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La pareja de dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega podrían retener el poder pero a un alto costo para Nicaragua. Estados Unidos continúa presionando para que cambien el rumbo del país. LA PRENSA/ PRESIDENCIA

Hacia dónde va Ortega y qué deben esperar los nicaragüenses. El futuro es incierto

Miembros de la oposición y analistas políticos consideran que Ortega está centrado en esperar que pases los comicios en Estados Unidos y advierten de una radicalización de la crisis en el país

Tras sanciones de Estados Unidos, el régimen de Daniel Ortega tiene dos opciones: o endurece su represión, como al parecer está mostrando señales, o cede a hacer las reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes en noviembre del próximo años, según consideraron ayer analistas que indicaron cuál debe ser el papel de la sociedad y qué más puede aportar la empresa privada en un contexto más hostil a medida que se acerquen los comicios presidenciales en Nicaragua. Especialistas creen que Ortega reaccionará después de las elecciones en Estados Unidos en noviembre próximo.

Las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos funcionarios del régimen de Daniel Ortega y una de sus entidades financieras, han golpeado a tres pilares importantes de la dictadura como son Ana Julia Guido, del Ministerio Público; Paul Oquist, de asuntos exteriores y Caruna, considerada la caja chica del orteguismo, según valoró el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.

“Doña Julia Guido es un instrumento de la dictadura para inventar casos en contra de manifestantes y opositores, entonces esa capacidad represiva es fuertemente golpeada ahora. La sanción a (Paul) Oquist afecta la capacidad administrativa del régimen en el exterior, lo inmoviliza y en el pilar económico la sanción a Caruna”, expuso Chamorro, quien destacó el hecho de que Guido es la primera funcionaria del sistema de justicia “por lo que se puede prever que más personas funcionarias del sistema de justicia vayan a también ser afectadas en un futuro”.

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No obstante, tanto el politólogo José Antonio Peraza como el exdiplomático José Dávila Membreño, consideran que aunque estas sanciones son señales de la preocupación persistente de la comunidad internacional sobre la crisis en Nicaragua, el hecho de que Ortega no haya reaccionado a este castigo significa que está esperando su mejor momento para hacerlo a través de la negociación, mientras prevén que se radicalice la crisis en el país.

“Definitivamente el régimen está acosado y todavía no ha dado muestras de flexibilidad. El mimo (Luis) Almagro dijo que Ortega es uno de los tipos más duros de entender que se le están mandando mensajes para que haga una variación. Básicamente la idea de todas estas sanciones es que acepte las reformas electorales y que pasemos a un proceso de normalizar la situación para que podamos entrar en un proceso electoral”, argumentó Peraza, quien valoró que el régimen podría empezar a ceder después de las elecciones de Estados Unidos.

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Por su parte, Dávila manifestó que aunque los nicaragüenses esperan que el régimen de pasos hacia la democratización del país a través de reformas electorales, promover un ambiente propicio para ese proceso, detener la represión y liberar a los presos políticos, la dictadura no ha dado muestras de quererlo hacer.

“Lamentablemente el gobierno aún no reacciona en sentido favorable para Nicaragua y más bien podría entenderse que está dispuesto a radicalizar la crisis y su dictadura, el gobierno parece haber perdido la brújula y, en vez de dar pasos hacia la estabilidad y la normalización del país, parece encerrarse aún más en su concepción totalitaria, lo que no es un buen preludio para lo que nos puede esperar a los nicaragüenses en un futuro cercano”, señaló Dávila.

Más presión internacional

Sobre los mecanismos de presión en contra de la dictadura por parte de la misma comunidad internacional, las tres fuentes consultadas coinciden en que la Organización de Estados Americano (OEA), a través de la Asamblea General que se prevé realizarse el próximo 21 de octubre, emita una resolución más contundente contra Ortega.

