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CONTENIDO EXCLUSIVO.En menos de dos años las sanciones emitidas por Estados Unidos han complicado y casi desarticulado el entramado financiero que el régimen orteguista construyó con fondos de la cooperación venezolana, al margen de la fiscalización estatal. Sus principales negocios y las instituciones que han utilizado para mover su capital ahora están contaminados y sin lugar a dudas, con ello su estabilidad económica también ha sido golpeada.
El 29 de enero de 2019 el Gobierno de Estados Unidos anunció que Alba de Nicaragua (Albanisa) había sido alcanzada por las sanciones impuestas a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que posee el 51 por ciento de las acciones de dicha empresa de capital mixto. Esta ha funcionado como sombrilla de un sinnúmero de negocios privados, desde que en 2007 se firmó un acuerdo de cooperación entre Nicaragua y Venezuela, a través del que se prometían beneficios en doble vía y proyectos que se vendieron como emblemáticos, pero que nunca vieron la luz. Se estima que la cooperación petrolera con Venezuela ha permitido el ingreso de más de cuatro mil millones de dólares, que han sido manejados de forma discrecional.
Ese fue el inicio de una cadena de sanciones que golpearían las finanzas del régimen orteguista. El economista Róger Arteaga explica que la estrategia del Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido clara desde el principio, apuntar hacia los negocios de la familia presidencial. “Minar el esquema financiero de la familia Ortega Murillo”, dice Arteaga.
Solo en 2019 las sanciones apuntaron hacia Albanisa, el Banco Corporativo (Bancorp) y el negocio de combustibles, por medio de la empresa Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), Zanzíbar, Servicios de Protección y Vigilancia (El Goliat), Difuso Comunicaciones y Mundo Digital, y la última, la Caja Rural Nacional (Caruna), este viernes pasado.
1. Primer golpe: Albanisa
¿Pero cómo han afectado las sanciones de Estados Unidos a los principales negocios del régimen orteguista? Empecemos por Albanisa. Seis meses después de las sanciones, la que se había posicionado desde 2009 como la principal importadora de fuel oil, derivado de petróleo que se utiliza para la generación de energía eléctrica, dejó de importarlo.
Estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (Minas) sobre las importaciones petroleras de enero a septiembre 2019, indican que Albanisa solo importó cien mil barriles de Gas Licuado de Petróleo (GLP), equivalente a 2.87 millones de dólares.
Las sanciones también vinieron a profundizar la debacle de las exportaciones, que ya venían por mal camino desde 2014, como efecto de la situación económica que enfrentaba Venezuela. A ese mercado se envió leche, carne, frijol, café, que en su mejor momento, en 2012, logró ventas por 444 millones de dólares.
Las sanciones a Albanisa desarticularon por completo a Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa), el brazo exportador de la dictadura y mediante el cual controlaba el negocio comercial entre Venezuela y los empresarios nicaragüenses. Tal ha sido el impacto de las sanciones, que Venezuela pasó de ocupar el segundo mercado más importante para Nicaragua y ya para el 2019 prácticamente los envíos se redujeron a cero, tendencia que se mantiene hasta la fecha.
2. Segundo Golpe: Bancorp
Para el economista Enrique Sáenz, todas las sanciones han significado golpes, unos de mayor magnitud que otros. Tres meses después de las sanciones a Albanisa, el Departamento del Tesoro sancionó al Banco Corporativo SA (Bancorp), este fue señalado de haber sido “creada como una subsidiaria del Gobierno de Venezuela y fundada en el 2014. Bancorp es el banco utilizado por el régimen de Ortega para lavar dinero de Albanisa. Bancorp es utilizado por el presidente Ortega para lavar dinero del Frente Sandinista de Liberación Nacional”, apuntó el comunicado.
Poco antes de la sanción, Bancorp intentó desligarse de Albanisa y PDVSA, pero de nada sirvió, el 17 de abril fue designado junto a Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, “por estar involucrado en una vasta red de corrupción”.
La sanción a Bancorp, según Sáenz, significó que “le cortaron un brazo financiero de gestión del conglomerado empresarial y de trasiego de fondos”. Al no tener ese “brazo” ya no se cuenta con un instrumento que facilita centralizar los fondos, canalizar créditos, relacionarte a nivel internacional. El Banco manejaba unos 2,550 millones de dólares correspondientes a seis fideicomisos al cierre de 2018, según reveló una auditoría de la firma británica Moore Stephens, los cuales regresaron a Caruna antes que las sanciones alcanzaran a Bancorp, en un intento de descontaminarse, que no funcionó.
