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"Ley Putin", orteguistas, injerencia interna y externa, sanciones, Nicaragua, agentes extranjeros

Los orteguistas Wálmaro Gutiérrez y José Figueroa coordinan la Comisión Económica, donde se endureció la «Ley Putin». LA PRENSA/ TOMADO DE ASAMBLEA NACIONAL

Orteguistas endurecen la «Ley Putin». Amplían las amenazas contra opositores y dejan una trampa con las remesas

Los orteguistas hicieron un maquillaje de la ley en algunos aspectos técnicos, pero dejaron abiertas las puertas para establecer el espionaje financiero y acciones penales para aquellos ciudadanos que sean considerados una amenaza al régimen.

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El dictamen de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros o «Ley Putin» endureció las formas de represión ciudadana que ya establecía el anteproyecto. Extendió las amenazas de acciones penales y de cercenar los derechos políticos a todo aquel que quiera ser candidato en unas elecciones, al establecer que serán clasificados como «agentes extranjeros» todo ciudadano y organización que reciba fondos de gobiernos y agencias extranjeras y realice actividades que representen una «injerencia en los asuntos internos como externos», con el supuesto de que eso representa una «amenaza a la seguridad del Estado».

En el dictamen, elaborado por el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, y su equipo de asesores, se observa que ya no solo se criminalizará a las personas y organizaciones que realicen acciones en Nicaragua que, para el régimen sean consideradas «injerencia» de gobiernos extranjeros en el país, sino que también las actividades que se hagan fuera del país en contra de la dictadura de Daniel Ortega.

La oposición, así como asociaciones de familiares de las víctimas de la represión y exiliados gestionan en foros internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) que se declare ilegítimo al gobierno de Ortega, por la represión que sostiene desde abril del 2018, así como por negarse a realizar reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes.

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Además se mantienen constantes denuncias en contra de la dictadura por violaciones a los derechos humanos ante organismos como Naciones Unidas. Los grupos opositores y familiares de víctimas han pedido ampliar las sanciones contra funcionarios del régimen de Ortega y su cogobernante Rosario Murillo. Con la versión final de la «Ley Putin» esas acciones serán consideradas una «injerencia en asuntos externos» del país.

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El artículo 1 del anteproyecto, mejorado por los orteguistas, cita que «la presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales y jurídicas nacionales o de otra nacionalidad, que respondiendo a los intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país».

Aunque se incorporó con más claridad una serie de excepciones sobre las personas y organizaciones que no estarán obligadas a registrar sus recursos y actividades cuando provengan de financiamiento exterior, la diputada liberal y exministra de Comercio, Azucena Castillo, consideró «un simple maquillaje» ese dictamen de la «Ley Putin», firmado la tarde de este lunes 12 de octubre en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. Ahora la propuesta del régimen pasará a discusión en el plenario de la Asamblea Nacional para ser aprobada, lo que sucedería esta misma semana.

Según explicó la legisladora Castillo, el texto elaborado por el presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez y su equipo de asesores, si bien mejoró la redacción para «hacerlo más entendible y ajustado a la técnica legislativa, en el fondo es la misma ley amenazante, que segrega a los nicaragüenses y penaliza con multas y acciones legales» a personas, asociaciones y empresas que reciban financiamiento de agencias y gobiernos extranjeros.

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Las trampas en las remesas familiares

Aunque en la Comisión Económica incorporaron con más claridad los sectores que no serán obligados a registrar sus operaciones, cuando reciban financiamiento internacional, no significa que quedan fuera de la amenaza de ser perseguidos legalmente por el régimen, si en algún momento el Ministerio de Gobernación considera que sus actividades buscan alterar el orden interno de Nicaragua por intereses de gobiernos extranjeros.

Es el caso de las personas que reciben remesas familiares, las cuales no serán consideradas agentes extranjeros. Sin embargo, los diputados orteguistas dejaron una trampa en el anteproyecto final de la «Ley Putin», porque el concepto de qué es remesa familiar será definido por el monto y la periodicidad con que se reciban los recursos, de acuerdo con un ajuste que resolverá el Banco Central de Nicaragua (BCN), el cual no se conoce en este momento.

Gutiérrez informó en la Comisión Económica que el «consejo directivo del Banco Central ya está trabajando en esa resolución».

Se incorporaron entre las excepciones a los «organismos internacionales de carácter humanitario, así como a las misiones diplomáticas, organismos internacionales, agencias de cooperación y el personal de estas entidades, debidamente acreditadas en Nicaragua conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas». De esta forma se cubrió el vacío que tenía el anteproyecto inicial. Como organismo de «carácter humanitario» clasificarán aquellos conforme lo establezcan las definiciones de Naciones Unidas, según los orteguistas.

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"Ley Putin", orteguistas, injerencia interna y externa, sanciones, Nicaragua, agentes extranjeros
Asamblea Nacional negó el acceso al equipo de LA PRENSA para dar cobertura a la reunión de la Comisión Económica. LA PRENSA/ Jader Flores

Censuran a LA PRENSA

El área de Prensa y la Policía Orteguista en la Asamblea Nacional impidieron a LA PRENSA y a otros medios independientes ingresar a la sede parlamentaria, donde se desarrolló la reunión de la Comisión Económica. Solo los medios de la propaganda del régimen tuvieron acceso.

La doble instancia

Sin embargo, LA PRENSA obtuvo el dictamen que presentó Gutiérrez al resto de diputados, a quienes dijo que era «una propuesta mejorada» de la «Ley Putin» original. Los cambios esenciales son que el Ministerio de Gobernación deberá tener una orden judicial para «intervenir los fondos y activos» de las organizaciones y personas que considere «agentes extranjeros», cuando no se registren como tales, o se les acuse de violar la nueva ley.