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“Viene la Asamblea General de la OEA donde posiblemente vaya bajo la misma tónica de lo que vimos en el Parlamento Europeo pidiendo reformas, condiciones habilitantes como libertad de presos políticos, regreso de libertades públicas, los derechos constitucionales”, valoró Peraza, quien además descartó que la OEA no declarará al régimen orteguista como un gobierno ilegítimo.

Por su parte, Chamorro espera de que toda la presión internacional “vaya en ese objetivo de forzar a la dictadura junto a la acción internas de provocar reformas electorales para devolverle el voto robado por la dictadura al pueblo de Nicaragua”.

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A valoración de Dávila, la comunidad internacional siempre espera que después de cada presión haya una reacción del gobierno “y mientras no haya esa reacción, me imagino que la comunidad internacional considerará seguir viendo otros mecanismos”.

¿Qué queda por hacer a lo interno?

Para Dávila, ante la radicalización de la represión por parte del régimen y la criminalización de la protesta, a los nicaragüenses les queda “seguir resistiendo, seguir denunciando los desmanes y las violaciones a los derechos humanos y presionar para que hayan reformas electorales y elecciones libres”.

“Si hay elecciones libres, estamos obligados de unirnos todos los opositores alrededor de una sola alianza electoral, un solo candidato, un solo programa de gobierno, decisión que tendríamos a más tardar a mayo del próximo año”, agregó.

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Mientras tanto, Chamorro considera que se debe insistir en el trabajo político organizativo y de presión para provocar la liberación de los presos y la implementación de un estado de derecho. “Debemos continuar esta lucha y además hacer un llamado al pueblo en general de que cerremos filas para que estas libertades sean restituidas, se de la libertad de los presos políticos y las reformas necesarias para encontrar una solución a esta lucha pacífica”, mencionó Chamorro.

No obstante, José Antonio Peraza asegura que pese a los riesgos, la ciudadanía y todos los movimientos de la oposición “deben implementar nuevos métodos de lucha, que son complicados, pero hay que tomar riesgos, en el sentido de cuestionar al régimen en las calles”, al mismo tiempo que cuestionó la pasividad del sector privado.

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“La empresa privada está más concentrada en mantener la estabilidad y no tener pérdidas que limiten la ya deteriorada capacidad económica para empleo o para el trabajo. Las cosas se van a definir dependiendo el rumbo, sin embargo, la empresa privada no puede continuar de brazos cruzados dejando que sean unos pequeños grupos los que corran todos los riesgos mientras ellos están cómodamente viendo desde palco”, cuestionó Peraza.

Represión en último paro nacional “fue brutal”

Sobre la posibilidad de realizar un paro nacional, el director ejecutivo de la Alianza Cívica aseguró que esta sigue entre las opciones de lucha que puede realizarse a lo interno, aunque argumentó que el último paro que se realizó por el asesinato del preso político Eddy Montes Praslin, en 2019, no tuvo la efectividad esperada por la represión del orteguismo.

“Este (paro nacional) es un método de protesta que está dentro de las posibilidades y del arsenal de acciones de lucha cívica, pacífica y no violenta. Pero hay que tomar en cuenta que la represión que se dio en el último paro fue brutal, la DGI tomó fotografías a negocios que se sumaron y eso es un aspecto importante. Las condiciones de represión han empeorado y eso hace que sea necesario de un trabajo de coordinación más complejo porque la represión va contra quienes deciden pararse”, argumentó Chamorro.

Por su parte, el exdiplomático José Dávila dijo a LA PRENSA que aunque el planteamiento de un paro nacional por parte de la población para presionar a Ortega demuestra que “el pueblo está ansioso de avanzar en esta lucha”, aclaró que “por el momento en la oposición no se ha planteado eso (paro nacional)”.

“Los distintos instrumentos de lucha tienen que reunir ciertas condiciones para hacer efectivas en su momento. Entre las condiciones están estar seguros de que tenga una efectividad, que el régimen no va a reprimir, que el régimen no va a incidir en que no se realice y por el momento pienso que la prioridad es exigir reformas electorales y exigir elecciones libre”, explicó Dávila.

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