El régimen buscó cómo proteger al banco y ordenó que el Estado lo comprara por 743.05 millones de córdobas (unos 23 millones de dólares) del Presupuesto General de la República, pese a que la operación fue aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, nunca se publicó en La Gaceta, Diario Oficial. La sanción provocó la disolución del banco.
“Haber cortado ese brazo financiero desnudó, de nuevo, esta centralización que habían hecho con el patrimonio de Caruna”, explicó Sáenz.
3. Tercer golpe: DNP y Zanzíbar
El tercer golpe fuerte llegaría el 12 diciembre. La empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) junto a Inversiones Zanzíbar fueron sancionadas por controlar, financiar y lavar dinero del régimen de Daniel Ortega.
Investigaciones periodísticas de LA PRENSA revelaron que los combustibles se habían convertido en uno de los principales negocios del régimen orteguista. DNP, antes de la sanción era la principal importadora de derivados de petróleo. Dos días después de la sanción, el régimen nacionalizó, mediante una ley enviada con trámite de urgencia a la Asamblea, los inventarios de combustibles de la empresa, con el objetivo de evitar un desabastecimiento.
Aún se desconoce qué empresa está manejando dichos inventarios, pero lo cierto es que las sanciones provocaron el cierre repentino de varias estaciones. Desde hace más de seis meses, 15 estaciones de DNP están sin funcionar por supuesto mantenimiento, pero en todo este tiempo no se ha observado ningún tipo de movimiento relacionado con ello. Este Diario informó que según el análisis de César Arévalo, especialista en mercados de hidrocarburos, en los últimos diez años, DNP obtuvo una ganancia aproximada de 426 millones de dólares, en promedio de 42.6 millones de dólares al año.
El negocio había sido conducido por Yadira Leets Marín, exesposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo. Antes de las sanciones, los Ortega Murillo intentaron proteger su principal negocio familiar, transformando la imagen de las estaciones y desvinculándolas con la DNP, sin embargo esto no evitó que Estados Unidos les recetara “muerte financiera”.
Para el economista Sáenz “haberle quitado el negocio a DNP fue un golpe no de caja chica, sino que de caja grande de ingresos”. Aunque estas sanciones han puesto en serios apuros al régimen orteguista, obligándolo a hacer movidas legislativas infructuosas, ¿quién lo sigue financiando? Sáenz explica que esto se debe a que el régimen ha tenido la oportunidad de compensar, no totalmente, pero de forma parcial, con otro negocio: el de la energía.
El régimen obtiene ganancias de plantas térmicas a las que se le paga por potencia instalada, pero que generan poco, también lo hace por compras de energía en Centroamérica más barata que se vende más cara en el país, y no hablar del aumento en la tarifa eléctrica, que al cierre de 2019 se calculó que aumentó casi un 20 por ciento, de forma disfrazada. “De alguna manera esa sigue siendo la principal fuente”, sostuvo Sáenz.
4. Cuarto golpe: dificultades para operar plantas eléctricas
Arteaga recuerda que aunque hay activos que quedan a estas empresas, sus transacciones no las puede ejecutar el Sistema Financiero Nacional o internacional, sus operaciones financieras están bloqueadas. El economista explica que el Departamento de Estado “no se va a quedar con los brazos cruzados” sancionando a instituciones, y que después estas utilicen testaferros par seguir alimentando a la familia presidencial financieramente. A toda persona que vayan encontrando que funciona como testaferro de las instituciones la van a sancionar, explica Arteaga.
De hecho LA PRENSA ha informado que varias plantas de Alba Generación se encuentran paralizadas y obsoletas debido a que las sanciones de Estados Unidos han impedido que esta pueda importar sus repuestos, pero aún así el Estado le sigue pasando bajo el concepto de pago por capacidad instalada.
Patricia Rodríguez, especialista en temas energéticos, explica que las sanciones sí han tenido un impacto en la generación eléctrica. Por ejemplo, las plantas térmicas de Albanisa, las Che Guevara ahora generan muy poco; sin embargo se siguen pagando contratos altos con estas plantas térmicas, mientras utilizan otros mecanismos para compensar esta falta de generación, por ejemplo, con importación del mercado regional. Ahora, con respecto a la Distribución, en manos de Disnorte-Dissur, no se conoce quién es el responsable del 84 por ciento restante de la empresa, ya que el Estado está a cargo del 16 por ciento.
5. Quinto golpe: El Goliat
Junto con DNP y Zanzíbar, el 12 de diciembre del 2019 Estados Unidos también desarticuló la empresa de seguridad El Goliat, que ha recibido millones en contratos gubernamentales y brinda servicios de protección para las empresas familiares de Ortega, según informó el Departamento del Tesoro cuando aplicó el castigo.
