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Ley Putin, agentes extranjeros, periódicos, libertad de expresión, Nicaragua

Los diputados orteguistas y sus aliados de ALN-PLI y Apre sesionaron en San Carlos, Río San Juan, este 13 de octubre. Se trató de una actividad más partidaria del FSLN. LA PRENSA/ TOMADO DE ASAMBLEA NACIONAL

Libros, películas, anuncios y hasta pinturas. Todo es criminalizado por «Ley Putin»

La dictadura de Daniel Ortega criminalizará las publicaciones culturales, comerciales y periodísticas financiadas con fondos externos

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La dictadura de Daniel Ortega criminalizará las publicaciones en los periódicos y cualquier otro medio de comunicación, así como anuncios publicitarios y libros, pagados con fondos de organismos o personas que el régimen clasifique como «agentes extranjeros» o por implicar una «injerencia en los asuntos internos o externos» del país.

Esa persecución en contra del periodismo es otro de los aspectos agregados en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como «Ley Putin», por el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el orteguista Wálmaro Gutiérrez, y su equipo de asesores, quienes elaboraron la versión final del anteproyecto de ley.

La «Ley Putin» está prevista que sea aprobada en la Asamblea Nacional el próximo jueves 15 de octubre. Aunque los diputados orteguistas en la Comisión Económica aprobaron por mayoría la propuesta, deben esperar que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presente su dictamen de minoría, en el cual argumenten por qué la rechazan.

Hasta que ese proceso se cumpla, la nueva versión de la propuesta legislativa podrá ser discutida en el plenario de la Asamblea Nacional, donde al ser los orteguistas 70, de los 91 diputados miembros, la aprobarán como lo han hecho con todas las leyes que interesan al régimen de Ortega.

Criminalizan anuncios, películas, conferencias, libros

Entre los cambios más fuertes incorporados por el equipo de Gutiérrez en la iniciativa de ley está el artículo 3 referido a las «definiciones» de los sectores o sujetos a regulación por las autoridades competentes.

El diputado Gutiérrez agregó los conceptos de «agente de publicidad», «consultor político», «empleados de servicios de información» y «relacionista público» como parte de los que serán perseguidos con la «Ley Putin», que considerará esas profesiones como un riesgo de «injerencia a la soberanía» de Nicaragua, cuando realicen actividades financiadas con fondos de organismos o gobiernos extranjeros.

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El inciso 1 del artículo 3 define como «agente de publicidad» a «toda persona natural o jurídica que se dedica directa o indirectamente a la publicación o difusión de información oral, visual, gráfica, escrita o pictórica (pinturas) o de cualquier tipo de material, incluida la publicación por medio de anuncios, libros, periódicos, conferencias, transmisiones, películas, tecnología de la información y la comunicación entre otros».

Gutiérrez de esta forma llega al extremo de intentar callar el ejercicio de los medios de comunicación, así como la difusión de los mensajes de los sectores opositores en los que se denuncian la corrupción, abusos a los derechos humanos, así como las gestiones que se hagan ante la comunidad internacional para que se sancione y se adopten otras medidas en contra del círculo de poder de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El texto original de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, si bien incluía «al agente de publicidad» y a los relacionistas públicos, en el dictamen elaborado por el diputado orteguista Gutiérrez se incorporó los anuncios en los periódicos, así como cualquier otra forma de difusión de publicaciones que no se alinean al mensaje de la dictadura, y por lo tanto puedan ser clasificados  como una «injerencia en los asuntos internos y externos», cuando estos sean pagados por organizaciones y personas financiadas por gobiernos o agencias extranjeras.

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De esta forma se obligará a los propietarios de periódicos, radios, televisoras, así como a los medios en plataformas digitales, a registrar sus finanzas en el Ministerio de Gobernación, por cuanto serán establecidos como «agentes extranjeros» por publicar anuncios o comunicados de organismos, empresas, asociaciones y personas naturales que obtengan recursos internacionales para funcionar en el país.

