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La deforestación es el principal problema ambiental en Nicaragua, dicen los expertos. LA PRENSA/ ARCHIVO

Denuncian desprotección ambiental, mientras régimen asegura que es una de sus prioridades

El director del Centro Humboldt destacó el hecho de que la gestión pública en Nicaragua ante el cuido del medioambiente "está en su punto más bajo"

Organizaciones ambientales locales y nacionales realizaron este martes un foro donde expusieron las problemáticas de deterioro ambiental en el país, agudizadas con la pandemia del nuevo coronavirus. Entre los principales problemas destacaron la explotación minera, el despale indiscriminado y la extensión de la producción agrícola en reservas de biosfera del país, lo que contradice la supuesta implementación de una “política de cuido, protección y preservación de la naturaleza y el medioambiente” que pregona el régimen orteguista.

Según el informe publicado este martes por el régimen —titulado El Pueblo Presidente comprometido en proteger y preservar la naturaleza y el medioambiente—, las políticas “han tenido la finalidad de fortalecer la economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa, como vía para reducir la pobreza y la desigualdad, aumentar la producción y la productividad, fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria y adaptar el país al cambio climático”.

No obstante, para Víctor Campos, director del Centro Humboldt, los incrementos de los niveles de pobreza en el país producto de la pandemia han hecho que la gente “vaya a echar mano de los recursos naturales para su propia sobrevivencia”, lo que representa una amenaza ante dichos recursos.

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“Hay una cantidad importante de personas que han caído en el desempleo, hay una cantidad importante de gente que viajaba hacia Costa Rica que no ha estado yendo y esto ha hecho que la gente tenga que utilizar recursos que tengan a mano, y lo que tienen a mano para resolver su tema de manutención son los recursos naturales”, señaló.

Agregó que pese a los problemas como el incrementado del tráfico de especies, la expansión de actividad minera industrial y la actividad de pequeñas minerías, las poblaciones locales que son directamente afectadas han tenido “menos posibilidades para poder defender el medioambiente y los recursos naturales por razones de criminalización que se viven en el país hacia la defensa de los bienes naturales”.

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El director del Centro Humboldt destacó el hecho de que la gestión pública en Nicaragua ante el cuido del medioambiente “están en su punto más bajo”. “Nunca antes en el país los problemas ambientales y la gestión pública del ambiente están en su punto más bajo y es cuando menos financiamiento han tenido (las instituciones) para este trabajo y estas instituciones realmente no están llenando el cometido por el que fueron creadas”, cuestionó.

Según el informe del régimen, a lo largo de los años tanto el Ministerio de los Recursos Naturales (Marena) como la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) han tenido avances significativos en “disminuir el impacto ambiental y de salud de este tipo de minería”, aclara en referencia a la minería artesanal.

Régimen ignora impacto de la minería industrial

En el documento, el régimen destaca solamente su “estrategia” para disminuir el impacto de contaminación por mercurio en cuanto a la minería artesanal, sin referirse en lo absoluto al impacto ambiental provocado por la minería industrial, que a criterio del director del Centro Humboldt se han aprovechado de las que considera “escasas posibilidades de la defensa de los bienes naturales por parte de las poblaciones locales” para aumentar sus actividades de extracción, “en particular la minería de oro que están siendo abierta”.

“En San Albino hay una inversión grande y una empresa minera instalada para explotar una cantidad importante. La empresa Condor Gold también está en un proceso de concentración de las propiedades para seguir la explotación, todos sin procesos de consultas apropiados”, detalló Campos.

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Aunque el régimen destaca que la provisión de servicios ambientales, la contribución al recurso hídrico, el secuestro de carbono, la biodiversidad y la polinización de los cultivos son parte de sus principales avances en materia forestal, para organizaciones ambientales la deforestación sigue causando estragos en las zonas verdes del país.

“Sigue el caos y el tema de la pandemia ha ayudado para que se debiliten los ya escasos niveles de regulación y control que existían. Como se sabe está el despale de la cordillera Dipilto-Jalapa, que también se ha hecho en tiempos de pandemia, las entradas en las reservas de biosfera, en la Reserva Indio Maíz principalmente”, denunció Campos.

Pese a que el régimen señala que la última década se han registrado “70 mil hectáreas de bosques plantados” producto de “las iniciativas de plantaciones forestales, tanto del sector público como el privado”, el director del Centro Humboldt aseguró que solamente en la Eeserva Indio Maíz, por poner un ejemplo, al menos medio millón de hectáreas de bosque se han perdido en los últimos 6 años.

Apuestan a recuperación económica sostenible

Aunque proyectan una recuperación de los distintos países respecto a la economía producto del impacto que ha dejado la pandemia, las organizaciones ambientales están promoviendo que dicha recuperación se haga de manera sostenible y respetuosa con el ambiente.

“El maltrato del ambiente ha tenido como telón de fondo la aparición de la pandemia y estamos promoviendo que este reinicio sostenible sea con la participación de todos los sectores”, dijo Campos.

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Campos destacó que producto de la pandemia, las organizaciones ambientales han sufrido una disminución de los recursos obtenidos a través de otros organismos, que ha dificultado la realización de proyectos encaminados a la conservación del medioambiente. “Incluso algunas organizaciones han tenido que cerrar. Algunas sobrevivimos, aunque no en las mejores condiciones”, señaló.

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