Solo en septiembre del 2020, la Alcaldía de Managua decidió contratar por un año a esta empresa para que cuide cuatro instalaciones deportivas: el Estadio Nacional Dennis Martínez, el Polideportivo Alexis Argüello, el Complejo de Piscinas Michelle Richardson y las canchas de tenis ubicadas en la primera etapa del Parque Luis Alfonso Velásquez. El monto total del contrato fue de 10.1 millones de córdobas. La Alcaldía no reveló cuántos oferentes participaron en la licitación pública.
6. Sexto golpe: Difuso Digital
El 17 de julio de este año Estados Unidos volvió a aplicar una estocada a otro negocio de la familia Ortega Murillo: Difuso Digital, “una compañía de relaciones públicas y publicidad que produce la mayoría de las campañas publicitarias de radio y televisión para el Gobierno de Nicaragua, varias instituciones gubernamentales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional».
A través de esta empresa la familia presidencial se lucraba de fondos del Estado mediante la producción publicitaria, que se financiaba con el Presupuesto General de la República, convirtiéndose en una competencia desleal para las demás empresas que están en este mercado de la publicidad, en su mayoría pequeñas.
En 2018, LA PRENSA también reveló que el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) otorgaba contratos a Difuso Digital Sociedad Anónima para el «servicio de publicidad y propaganda para alquiler de los espacios traseros de buses para instalación de publicidad impresa en vinil adhesivo», contraviniendo directamente Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.
Sin Bancorp, sin exportaciones a Venezuela y con un negocio de combustibles fracturado, ¿cómo afectan las nuevas sanciones a Caruna?
7. Séptimo golpe: Sanciones a Caruna
Aunque era de esperarse que las sanciones llegarían a la Caja Rural, y por ende, se creería que el régimen moviera su dinero con premeditación, el golpe no deja de ser fuerte. Sáenz, quien ha seguido de cerca todo el entramado que ha implicado el acuerdo petrolero desde sus inicios, explica que es posible que el régimen haya intentado sustituir su capital con “empresas mampara y con testaferros, pero eso tiene un límite, no lo pueden hacer todo, ni pueden confiar en tantos testaferros”, expresó.
Recordó que son más de 2,500 millones de dólares en 2018, que seguramente crecieron en el 2019, y mover esa cantidad de plata en una economía como la nicaragüense no es tarea fácil. Sáenz considera que la decisión de transformar el Registro Público de la Propiedad en clandestino, buscaba la constitución de estas empresas de maletín que les permitiría fraccionar y disfrazar su capital, pero la disyuntiva es que no se puede colocar todo. Lo que hasta ahora se desconoce es cuánto dinero de los Ortega-Murillo quedó bloqueado.
Unas sanciones obstaculizan su “tubería”, otros la sangran, y otros, esterilizan los negocios, porque los bancos ya no abren cuentas, ya no pueden ser sujeto de créditos, es decir, “hay una alteración del microclima de negocios de estas empresas”, sostiene el economista. Caruna fue sancionada por “haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o bienes o servicios en apoyo del Banco Corporativo, SA (Bancorp), una entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13851”.
8. Octavo golpe: ¿Y el hotel Seminole?
Los Ortega Murillo ya habían padecido un revés provocado por las consecuencias de la crisis sociopolítica que desarrolló su respuesta brutal a la protesta cívica en 2018. Investigaciones de LA PRENSA confirmaron que Albanisa compró el Hotel Seminole, que cerró sus puertas a mediados de 2018 y dos años después, sigue sin reabrirlas. No hay explicación clara de lo que está ocurriendo con el hotel, que forma parte del entramado de los negocios Ortega-Murillo.
El hotel, de 85 habitaciones y situado en una zona céntrica de Managua, fue comprado junto a dos fincas ganaderas que la Tribu Seminole tenían en la península Chiltepe, en la que pastaban tres mil cabezas de ganado de la mejor calidad. La adquisición habría rondado los 11 millones de dólares y fue reconocida públicamente por el mismo Ortega.
El segundo país más pobre de América Latina
Pero más allá del impacto de las sanciones de Estados Unidos en la fortuna de la familia Ortega Murillo, que se autodenomina el Gobierno de los pobres, lo cierto es que estas sanciones han dejado al descubierto el poderío económico que Ortega ha construido a lo largo de casi 15 años en el Gobierno, mientras Nicaragua se mantiene como el segundo país más pobre de América Latina.
El Banco Mundial advirtió recientemente que más de 240 mil nicaragüenses habían caído en pobreza en los últimos dos años de crisis económica y política, lo que refleja la fragilidad de los nuevos no pobres que el Gobierno celebra, mientras sus negocios crecían a la sombra de la corrupción y a costa del erario.