La misma persecución sufrirán por parte del Ministerio de Gobernación los «empleados de servicios de información», porque la «Ley Putin» considerará un riesgo para la «seguridad nacional» como «la estabilidad económica y política del país», a «toda persona que se dedica a suministrar, difundir o publicar cuentas, descripciones, información o datos relativos a los beneficios, ventajas, hechos o condiciones de carácter político, industrial, laboral, económico, social, cultural o de cualquier índole que no sea de Nicaragua».

La dictadura criminalizará las actividades de los ciudadanos que publiquen mensajes «de cualquier gobierno extranjero, partido político extranjero o de una sociedad, asociación, corporación, organización o cualquier otra combinación de personas organizadas con arreglo a las leyes de un país extranjero o que tenga su sede principal en ese país».

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Quien sea relacionista público también será perseguido por el Ministerio de Gobernación con la nueva norma, al ser clasificado como un ciudadano u organización que funcione con recursos externos, ya sea asesorándole o realizándole campañas «de estrategias de comunicación, eventos, monitoreo de eventos y programas de imagen».

Someter a cualquier costo

«Extienden la criminalización a los periodistas. Atentan abiertamente contra la libertad de prensa al someter cualquier actividad relacionada con medios de comunicación. Esta ley es desbaratadora de todas las libertades, incluso la de pensamiento», criticó Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).

La dictadura de Ortega y Murillo enfila dos leyes nuevas en contra de la libertad de información y de prensa como es la de Regulación de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza» en la que se penalizan las «noticias falsas», que serán  aquellas que no favorezcan al régimen.

«La voz que no han podido detener es la de los medios de comunicación, que son el vehículo más creíble y efectivo para la  denuncia de los abusos que se cometen contra el pueblo. La propia Naciones Unidas ha considerado a los periodistas importantes en la defensa de los derechos humanos. El sandinismo de Daniel Ortega siempre ha querido silenciar esas voces, porque no quiere que el pueblo piense ni denuncie los crímenes, por eso el empeño de destruir a los medios de comunicación en todas sus formas de expresión», aseguró la presidenta del Cenidh.

«Esto no nos va a detener», afirmó director de Alianza Cívica

En la Comisión Económica se endureció la propuesta original de la Ley de Agentes Extranjeros al ampliar la persecución a las actividades que hagan fuera de Nicaragua las organizaciones y personas que sean financiadas con recursos de gobiernos o agencias internacionales,  que serán consideradas una «injerencia» que amenazaría la estabilidad social y económica interna.

Con esto, la dictadura criminaliza a los grupos opositores y a las asociaciones de víctimas de la represión que en la Organización de Estados Americanos (OEA) gestionan porque se declare ilegítimo al gobierno de Ortega y Murillo. Diversos sectores nicaragüenses también buscan que la Unión Europea y Estados Unidos amplíen las sanciones contra el círculo de poder del régimen.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, dijo que «nosotros ya creemos que Ortega es un presidente ilegítimo de origen por el robo de las elecciones y por las violaciones a los derechos humanos». Aseguró que pese a las amenazas «esto no nos va a detener» en la lucha por conseguir justicia, libertad y democracia en Nicaragua.

«Esta ley es una injusticia más. Es una copia burda de la que aprobó el dictador de Rusia, Vladimir Putin en el año 2012. Sabemos que esta ley será aprobada lamentablemente por la aplanadora que representan los diputados del régimen, porque no quieren permitir las libertades públicas, el derecho a informar y están negando el derecho a elegir libremente al pueblo por quién sea su nuevo gobierno. Es parte del cerco a los derechos constitucionales», dijo Chamorro.

El Parlamento Europeo advirtió que de aprobarse la «Ley Putin» y la «Ley Mordaza» se procedería a sacar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA), que existe entre Centroamérica y el bloque europeo.

Chamorro señaló que la dictadura al ignorar esas advertencias «pone al país en un contexto altamente represivo y tendrá un efecto colateral sobre el nivel de inversiones particularmente extranjeras», ya que no habrá quién coloque su dinero en Nicaragua cuando previamente sería perseguido.

 

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