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Ley Mordaza, ciberdelitos, régimen, redes sociales, noticias falsas

La directiva controlada por Gustavo Porras, extendió las sesiones hasta el próximo viernes para tener tiempo de aprobar las leyes represivas. LA PRENSA/ TOMADO DE ASAMBLEA NACIONAL

Policía, Telcor y Ejército dan su «bendición» a espionaje de la «Ley Mordaza»

El inspector general de la Policía, Jaime Vanegas, aseguró "que tienen la técnica, los especialistas, para perseguir a los usuarios".

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Los representantes de la Policía Orteguista (PO), Ejército de Nicaragua y el ente regulador de las telecomunicaciones, Telcor, respaldaron la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza», en la Asamblea Nacional. Esas instituciones fueron las últimas en participar en la consulta del anteproyecto de Ley, proceso que concluyó este 14 de octubre en las comisiones de  Justicia, Educación y de Servicios Básicos.

El diputado liberal Maximino Rodríguez, quien es miembro de la Comisión de Justicia, aseguró que el Ejército, la Policía y Telcor «llegaron a bendecir la ley» promovida por el dictador Daniel Ortega, con la que criminalizan las publicaciones de los ciudadanos en las redes sociales y los medios de comunicación, con el supuesto de combatir el «ciberdelito».

Rodríguez, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo a LA PRENSA que el inspector general de la PO, comisionado general Jaime Vanegas, aseguró en la reunión «que tienen la técnica, los especialistas en el laboratorio y en Auxilio Judicial para investigar, perseguir a los usuarios de las redes sociales». «Está listo el laboratorio de espionaje», afirmó el diputado Rodríguez.

Jefe de Prensa del Ejército no explica

LA PRENSA consultó al jefe de Prensa del Ejército, coronel Álvaro Rivas, para ampliar sobre la posición que expresó la institución castrense a la «Ley Mordaza» en las comisiones en las que participó, pero no se obtuvo respuesta.

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El comisionado Vanegas ha demostrado una fidelidad al dictador Daniel Ortega y a su vicepresidenta designada y esposa, Rosario Murillo. Vanegas es quien niega los permisos para las marchas ciudadanas,  un tipo de represión que el régimen extenderá al instaurar el espionaje informático a los ciudadanos, tanto a las plataformas digitales como a los medios de comunicación.

La «Ley Mordaza» establecerá penas de uno a diez años de cárcel por los ciberdelitos, entre los que se incluyen las «noticias falsas», concepto que las entidades represoras decidirán qué ciudadanos serán los penalizados, por cuanto el anteproyecto no define el concepto de cuando una publicación no es ajustada a la verdad.

A la consulta también asistió la directora de Telcor, Nahíma Díaz Flores, hija del jefe de la PO Francisco Díaz, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea  por violaciones a los derechos humanos en la represión contra el pueblo, desde abril del 2018.

El nombramiento de Nahíma Díaz Flores es señalado por los críticos del régimen como evidencia del nepotismo en el Estado, puesto que el jefe policial Francisco Díaz es consuegro de los dictadores Ortega y Murillo. Blanca Díaz Flores está casada con Maurice Ortega Murillo.

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El diputado Rodríguez explicó que la directora de Telcor, Díaz Flores, «fue comparsa con los policías y el Ejército, al decir que esta ley crea las herramientas para enfrentar los ciberdelitos», todo en concordancia con el interés de la dictadura.

Los diputados orteguistas solo permitieron opinar sobre el anteproyecto de «Ley Mordaza» a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia —quienes elaboraron el documento a pedido del dictador Daniel Ortega—, a la Fiscalía, Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ejército, Policía y Telcor.

Esas dos últimas entidades, junto con la Fiscalía, tendrán facultad de intervenir los sistemas informáticos y las bases de datos de las empresas, personas naturales, medios de comunicación y organizaciones cuando investiguen un supuesto ciberdelito.

Esas potestades han sido denunciadas por el gremio periodístico y organismos internacionales defensores de derechos humanos como violatorios a la libertad de prensa e información y a los derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Los miembros de las comisiones de Justicia, Servicios Básicos y Educación se volverán a reunir el próximo viernes 16 de octubre para dictaminar la iniciativa de la «Ley Mordaza», para que posteriormente esta sea puesta en agenda para ser discutida y aprobada en el plenario del poder legislativo.

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El diputado Rodríguez explicó que «si se cumple el procedimiento» la «Ley Mordaza» tendría que ser aprobada hasta la última semana de octubre cuando los diputados vuelvan a sesionar, ya que la próxima semana es del trabajo de comisiones. «Veremos qué le ordenan los señores de El Carmen al presidente de la Asamblea», Gustavo Porras, dijo Rodríguez. Y es que la junta directiva al estar controlada por los orteguistas, son cinco de siete miembros, pueden citar a sesión cualquier día.

Gustavo Porras no esperará más al PLC para aprobar «Ley Putin»

Lo que está seguro es que entre este jueves y el viernes los orteguistas aprobarán la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros o «Ley Putin», la que instaura el espionaje financiero y criminaliza a las organizaciones, medios de comunicación, empresas, asociaciones y personas que reciban financiamiento de agencias y gobiernos extranjeros.

Aunque ya está el dictamen de mayoría de los orteguistas en la Comisión Económica avalando la «Ley Putin», debían esperar que el PLC presentara su dictamen de minoría,  rechazando la iniciativa.  Porras dijo este miércoles que «el viernes, se presente o no se presente el dictamen de los liberales», aprobarán la norma de espionaje financiero.

Segunda ocasión que censuran a medios independientes

A un equipo de LA PRENSA se le impidió el acceso a la reunión de las comisiones. Es la segunda ocasión en la presente semana que la directora de Prensa de la Asamblea, Julieta Arróliga, bloquea a los medios de comunicación independientes, que están debidamente acreditados, la cobertura al trabajo parlamentario.

Los policías en la entrada del edificio aseguraron que es Arróliga quien debe autorizar el ingreso, pero la funcionaria solo lo permitió a los medios de la propaganda del régimen.

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