Representantes de gremios ganaderos en el país niegan lo que afirma un reportaje publicado por un medio televisivo estadounidense sobre que la carne que se exporta a Estados Unidos proviene de fincas asentadas en áreas de comunidades indígenas, que llevan años padeciendo la violencia de colonos. Los ganaderos aseguran que el país cuenta con todas las normas necesarias para garantizar que las reses provienen de fincas registradas fuera de áreas protegidas o de territorios indígenas, y más bien, señalan que ese tipo de información podría afectar un mercado muy importante para la economía nicaragüense.
El reportaje audiovisual titulado En Nicaragua, el suministro de carne de res a EE. UU. tiene un alto costo humano publicado por PBS News Hour, relata que las comunidades indígenas en el Caribe están padeciendo violaciones a sus derechos humanos porque terceros quieren adueñarse de sus tierras para la actividad ganadera. Textualmente se menciona esto: “A medida que las exportaciones de carne vacuna han aumentado a los EE. UU., también lo han hecho los ataques a estas pequeñas comunidades indígenas, lo que ha provocado la destrucción y el abandono de pueblos enteros”.
Ronald Blandón, gerente general de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan), explica que las exportaciones de carne a Estados Unidos no son recientes, sino que datan desde hace años, por ende, mencionar que el país aprovechó la pandemia para potenciar ese mercado, no tiene mucha lógica.
Anualmente el crecimiento de las exportaciones de los derivados de la carne se sitúan entre el 10 y 12 por ciento, que ha sido el mismo comportamiento de los últimos 15 años, explicó Blandón. Esto porque al inicio del reportaje se menciona que con la llegada de la Covid-19 las plantas de procesamiento de carne en Estados Unidos desaceleraron su producción y los mayoristas recurrieron a proveedores extranjeros, entre ellos, Nicaragua.
Blandón sostiene que en Nicaragua, a los mataderos, las subastas, los rastros municipales, todos los animales llegan identificados, y es el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) quien se encarga de entregar los aretes con los que se señalan a las reses. En el país existen 136 mil fincas y todas ellas están ubicadas fuera de las áreas de reservas, indica. A la vez, señala que hay un cambio de actitud del ganadero típico nicaragüense y que promueven una ganadería con sistemas silvopastoriles que protegen los recursos naturales.
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Por su parte, Solón Guerrero, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas (Faganic), explicó que “por esa mala información distorsionada” el mercado de Estados Unidos, que es el principal comprador, con más del 40 por ciento de la carne que se produce en Nicaragua, pueda poner trabas, lo que afectaría la economía de más de 140 mil ganaderos de manera directa, más unos 750 mil empleos que se generan a nivel nacional, y porsupuesto, el golpe en la economía como tal. Por ello, el gremio junto a plantas procesadoras alistan una serie de documentos que prueban que toda la carne que se exporta cuenta con los controles y medidas sanitarias, y así, contrarrestar esa información “malintencionada”.
Para exportar carne se necesita una certificación sanitaria de los ministerios de agricultura de cada país a donde llega el alimento, esto permite que el producto sea inocuo y cumpla con todas las medidas de sanidad y de medioambiente que requieren estos países, que cada vez son más exigentes, dijo Guerrero.
Por otro lado, está el enchapado y los proyectos de trazabilidad, que permiten que al momento que se entrega un animal se conoce de qué finca procede, ya que cada una tiene un código, y no se va a inventar. “No es tan fácil meter un animal de una zona protegida, meterlo a sacrificio. Hay maneras de controlar eso”, expresó.
Pero ¿hay probabilidades que un ganado criado en una zona protegida pueda ser exportado? Guerrero explicó que puede pasar algún caso esporádico, pero no es una práctica en el rubro.
“No te voy a decir que no porque está dentro del rango de las posibilidades, pero si te digo que las medidas de control que hay a nivel de todo lo que te he venido explicando, en el tema de la trazabilidad, las chapas, las cartas de ventas, los códigos de las fincas te permiten que este tipo de situaciones anómalas o irregulares sean bastante, bastante difíciles. Imposible es imposible decir imposible, pero sí con las medidas de control que existen es bastante difícil poder hacer que un animal, hablemos de volumen de animal, de pronto un animal se filtró, está dentro del rango de posibilidades, pero que sea una práctica lo veo bastante difícil”, expresó.
Tanto Blandón como Guerrero explicaron que el sector está en contra que se utilicen tierras de reservas naturales o de pueblos indígenas para esta actividad productiva, y más bien, repudian esos hechos. En 2017, Faganic y la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua acompañaron una denuncia de líderes indígenas sobre el hallazgo de una finca en el límite fronterizo de la Reserva Biológica Indio Maíz.
Cunningham: “Por favor no compre” la carne nica
Lottie Cunningham, defensora de los derechos humanos de pueblos indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua, y presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), fue citada en el reportaje y expresó en referencia a las invasiones de ganado que “eso nos va a provocar un etnocidio. Y, como pueblo indígena, vamos a desaparecer”.
En una parte del reportaje el periodista menciona que le preguntó a Cunningham qué le gustaría que hicieran los estadounidenses con la carne de res nicaragüense, y ella respondió: “Por favor no compre. Esa es la forma, esa es la forma en que podrían contribuir con nosotros”.
Cunningham denunció que este año, 10 personas han sido asesinadas en menos de siete meses. Los colonos, les dispararon con una pistola a una niña de 14 años, dijo la defensora. Los pueblos indígenas están en indefensión ante los constantes ataques de colonos que buscan cómo arrebatarles sus tierras. Pese a que se ha denunciado la vulnerabilidad en la que viven el Estado de Nicaragua los ha dejado sin protección. Las agresiones, amenazas y abusos directos son constantes, de tal forma, que los indígenas se han visto obligados a desplazarse y a vivir bajo la intimidación contra sus vidas.