Durante la revisión del anteproyecto de la Ley de Ciberdelitos, más conocida como “Ley Mordaza”, que se realizó este viernes, los diputados orteguistas expresaron su molestia con que el dictador Daniel Ortega sea criticado tanto en publicaciones que hacen los ciudadanos en las redes sociales, como en los medios de comunicación independientes, por lo que con esta ley, pretenden criminalizar toda información que según el régimen, dañe la imagen del dictador.
Esto es lo aseguró el diputado liberal Maximino Rodríguez, quien participó en la consulta de este 16 de octubre, a la que solo permitieron participar a los representantes de los medios de la propaganda del régimen.
El proceso de consulta de la propuesta de la “Ley Mordaza” está a cargo de las comisiones de Justicia, la de Educación y la de Servicios Básicos, las que son controladas por operarios del régimen como son los diputados orteguistas María Auxiliadora Martínez, Edwin Castro, José Antonio Zepeda, y Jenny Martínez.
“Hoy en la consulta todo giró en el respaldo de los medios comparsa de esta dictadura, que ven la necesidad de que haya una norma para que ya no se hable mal de Ortega, porque a ellos, a los diputados sandinistas, les parece ofensivo que la figura del dictador sea tan insultada en las redes sociales”, afirmó Rodríguez a LA PRENSA.
Estaba previsto que luego de escuchar a los medios oficialistas, las comisiones elaborarán el dictamen avalando la aprobación de la “Ley Mordaza” , y lo pasarán a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, para que posteriormente sea discutida en el plenario. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Justicia, la orteguista María Auxiliadora Martínez, suspendió la reunión, quedando establecido que la próxima semana se convocará al resto de diputados a elaborar el dictamen.
La próxima semana corresponde al trabajo de las comisiones parlamentarias, aunque es posible que la Junta Directiva de la Asamblea, controlada por el orteguismo, convoque a sesionar a los legisladores para aprobar la “Ley Mordaza”. Hasta ahora, lo previsto es una sesión el próximo jueves 22 de octubre para que el sancionado ministro de Hacienda, Iván Acosta, exponga la propuesta del Presupuesto General de la República 2021.
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Maritza Espinales la más incómoda con las burlas al dictador
Según Rodríguez, jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), fue la diputada orteguista Maritza Espinales, quien más externó su inconformidad porque los ciudadanos critiquen y se burlen de Ortega con sus publicaciones en las redes sociales, como en la forma en que los medios de comunicación independientes cuestionan y denuncian las políticas totalitarias del dictador.
“La diputada Maritza Espinales decía que lo han vilipendiado a Ortega en las redes sociales, que eso no puede permitirse que pase con el primer ciudadano de Nicaragua” (por ocupar la Presidencia). Maritza decía que demasiado se ofende a Ortega, que la gente le debe respeto, y que por eso deben ser sancionados quienes expresen falsedades sobre Ortega”, aseguró el diputado Rodríguez.
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El último Estudio de Opinión Pública sobre Nicaragua de CID Gallup S.A., correspondiente al mes de septiembre del 2020, reveló que a partir de 2017 comenzó a bajar la percepción positiva sobre el rumbo del país y se incrementó la percepción de un «rumbo equivocado». El 67 por ciento de los entrevistados opinó que el país va por el camino equivocado y el 24 por ciento valoró que va por el camino correcto
El desencanto con Ortega va en picada desde la sangrienta represión en contra de las manifestaciones sociales desde abril del 2018. La encuesta de CID Gallup mostró que un 54 por ciento de los entrevistado desaprobó la forma en que el dictador desempeña su gestión en el poder.
A través de las publicaciones en las redes sociales y otras plataformas digitales, los nicaragüenses expresan su repudio a los abusos de la dictadura, siendo las figura de Ortega y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo quienes más opiniones negativas reciben.
La “Ley Mordaza” criminaliza las publicaciones en los medios de comunicación y plataformas digitales, que el régimen clasifique como “noticias falsas”, que propicien “a la violencia, crean zozobra o atenten contra la paz, la estabilidad económica y social”. Esos “ciberdelitos” serán penados con uno a diez años de cárcel.
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Trabajadores de medios de la propaganda apoyan censura
Radicalizar el sistema de censura fue apoyado por los representantes de las radios Ya, Nicaragua, La Primerísima, los canales 2, 4, 13, los de El 19digital entre otros medios de propaganda, siendo la mayoría de esos medios propiedad de los hijos de los Ortega y Murillo.
El área de Prensa de la Asamblea Nacional ha impedido que los medios independientes como LA PRENSA acceda a las reuniones de las comisiones, a pesar de que los equipos periodísticos están debidamente acreditados para dar cobertura al trabajo parlamentario.
Los del PLC propusieron que se invitara a los periodistas de medios independientes a opinar sobre la “Ley Mordaza”, lo que fue rechazado por los orteguistas.
El diputado Rodríguez aseguró que el único de los periodistas de la dictadura que pidió aclaración sobre el artículo 30 de esta Ley, fue Alberto Mora, porque, “según dijo, no estaba claro de que si en el caso de las publicaciones que se hacen viral en las redes sociales, la persona que comparta la información, supuestamente falsa, también caerá en el delito”.
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“Edwin (Castro) le respondió que no necesariamente se castigará el origen de la noticia falsa, sino a quien la divulgue”, afirmó el legislador Rodríguez.
El artículo 30 del anteproyecto de la “Ley Mordaza” penaliza de dos a cuatro años de cárcel la publicación y difusión de “información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población”. Igual criminaliza cuando esa información “perjudica el honor, prestigio y reputación de una persona o familia”, con uno a tres cinco años de cárcel.
Y cuando esa “información falsa o tergiversada incite al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión”, a la persona que el régimen decida que es culpable.
“Tendrán que haber enormes cárceles para que alcancen los millones de nicaragüenses que le caen mal Ortega”, dijo el diputado Rodríguez.