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Opositores y organismos de derechos humanos reaccionan a la aprobación de la "Ley Putin"

Diputados orteguistas aprueban la «Ley Putin» de espionaje financiero

Esta ley criminaliza a las organizaciones, empresas, medios de comunicación y asociaciones que reciben fondos de agencias y gobiernos extranjeros, al establecer que sus actividades amenazan la estabilidad económica y política del país

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros o «Ley Putin» fue aprobada este 15 de octubre por la aplanadora de los 70 diputados orteguistas, quedando establecido de esta forma el nuevo mecanismo de espionaje financiero contra los ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones sociales y opositoras que reciban recursos de gobiernos y agencias extranjeras.

Los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) impusieron la ley de interés del dictador Daniel Ortega y su cogobernante Rosario Murillo, a pesar del riesgo de que la Unión Europea (UE) cumpla su advertencia y saque a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) que existe entre ese bloque y Centroamérica, entre otras advertencias diplomáticas.

Durante el debate los orteguistas se reían y burlaban de los liberales y de Yatama, cuando denunciaban que con esta ley el objetivo del régimen es criminalizar a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones sin fines de lucro y a los medios de comunicación.

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El Parlamento Europeo (PE) aprobó la semana pasada una resolución en la que se instó a la UE a aplicar nuevas sanciones al círculo de poder del régimen, incluidos Ortega y Murillo. También se resolvió activar las cláusulas del AdA, de llegar a aprobarse en Nicaragua la «Ley Putin» y la «Ley Mordaza» o de ciberdelito, por considerar que ambas violan el pacto sobre respeto a los derechos humanos.

El eurodiputado José Ramón Bauzá reaccionó a la aprobación de la primera ley encaminada a recrudecer el sistema totalitario en Nicaragua, y reiteró que la acción «no quedará impune».

«El dictador está decidido a continuar su escalada represiva en Nicaragua. Este ataque a la democracia no puede quedar impune. Es hora de cumplir el mandato del Parlamento Europeo: suspensión Acuerdo de Asociación y sanciones inmediatas a Ortega y Murillo», afirmó Bauzá en Twitter.

 

Una vez publicada en La Gaceta, Diario Oficial, la «Ley Putin» entrará en vigencia y empezará el plazo de 60 días para que las personas y organizaciones que reciben financiamiento externo registren de forma voluntaria a sus donantes, recursos y uso de estos en el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, ese ministerio podrá discrecionalmente determinar a quiénes someterán al control notificándoles que deben inscribirse en un plazo de cinco días. Quien no lo haga será multado, se le suspenderá la personería jurídica si es una organización o empresa e incluso se le cancelará.

El Ministerio de Gobernación con el reporte financiero de las asociaciones y personas podrá decidir, también discrecionalmente, que no hay cumplimiento de las normas y lo reportará a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como sospechosos de estar realizando actividades de lavado de dinero o con el crimen organizado. Con ese paso se perseguirá penalmente a los ciudadanos y organismos.

Acabaron con las libertades públicas

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, reiteró que esto se trata de una ley inconstitucional, siendo su objetivo «cercenar las libertades públicas y la capacidad operativa de organizaciones políticas que se oponen a la dictadura» de Ortega y Murillo.

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El daño será expansivo, ya que se ha expuesto a fundaciones, organizaciones que trabajan en temas sociales y derechos humanos, pero además «habrá consecuencias sobre proyectos de índole privado».

«Una vez más la dictadura orteguista ha actuado en contra de los intereses del pueblo nicaragüense y le ha hecho oídos sordos a las advertencias de la comunidad internacional sobre las consecuencias gravísimas de la aprobación de esta ley», denunció Chamorro.

Mañana viernes está previsto que sea dictaminado el anteproyecto de la «Ley Mordaza» o de Ciberdelito en las comisiones de Justicia, Educación y Servicios Públicos. Se trata de otro instrumento para perseguir penalmente a los ciudadanos que publiquen en las redes sociales, plataformas digitales y a los medios de comunicación informaciones en contra del sistema totalitario de Ortega y Murillo.

La «Ley Mordaza» sería aprobada la próxima semana en la Asamblea Nacional. El director ejecutivo de la Alianza Cívica manifestó que «de nuevo vemos a una dictadura» usando las normas partidariamente para intentar acabar con la resistencia ciudadana, que desde abril del 2018 le exige justicia por los crímenes, libertad y reformas electorales que garanticen elecciones democráticas.

