El régimen de Daniel Ortega por tercer año consecutivo decidió confiscar las transferencias a las municipalidades y beneficiar otras partidas en un año electoral, revela la iniciativa del Proyecto del Presupuesto General de la República 2021. Con ello, desde el 2019 hasta el 2021, al menos 13,693.74 millones de córdobas no han llegado a las alcaldías, lo que asfixia principalmente a las más empobrecidas y opositoras.
La iniciativa que fue presentada este jueves, por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta detalla que siendo “prudentes en la administración del gasto público” se continuará “con la medida temporal de aplicar el 4 por ciento sobre los ingresos tributarios de 2021, equivalente a 3,004.1 millones de córdobas de transferencia municipal”.
“La medida temporal” a como se nombra en el documento, indica que las alcaldías van a ser sacrificadas nuevamente y en vez de recibir 7,510.14 millones de córdobas, el 10 por ciento de los 75,101.4 millones de córdobas que pretenden recaudar en ingreso tributario, solo van a recibir 3,004.1 millones. (Vea la infografía)
Es decir que el próximo año cada alcaldía en promedio va a recibir 19.87 millones de córdobas (1.6 millones de córdobas al mes). Cuando realmente si se aplicara la ley, que establece el 10 por ciento de los impuestos ingresados, hubieran recibido 49.08 millones de córdobas, 4.09 millones al mes.
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Desde el 2019 hasta el 2021, el régimen le habría quitado 13,693.74 millones de córdobas a las 153 alcaldías, en plena recesión económica.
El economista Luis Murillo, señala que por ley las alcaldías deben recibir un 10 por ciento, lo que está establecido en la Ley 466, Ley de Transferencia Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua.
“Institucionalmente debería ser el 10 por ciento porque desde el año 2004 está en la ley de transferencia municipal, si están planeando darle el 4 por ciento es una violación a la ley. Es un hecho que con lo que le han quitado en años anteriores ha retrocedido el desarrollo local”, dijo Murillo.
Específicamente el artículo 5 de la Ley que hace referencia Murillo, establece las “Transferencia Municipal, cuyos recursos se calcularán en un porcentaje de los ingresos tributarios establecido en la Ley Anual del Presupuesto General de la República, iniciando con un cuatro por ciento (4 por ciento) de los ingresos tributarios del año 2004. El porcentaje se incrementará en al menos un medio por ciento anual (0.5 por ciento), siempre y cuando el Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido en al menos un uno por ciento (1 por ciento) en el año anterior, hasta alcanzar como mínimo el diez por ciento (10 por ciento) de los ingresos tributarios en la Ley Anual del Presupuesto General de la República en el año 2010”.
Murillo sostuvo que las municipalidades solo tienen tres fuentes de ingresos: los fondos propios, la cooperación externa y las transferencias del Estado, que son las que aportan más recursos a estas.
“El próximo año no será bueno para las municipalidades, tomando en cuentas que los recursos propios con la crisis se han achicado, la cooperación con la ley de agentes extranjeros se va a limitar y menos transferencias, entonces las alcaldías están condenadas a no cumplir con los proyectos y llevarlos de arrastre”, sostuvo Murillo.
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El nuevo mecanismo
Pero eso no es todo, el régimen buscó una estrategia para despojar totalmente de recursos a las municipales, puesto que ahora los desembolsos se harán trimestralmente y con varias condicionantes, las cuales fueron aprobadas por la Comisión de Transparencia a la municipalidades el 7 de octubre, detalla el documento.
En el artículo 7, de la iniciativa del presupuesto 2021 se establece que los desembolsos a las transferencias corrientes municipales se harán en cuatro cuotas trimestrales iguales, pero para eso se tendrá que cumplir con ciertos requisitos.
La primera será efectuada cuando las alcaldías informen al Ministerio de Hacienda, al menos el 85 por ciento de ejecución del monto total de los desembolsos de transferencia corrientes entregados el año anterior.
En el segundo desembolso, “las municipalidades deberán registrar de previo en el sistema Transmuni como mínimo el 75 por ciento de ejecución del primer desembolso e informar a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, la ejecución del 100 por ciento de los recursos otorgados el año anterior”.
