde, mientras duraba el proceso judicial. Fue declarado culpable por el delito de desobediencia de autoridad, funcionario o empleado público, luego de una demanda laboral realizada por 36 extrabajadores de la comuna que se declaran sandinistas.

En la sentencia, la judicial señala que la inhabilitación finalizará el próximo 9 de octubre del 2022. La multa deberá pagarla a una cuenta a nombre del Ministerio de Gobernación en el Banco de la Producción (Banpro), que representan 150 días multas  “a favor del Sistema Penitenciario para calidad de vida e infraestructura y programas de tratamiento para la población penal”.

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Notificación al Consejo Supremo Electoral

La judicial orteguista giró oficio al Consejo Supremo Electoral del departamento de Jinotega a fin de que tengan conocimiento de la resolución y cumplan con lo ordenado. Llamamos a Víctor Herrera, abogado defensor de Blandón, para conocer si apelará la sentencia condenatoria, pero no tuvimos respuesta. Este tiene tres días para hacerlo. Llamamos al celular del alcalde inhabilitado para conocer su posición, pero desde hace tres días no contesta.

Erving Roque, presidente municipal en Wiwilí del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), se limitó a decir que Blandón se pronunciará con un comunicado.

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Apoderarse de alcaldías opositoras

En declaraciones anteriores a LA PRENSA, Blandón dijo que no descartaba que detrás de la demanda laboral de los extrabajadores de la comuna exista la intención de la dictadura de apoderarse de esa Alcaldía, ganada en las elecciones pasadas por el PLC.

Maximino Rodríguez, diputado del PLC, confirmó que el alcalde en funciones fue declarado culpable y consideró que la dictadura pretende apoderarse de todas las alcaldías que ganaron los partidos de oposición.

“Ellos (la dictadura) iban por el mismo camino de lo que aplicaron a la alcaldesa. La pretensión es descabezar todas las alcaldías liberales y quedar ellos pues, de alguna forma, quedarse con el control de esas alcaldías. En este caso va a pasar lo mismo que en la Alcaldía de Mulukukú que está administrada por una persona, quitándole el derecho a los que fueron electos, en este caso a Reyna Hernández como alcaldesa y a Manuel Blandón como vicealcalde”, dijo el diputado Rodríguez.

El diputado agregó que esta Alcaldía quedaría acéfala y no podría elegirse una autoridad local, ya que el partido de la dictadura Frente Sandinista tiene 11 concejales y el PLC igual número, y ninguno de ellos podría aplicar un doble voto.

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Propuestas del alcalde

El pasado 9 de julio la judicial dio un plazo de tres días a la comuna para que pagara 16.53 millones de córdobas a los demandantes. “La Alcaldía no tiene ese dinero, por eso el pasado 13 de julio nosotros presentamos una propuesta que consiste en pagar en un período de cinco años a esos trabajadores, pero esto fue rechazado por ellos y por la judicial”, dijo en ese entonces Blandón.

El 17 de agosto el alcalde propuso a los demandantes pagarles en un plazo de tres años, pero la representante legal de estos no se pronunció sobre la propuesta.

Blandón cuestionó la posición de los demandantes y de la judicial a cargo del caso, ya que estos no aceptan un acuerdo para recibir el pago en cuotas y la juez no quita el embargo de un poco más de dos millones de córdobas a la municipalidad y la retención de las transferencias que hace el Gobierno central a las alcaldías. «Bajo estas condiciones, es difícil poder salir de este problema», se quejó.

Antecedente con alcaldesa liberal

El pasado 13 de junio, la misma juez orteguista Diana Jarquín Valle ordenó suspender en el desempeño de su cargo a la alcaldesa Reyna Hernández Mairena, del municipio de Wiwilí, como supuesta medida cautelar, por lo que la perjudicada quedó inhibida de ejercer sus funciones como tal.

Este zarpazo arbitrario a la ley y al proceso penal lo hizo la judicial después que el 10 de junio declaró rebelde a la alcaldesa porque no asistió a una audiencia donde irregularmente la acusan de presunta desobediencia o desacato a la autoridad y en perjuicio de la administración de justicia. El cargo lo asumió Blandón, quien ahora está siendo víctima de la misma maniobra.

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