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La directiva rechazó el dictamen de minoría de los PLC porque supuestamente no cumplía las formalidades. LA PRENSA/JADER FLORES

Anulan derechos políticos y económicos

«Esta es una aberración jurídica», denunció el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez. Agregó el parlamentario que el concepto de soberanía que invoca el régimen para pretender controlar los recursos externos que reciben las organizaciones, empresas y grupos opositores, «no puede estar encima de los derechos humanos de las personas».

«Aquí se vulneran preceptos constitucionales, los derechos al trabajo, políticos, económicos y sociales. Por eso creemos que esta iniciativa no es nada más que las pretensiones de limitar a los nicaragüenses que no compartimos un sistema que ha sido considerado a nivel internacional como nocivo para los derechos democráticos», expuso Rodríguez.

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La «Ley Putin» orteguista es una copia de la aprobada en Rusia en 2012, con la que el presidente Vladimir Putin ha criminalizado la labor de las organizaciones sin fines de lucro, a los periodistas, ha confiscado e inhibido a movimientos y líderes opositores de participar en procesos electorales. Ese es el mismo sistema que instaurará en Nicaragua la dictadura de Ortega y Murillo.

Brooklyn Rivera, el único diputado por el partido indígena Yatama, dijo que el sistema de espionaje financiero «está claramente dirigido a la oposición nicaragüense», y que los legisladores del FSLN «como cómplices» aprobaron otro «instrumento de represión contra todos aquellos que se oponen al gobierno actual».

«Observamos que hay familias que reciben fondos del extranjero, pero como están vinculados al partido de gobierno no los vuelven a ver, esos van acumulando grandes cantidades de fondos. Pero como esta ley se plantea la criminalización legal en contra de las ONG, defensores de los derechos humanos y hasta a los medios de comunicación», aseguró Rivera.

Revelan verdadero objetivo

El debate permitió que los legisladores del régimen revelaran el verdadero objetivo que es limitar las acciones de los movimientos sociales y partidos opositores que evidencian los abusos de la dictadura, como de no permitir que los líderes opositores que tienen apoyo de la sociedad participen en las próximas elecciones como candidatos.

Carlos Emilio López, diputado de la bancada orteguista, desenmascaró que el objetivo real es impedir que  los movimientos y agrupaciones críticas de Ortega usen los recursos que reciben como apoyo económico para desarrollar acciones que debiliten a la dictadura.

«Las organizaciones no gubernamentales podrán seguir recibiendo fondos, pero no podrán ser usados para alterar la paz, la armonía ni fomentar el odio», dijo López, repitiendo el discurso de la dictadura que considera las protestas sociales y las denuncias de los crímenes contra el pueblo —desde abril del 2018—, como parte de «un fallido intento de golpe de Estado» .

Hubo 17 diputados que votaron en contra de la «Ley Putin» y fueron los 14 del PLC, el de Yatama, Brooklyn Rivera; la conservadora Wendy Guido y Alejandro Mejía Ferreti, de la Alianza Liberal Independiente (ALN). Ferreti se distanció de los otros cuatro miembros de la bancada PLI-ALN y Apre, quienes se abstuvieron de votar, sin embargo ese mecanismo suma a favor en el sistema.

Ley Putin, diputados orteguistas, Asamblea Nacional, Unión Europea
El presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, incorporó las publicaciones en periódicos, libros, películas y anuncios pagados con fondos externos como una «injerencia» interna. LA PRENSA/ JADER FLORES

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Wálmaro Gutiérrez reta a la UE y a EE. UU.

«Se les acabó la mina de oro para seguir enriqueciendo sus bolsillos y seguir agrediendo al pueblo nicaragüense. Si quieren ser un agente extranjero, por ejemplo de Colombia, está bien, pero cómo me va a venir a decir que quiere correr como diputado. O sirven a Nicaragua o sirven a un gobierno extranjero», dijo Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica y quien endureció los mecanismos represores en la versión final de la ley.

Gutiérrez volvió a insultar a los opositores diciéndoles que «eran un desparpajo de políticos criollos», un «grupo minúsculo, pero con gran poder de daño».

Los orteguistas eludieron la advertencia de la Unión Europea y de Estados Unidos de que habrá repercusiones hacia los operarios políticos de Ortega-Murillo y para el país si se aprobaban las dos nuevas leyes represivas que apuntan a que las elecciones sean solo con aquellos partidos que le favorecerían a Ortega mantenerse en el poder.

Para Gutiérrez las posiciones de los europeos y los estadounidenses hacia el orteguismo «es un vulgar racero con el que nos quieren medir a nosotros, porque no somos altos, cheles y rubios».

«El verdadero problema es que queremos transparencia en la administración de los recursos que vienen del extranjero, que terminan en el bolsillo de una manada de delincuentes que son los únicos que se han pronunciado en contra de esta ley», finalizó su intervención Gutiérrez.

 

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