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Originalmente, el Ministerio de Gobernación podría paralizar los bienes administrativamente. Pero los funcionarios de Gobernación conservarán el poder de suspender la personería jurídica a una organización, así como solicitar a los diputados que la cancelen definitivamente.

De acuerdo con lo explicado por Gutiérrez, según la información obtenida, se mejoró la redacción del artículo 15 de la «Ley Putin», estableciendo «la doble instancia». Según la diputada Castillo, en la reunión el diputado orteguista aceptó que como estaba la propuesta original era un error, porque las intervenciones de los bienes y propiedades «no se hace por decisión de un órgano administrativo», como es en este caso el Ministerio de Gobernación, dado que esto sería «abiertamente confiscatoria». Por lo tanto, para intervenir bienes y propiedades de los infractores de la norma «debe pasar por una autorización judicial previa».

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Las amenazas a la «seguridad nacional»

A lo que no desistió el régimen fue a criminalizar a las organizaciones y personas que reciban financiamiento extranjero, al considerar que sus actividades son una «injerencia» en los asuntos internos del país y por tanto «una amenaza a la seguridad nacional».

La redacción del dictamen es más precisa con la amenaza de que quienes incumplan los plazos y reglas de control se sujetan a «las responsabilidades penales por la realización de actos que amenacen la seguridad soberana de la nación, determinada por la autoridad judicial».

Una vez sea aprobada la «Ley Putin», el plazo será de sesenta días para que toda organización que clasifique como «agente extranjero» se inscriba en el Ministerio de Gobernación, y mensualmente reporte sus estados financieros, donantes y uso de los recursos.

Quien no se inscriba voluntariamente será llamado por Gobernación para hacerlo, dándole cinco días para cumplir, porque si incumple sería multado. En el dictamen se mantuvo otro vacío del anteproyecto de Ley, porque no establece el monto económico de la sanción que deberá aplicarse.

La calificación de los «agentes extranjeros»

Los orteguistas no renunciaron a las violaciones a los derechos de participación en asuntos políticos establecidos en la Constitución. El artículo 14 de la propuesta dictaminada mantuvo que los clasificados como «agentes extranjeros» deberán «abstenerse, so pena de acciones penales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política externa o interna».

Tampoco pueden financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización o movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas. Ese mismo articulado cercena el derecho  de que «estas personas naturales no podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cualquier cargo público de cualquier naturaleza».

Según la información obtenida, el diputado Gutiérrez argumentó que eso quedaba porque los representantes de las organizaciones y agencias con financiamiento de gobiernos o asociaciones extranjeras «defienden los intereses de sus mandatos, de sus representantes, y como obviamente sus representantes no pueden inmiscuirse en asuntos internos», entonces la prohibición se extiende a la persona que en Nicaragua funge como representante legal.

«Debemos evitar el conflicto de intereses, porque si una persona natural o jurídica representa intereses extranjeros, no pueden representar los intereses legítimos de los nicaragüenses», según lo dicho por Gutiérrez, aseguró la diputada Castillo.

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La legisladora liberal descalificó esos argumentos de los orteguistas. «Solo buscan justificar que se están violando derechos constitucionales, como es el derecho de todo nicaragüense a participar en política sin ningún impedimento, más que los ya establecidos en la Constitución y la Ley Electoral. Saben que esto es para decir ellos quiénes serán candidatos en las elecciones, todo es para bloquear a los opositores», criticó Castillo.

«Los medios de comunicación social internacionales y sus corresponsales» tampoco estarán obligados a reportarse ante el Ministerio de Gobernación. Quedaron fuera, porque según Gutiérrez, ellos «están coordinados y plenamente monitoreados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Telcor».

Las organizaciones sin fines de lucro de carácter religioso también quedaron entre las «excepciones» de la «Ley Putin», pero solo las que previamente tengan un registro legal del Ministerio de Gobernación.

Excepciones peligrosas

Aunque hay una serie de sectores exonerados de no reportar todos sus recursos y bienes provenientes de donantes o financiadores extranjeros, en la práctica el régimen instaurará un sistema de persecución para todos los ciudadanos y agrupaciones, debido a que en el párrafo final del artículo 5, referido a las «excepciones», se dejó latente las acciones penales para aquellos que la dictadura considere una «amenaza a la seguridad del Estado».

«En el caso de las personas exceptuadas por la presente ley lleguen a realizar actividades que deriven de injerencia de personas naturales o jurídicas, gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, se aplicarán las disposiciones correspondientes de la legislación vigente», reza ese articulado.

Amenazan con sancionar a diputada

La legisladora Castillo insistió a los orteguistas en que debe detenerse la aprobación de la «Ley Putin» por las consecuencias que traería al país, no solo por ser inconstitucional, también porque «es real la advertencia de la Unión Europea de sacarnos del Acuerdo de Asociación» que existe con Centroamérica.

«Hay una persecución, es una plataforma para crear competencia desigual a la oposición, no es conveniente. El pueblo vive angustiado por la constante represión, esa ley tiene una serie de ilegalidades. Hay segregación de gente sujeta a multas y penalidades administrativas, pero también se quedarán sujetas a medidas del Código Penal. Todas estas leyes amenazan a la cooperación externa y el Gobierno lo sabe, pero parece no importarle dañar más al pueblo», criticó Castillo.

Debido a que la diputada Castillo se salió de la reunión antes que el dictamen de la «Ley Putin» fuese firmado, los orteguistas le advirtieron que sería sancionada quitándole un día de salario porque para ellos estaba ausente del trabajo. «Ese es su estilo, amenazar, yo cumplí, llegué y expliqué mi posición e informé que la bancada del PLC presentará un dictamen de minoría», dijo Castillo a LA PRENSA.

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