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CONTENIDO EXCLUSIVO.La Resolución sobre Nicaragua aprobada el miércoles en la Asamblea General virtual de la OEA no establece consecuencias para el régimen de Daniel Ortega si no cumple con el plazo establecido para reformar el sistema electoral. Pero los embajadores que votaron a favor del documento dejaron claro el panorama después de esta última oportunidad diplomática que le están dando de regresar a Nicaragua al camino democrático.
Exdiplomáticos explicaron que lo establecido en una resolución o documento colectivo a nivel de un órgano internacional es el resultado de una negociación en la que se debate, analiza y cuestiona cada palabra o expresión usada en el escrito. Aunque se hagan demandas, observaciones y críticas, nunca se hacen amenazas, y las consecuencias quedan explícitas, explicó el excanciller de Nicaragua, Norman Caldera.
Caldera valoró que las consecuencias de las presiones internacionales se van a ir reflejando cada vez más en el déficit del Presupuesto anual del país, que en gran parte depende de la cooperación y financiamiento internacional. Para Caldera, la Resolución es la oportunidad que le están dando a Ortega para evitar más aislamientos y nuevos mecanismos de presión.
“Hay una serie de medidas más fuertes desde el punto de vista diplomático, pero se considerarían ya extremos. Entonces, esto (la Resolución) es una forma de llamar la atención y decir: aquí está una oportunidad de hacer esa transición a la democracia, que se tendría que hacer a través de elecciones”, expresó Caldera.
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El excanciller agregó que si las reformas electorales no están terminadas en mayo de 2021, como lo demanda la Resolución, los organismos internacionales de observación electoral no llegarán a Nicaragua y, por lo tanto, las elecciones perderán credibilidad.
“La fecha límite de mayo de 2021 no es para empezar las reformas, es para que estén terminadas. Si las reformas no están terminadas en mayo de 2021, los organismos de observación no van a venir. Si los organismos de observación no vienen, tendría una declaratoria de ilegalidad”, manifestó Caldera.
El exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, valoró que las mayores consecuencias que enfrenta Ortega por su resistencia al cambio ya fueron advertidas por el Parlamento Europeo y Estados Unidos, en alusión a la posibilidad de cancelar el Acuerdo de Asociación (AdA) y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados (Cafta, por sus siglas en inglés).
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El pasado 8 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución que le recordó a Ortega la cláusula democrática establecida en el Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea (UE) y los países de Centroamérica. “Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y manifiesta que, dadas las circunstancias actuales, la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) debe activarse sin demora”, manifestó el escrito.
Los eurodiputados también demandaron liberación de los presos políticos, cese de la represión contra los opositores y aseguraron que estarán pendientes del próximo proceso electoral de 2021.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo un día después de la aprobación de la Resolución en la Asamblea General de la OEA que los gobernantes de su país han hablado de la opción de cancelar el TLC si Ortega no se encauza por el camino democrático.
Consecuencias son explícitas
El exembajador de Nicaragua ante la ONU, Julio Icaza Gallard, manifestó que la Resolución sobre Nicaragua “fue elaborada en un lenguaje diplomático cuidadoso”. Explicó que establecer consecuencias hubiese sido introducir un “elemento amenazante”, pero “eso no quiere decir que en caso de incumplimiento no vaya a haber consecuencias”.
Icaza señaló que Ortega hasta ahora ha rechazado todas la iniciativas y esfuerzos realizados por la OEA.
“Se opuso no solo a la resolución, sino a la introducción en la agenda y la discusión del tema por la Asamblea. Esto pone de manifiesto que de entrada no existe ninguna voluntad política para caminar por la vía establecida en la resolución y hace prever que será necesaria mucha presión interna e internacional para hacerlo cambiar”, aseveró el exdiplomático.
Por otra parte, Icaza recordó que el camino de la declaración de ilegitimidad y el no reconocimiento ya se ha visto en el caso del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero advirtió “las consecuencias económicas y sociales de una situación semejante para el caso de Nicaragua, un país que no tiene los recursos naturales de Venezuela, serían desastrosas”.
Régimen aislado
La Resolución fue aprobada por 20 de los 34 Estados miembros de la OEA. Nicaragua y un país más votaron en contra. 12 países se abstuvieron.
Particularmente el excanciller Caldera recordó que en el pasado hubo un caso de un embajador que se abstuvo de votar, porque dejaron en el escrito una palabra que él pedía cambiar. Por eso Caldera no ve negativa las posiciones de 12 países que se abstuvieron de votar a favor de la Resolución sobre Nicaragua, porque considera que no significa que esos países estén en contra, sino que más bien no están de acuerdo con algún elemento muy particular. La aprobación con 20 votos a favor, de 34 Estados miembros totales, para el excanciller fue contundente.
