La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una Resolución sobre Nicaragua, que pone un plazo hasta mayo de 2021 para que el régimen de Daniel Ortega reforme el sistema electoral de cara a realizar elecciones libres y transparentes el 7 de noviembre de ese año, cuando el país celebrará votaciones presidenciales y legislativas.
20 de los 34 Estados conectados en la reunión virtual votaron a favor de la resolución denominada Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, mediante elecciones libres y justas. Nicaragua y San Vicente y las Granadinas fueron los dos países que votaron en contra, y 12 Estados se abstuvieron, entre estos México, Argentina, Honduras y Guatemala.
La resolución fue propuesta y promovida por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Estados Unidos. Brasil y Bolivia también pidieron ser agregados como copatrocinadores de la iniciativa después de su aprobación.
La resolución establece siete puntos fundamentales a implementarse para poder desarrollar elecciones libres y transparentes en Nicaragua.
- La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable.
- Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos.
- Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes.
- Observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.
- Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas (cédulas) de identificación y la gestión de centros de votación.
- Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real.
- Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos.
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El proceso de votación se realizó de forma nominal a petición del embajador de Nicaragua, Luis Alvarado, quien rechazó en todo momento la propuesta de Resolución por considerarla una injerencia y un intervención en sus asuntos internos.
El representante de Nicaragua expresó una serie de descalificaciones contra los Estados que votaron a favor de las Resolución. “El pueblo de Nicaragua ya sabe quienes son estos países, ya sabe quiénes son los vende patria, los Judas y Caínes que atentan contra la paz y la seguridad de nuestro país y a qué intereses responden, quienes los financian y qué objetivo persigue”, manifestó Alvarado.
Canadá advierte las consecuencias
El representante de Canadá ante la OEA, Hugh Adsett, en su intervención después de la votación, calificó la situación de Nicaragua como “urgente” y advirtió que si Nicaragua ignora las demandas de la resolución, el resultado será mayor aislamiento a los nicaragüenses.
“El hecho de que Nicaragua no actúe en esa resolución solo resultará en mayor aislamiento y mayor sufrimiento de los nicaragüenses. Canadá tiene una larga historia de trabajar con Nicaragua para luchar contra la pobreza y apoyar el desarrollo económico. Al implementar esta resolución confiamos que nuestros dos países puedan avanzar y abrirá un nuevo capítulo de cooperación que beneficiará a los pueblos de Nicaragua”, manifestó Adsett.
La resolución insta al Gobierno de Daniel Ortega a establecer compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE), antes que se convoquen a las elecciones generales, a más tardar en mayo de 2021.
Actualmente el CSE es controlado por los militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (CSE) encabezado por Daniel Ortega, por eso carece de credibilidad y la confianza de la ciudadanía.
Demanda cumplimiento de derechos
El documento aprobado por los estados miembros de la Asamblea General llama a restablecer el orden constitucional, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la celebración de elecciones presidenciales y legislativas nacionales, libres y justas en Nicaragua, en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales articulados en la Carta Democrática Interamericana.
Expresa “la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país desde hace más de un año”.
Señala que el gobierno de Nicaragua no ha implementado una serie de medidas acordadas, tales como la liberación debidamente monitoreada y verificada de todos los presos políticos; no ha permitido el trabajo efectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos en Nicaragua, incluido el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni); y no ha garantizado la libertad de expresión, incluso para la prensa, ni el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
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Los Estados miembros de la OEA manifiestan su preocupación “porque no han cesado las detenciones arbitrarias, no se han desmantelado las fuerzas policiales auxiliares y milicias armadas del partido gobernante; no se ha protegido el trabajo independiente de las organizaciones y defensores de derechos humanos, ni se ha permitido el retorno seguro y la permanencia, sin represalias, de todas las personas que se vieron obligadas a salir de Nicaragua como consecuencia de la crisis”.
Instrumentalización de las leyes
La resolución observa con alarma la tendencia a instrumentalizar la legislación para intimidar y/o amenazar a miembros de grupos pro-democráticos y medios de comunicación independientes en Nicaragua, “como la introducción de la Ley de Agentes Extranjeros, otra que propone cadenas perpetuas para delitos motivados por prejuicio, ampliamente definidos, y un tercero castiga la difusión de las llamadas fake news (noticias falsas) en las redes sociales con hasta cuatro años de prisión. Estas iniciativas de ley, según la CIDH, socavan el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión, así como el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho de asociación”.