Para acceder al tercer desembolso se tiene que hacer el mismo proceso de registro “como mínimo del 75 por ciento de ejecución del segundo desembolso entregado y haber completado el 100 por ciento del primer desembolso”
Y para la cuarta entrega de dinero, las municipalidades tienen que haber ejecutado el 75 por ciento del tercer desembolso y haber completado el 100 por ciento del segundo desembolso.
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Transferencia de capital también condicionada
Para la transferencia de capital esta será desembolsada en tres cuotas, equivalente el 40 por ciento las dos primeras y del 20 por ciento la última.
La primera será entregada cuando las alcaldías informen a Hacienda y registren en el sistema Transmuni al menos el 85 por ciento del monto total de los desembolsos de transferencia de capital entregados en el año anterior.
Asimismo para acceder al segundo y tercer desembolso las alcaldías deberán haber registrado en Transmuni el 100 por ciento de la ejecución de los desembolsos de las transferencias de capital entregadas el año anterior y registrar de previo un informe de avance físico financiero de los proyectos que se ejecutan con el primer y segundo desembolso.
El documento que presentó Hacienda indica que cuando un proyecto haya sido ejecutado un 100 por ciento físico y financieramente, la municipalidad deberá de remitir al Ministerio de Hacienda fotocopia de Acta de Recepción final del mismo, previo a la entrega del segundo y tercer desembolso”.
Para las municipalidades de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y del Departamento de Río San Juan las transferencias serán en dos cuotas iguales.
La iniciativa también establece que los recursos asignados en la transferencia de capital destinados a la ejecución de proyectos de inversión no podrán ser trasladados por las municipalidades para financiar el gasto corriente, pero si estás pueden destinar el gasto corriente para financiar algún proyecto de inversión.
Sin embargo lo más delicado del caso, es que según lo expuesto: “las municipalidades deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el sistema Transmuni los informes trimestrales de ejecución física y financiera de sus presupuestos a más tardar 30 días de finalizado el trimestre. El incumplimiento de esta disposición puede implicar la suspensión temporal de los desembolsos de transferencias”. Esta medida no se había establecido antes.
Otras medidas coercitivas
Para el sociólogo Óscar René Vargas, la experiencia de años anteriores revela que el régimen también ha tomado otras medidas para castigar a las alcaldías, como es el hostigamiento a los alcaldes opositores y el congelamiento de las transferencias a las alcaldías en manos de opositores.
“¿Cuál ha sido la consecuencia?Dificultar los proyectos de inversión de las alcaldías no orteguistas. Pero el problema general es que el régimen al recortar las transferencias municipales repercute negativamente en la lógica del clientelismo político que han aplicado para tener una base social cautiva en los diferentes municipios”, expresó Vargas.
“Por otro lado, al no tener capacidad de mayores inversiones en el municipio, tampoco resuelven las demandas más sentidas de los ciudadanos y al suceder esto habrá un malestar en la población por la caída de las inversiones o mejoras en el municipio. En esas condiciones se hace evidente que los concejales son supernumerarios, reciben salarios por no hacer nada, esos elementos producen un descontento entre los diferentes sectores de la población municipal”, añadió
Para Vargas siendo un año electoral el recorte no favorece a Ortega. “También nos demuestra que el régimen por la recesión económica, ha tenido que aplicar el recorte de las transferencias municipales, aún sabiendo que le puede producir cierto descontento en diferentes municipios”.
El sociólogo Cirilo Otero, difiere de Vargas, puesto que él considera que al régimen cree tener todo bajo control y si se llegan a dar elecciones, “el orteguismo no necesita ganar la simpatía de votantes, porque si hacen elecciones se las van a robar”
En lo que sí coincide Otero con Vargas es que el régimen ha buscado otras medidas para acorralar a las alcaldías en general.
“Lo cierto es que la asignación de recursos por debajo del tope la decide El Carmen (la familia Ortega -Murillo), ellos mandan lo que se va hacer y cuanto dinero se le va a dar, esa centralización está afectando seriamente las necesidades municipales, porque El Carmen no tienen idea de lo que necesita cada municipalidad”, añadió.