Para Icaza, el hecho de que el régimen de Ortega haya obtenido solamente el apoyo de San Vicente y las Granadinas, un pequeño conjunto de islas caribeñas que suman poco más de 380 kilómetros cuadrados y 100,000 habitantes, es una muestra más del grado de aislamiento internacional en que se encuentra.
La Asamblea General de la OEA, a través de la Resolución, llama a Ortega a realizar una reforma electoral antes de mayo de 2021, seis meses antes de las elecciones de presidente, vicepresidente y diputados.
Según el exdiplomático, esta es la tercera ocasión en que la Asamblea General, que es el máximo órgano de la OEA, se ocupa de la situación de Nicaragua.
Las advertencias de los embajadores
Los embajadores que votaron a favor de la Resolución fueron claros en sus discursos y declaraciones de las consecuencias que tendría el empecinamiento de Ortega.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, manifestó este jueves que si el régimen de Daniel Ortega no cumple las demandas establecidas en la Resolución sobre Nicaragua, su país no reconocerá al gobierno que surja del proceso electoral de noviembre de 2021, lo que se traduciría en el cierre de sus relaciones de cooperación y comercio.
“De parte de los Estados Unidos es imposible que lo reconozcan como un presidente elegido democráticamente. Si no es un presidente democrático no debe participar en muchas organizaciones democráticas. Y el tema de cooperación bilateral con Estados Unidos, si no es un presidente democrático, es muy difícil tener muchas ventajas en el comercio que hoy en día favorecen al pueblo nicaragüense”, manifestó Trujillo.
Estados Unidos es uno de los países que ha encabezado las presiones contra el régimen de Ortega. Ha sancionado a 24 funcionarios y familiares de Ortega, entre ellos su esposa y cogobernante Rosario Murillo, tres de sus hijos, su consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz, entre otros.
El embajador manifestó que las sanciones son “solo el comienzo” de lo que tienen previsto para el régimen de Daniel Ortega si sigue por la senda del autoritarismo y las violaciones de derechos humanos.
Canadá
El embajador de Canadá ante la OEA, Hugh Adsett, en su intervención después de la votación sobre la Resolución ante la Asamblea General virtual de la OEA, calificó la situación de Nicaragua como “urgente” y advirtió que si Nicaragua ignora las demandas de la Resolución, el resultado será un mayor aislamiento a los nicaragüenses.
«El hecho de que Nicaragua no actúe en esa Resolución solo resultará en mayor aislamiento y mayor sufrimiento de los nicaragüenses. Canadá tiene una larga historia de trabajar con Nicaragua para luchar contra la pobreza y apoyar el desarrollo económico. Al implementar esta resolución confiamos que nuestros dos países puedan avanzar y abrirá un nuevo capítulo de cooperación que beneficiará a los pueblos de Nicaragua», manifestó Adsett.
Venezuela
El representante de Venezuela de parte del gobierno interino de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, manifestó que su país apoyó la Resolución, pero sabe, por la experiencia de su propio país, que en Nicaragua no hay condiciones para la realización de elecciones libres y justas como lo demanda el documento.
Tarre recordó en su intervención todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional para empujar una salida democrática a la crisis que vive Nicaragua desde 2018, mencionando entre estas la Comisión de Alto Nivel aprobada por la Asamblea General de la OEA de 2019 —realizada en Medellín, Colombia—, y que fue impedida de ingresar a Nicaragua. También recordó los esfuerzos de diálogo incluso mediados por la Iglesia católica, pero que también fallaron por la intransigencia de la dictadura.
En ese sentido, Tarre expresó que se debe seguir con la aplicación del artículo 20 y 21 de la Carta Democrática, para sancionar a Nicaragua, y a la vez acompañar en paralelo con medidas políticas, económicas y financieras de la comunidad internacional, para presionar más al régimen y empujar un cambio real.
Bolivia
El representante de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio Otero, dijo que puede dar fe de la ilegalidad e inconstitucionalidad de la presidencia de Daniel Ortega, porque fue observador electoral del Centro Carter en las elecciones de 2011, cuando Ortega se reeligió pasando sobre la prohibición establecida en la Constitución Política.
“La reelección indefinida basada en un derecho humano, que ha sido el argumento con el que se ha reelegido el señor Ortega, ha sido rechazado no solo por la Comisión de Venecia, sino en una reciente audiencia de la Corte se está tratando ese tema. Más de 60 organizaciones de la sociedad civil han coincidido en el absurdo de reelegirse perpetuamente utilizando una argumento de la Convención Americana, que la propia CIDH lo ha rechazado en esa audiencia”, dijo Otero.