CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.El Ministerio de Hacienda cambió la regla con la que venía calculando el gasto de las elecciones en Nicaragua, dado que los comicios presidenciales previstos para 2021 costarán menos dinero que los procesos del 2006, 2011 y 2016. Sin embargo se aprobó un brutal aumento de recursos para reembolsarles a los partidos políticos lo que supuestamente gasten en la campaña para las elecciones nacionales del próximo año.
En el proyecto de Ley Anual del Presupuesto General de la República 2021 se asignó al Consejo Supremo Electoral (CSE) 773.4 millones de córdobas para que organice y dirija las elecciones nacionales del próximo año, en las que se prevé que el dictador Daniel Ortega busque reelegirse para un cuarto período presidencial consecutivo.
Las eventuales elecciones en 2021 se encuentran en la mira de la comunidad internacional debido a la exigencia de reformas electorales que garanticen la transparencia y legitimidad de los comicios. Incluso el gobierno de EE.UU. ya dejó claro que no reconocerá a ningún gobierno en Nicaragua que surja de las elecciones de noviembre del 2021, si la dictadura no emprende las reformas establecidas en la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La partida para el gasto de las elecciones del próximo año es menor en un 16.97 por ciento a la que se destinó en el proceso electoral del 2016, cuando el monto fue de 931.5 millones de córdobas, de acuerdo a los informes presupuestarios. Y aún es más baja que lo utilizado en el proceso del 2006, cuando Ortega asumió el gobierno, y también que la del 2011, cuando el dictador se reeligió por primera vez, a través de un fraude documentado por organismos de observación electoral nacionales y partidos opositores. Ver infografía.
Lea además: Reembolso a partidos engordará arcas del FSLN
Eliseo Núñez, asesor de la opositora Alianza Cívica y antiguo jefe de campaña del candidato presidencial Fabio Gadea para las elecciones en 2011, explicó que en “un país normal”, un menor presupuesto para las elecciones “se entendería como un acto de eficiencia”, pero en el caso de Nicaragua señaló que el objetivo del régimen es desincentivar el voto el próximo año.
“Le quitan recursos al Consejo Supremo Electoral para que no haga publicidad suficiente instando a los ciudadanos en edad de votar a que ejerzan su derecho, y también les quieren limitar para que no promuevan la verificación ciudadana, para evitar que se inscriban los que cumplirán 16 años (la edad para votar) en el sistema como nuevos electores”, explicó Núñez.
La abstención de los votantes ha sido uno de los factores principales que han favorecido a Ortega con el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a perpetuarse en el poder durante más de 13 años, abstención que se ha generalizado en la población debido a su falta de motivación para votar por los procesos electorales amañados que han restado credibilidad a los comicios en Nicaragua.
Lea También: Cosep demanda al régimen actuar con responsabilidad y acoger el llamado de la OEA
FSLN se oxigena con dinero estatal
El mecanismo de financiamiento público de los partidos vigente en Nicaragua ha beneficiado principalmente al partido FSLN, debido a que los magistrados del CSE le han asignado la mayoría de los votos en los fraudes electorales desde 2008. Este fraudulento porcentaje de votos le ha asegurado un millonario botín en concepto de reembolso financiero al partido de la dictadura.
Este botín crecerá sustancialmente. Para el reembolso de los partidos políticos y alianzas que participen en el proceso electoral se destinarán 806.7 millones de córdobas, refleja el documento de presupuesto oficial.
Esos recursos “deberá incorporarlos obligatoriamente” el Ministerio de Hacienda en el presupuesto nacional del 2022, cuando se hará efectivo el reembolso a los partidos que logren como mínimo “el cuatro por ciento de los votos válidos y de acuerdo al porcentaje de los mismos” en las presidenciales, conforme lo establece la Ley Electoral (331).
Lea También: Magistrados electorales gastaron en tres días 17 millones de córdobas en 19 camionetas de lujo
La partida mencionada es 21.5 por ciento mayor a los 633.1 millones de córdobas que el Estado reembolsó a los partidos y alianzas que participaron en la farsa electoral del 2016.
Y aunque el cálculo de los 806.7 millones de córdobas previstos correspondería a lo que por ley debe destinarse conforme el monto de los ingresos ordinarios previstos para 2021, el analista Núñez señaló que el hecho que el régimen a través del Ministerio de Hacienda haya destinado menos dinero para asegurar las elecciones y contrariamente asegure el reembolso por gasto de campaña de los partidos políticos, es parte de la estrategia del dictador Ortega.
Puede Interesarle: Elecciones cada vez más caras
“Por un lado das menos dinero para asegurar la verificación ciudadana, pero por el otro lado se pone una gran cantidad de dinero de incentivo para que los partidos políticos participen en las elecciones, pero que lo hagan solos, porque a Ortega lo que le conviene es fracturar el voto opositor. Todo es parte del modelo perverso de ofrecer la zanahoria, que es el incentivo del dinero del Estado, para que los partidos zancudos y otros que en los próximos meses le den la personería jurídica, participen en un proceso al que Ortega va a tratar de que sea sin las garantías de transparencia, porque es la única forma que tiene de retener el poder”, afirmó Núñez.
Según el artículo 99 de la Ley Electoral, los partidos políticos en el país financian sus campañas con una asignación presupuestaria equivalente al uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República en el caso de los comicios generales, cuando se elige presidente y vicepresidente, diputados ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los reembolsos se hacen hasta que los partidos rinden cuenta documentada del gasto de la campaña en la Contraloría General de la República (CGR), quien posteriormente autoriza los desembolsos al CSE y al Ministerio de Hacienda.
En los comicios presidenciales del 2016, el CSE controlado por el régimen, le asignó 72.44 por ciento de los votos al FSLN, permitiéndole a Ortega reelegirse para un tercer período de forma consecutiva. En ese proceso el dictador no tuvo competencia porque se aseguró de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —que él domina a través de sus operadores—, le quitara el Partido Liberal Independiente (PLI) a Eduardo Montealegre y se lo entregó a Pedro Reyes, quien servía a los intereses del régimen.
El PLI era considerado el principal partido opositor, pero con el golpe a Montealegre, que fue cinco meses antes de los comicios, el FSLN de Ortega no tuvo rival de contrapeso.
Al designársele más del 70 por ciento de los votos en 2016, el FSLN se habría asegurado un reembolso de unos 15 millones de dólares, según estimaciones hechas en su momento por el organismo de observación nacional Ética y Transparencia.
Lea Además: La larga cuarentena de los magistrados del poder electoral. No dan la cara desde enero
¿En qué van a gastar el dinero?
La iniciativa de Ley Anual del Presupuesto 2021 solo está disponible en el sitio web de la Asamblea Nacional, pero solo es la propuesta general de ingresos, egresos y designaciones globales por sectores. El libro que contiene el detalle de cada gasto por instituciones, así como el de los anexos y el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2021-2024, lo mantiene restringido el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, LA PRENSA obtuvo acceso al documento completo.
El próximo año el CSE dispondrá de un presupuesto total de 1,108.2 millones de córdobas, que incluye 334.8 millones de córdobas para el gasto administrativo y en los salarios del personal. Los recursos restantes serán para “organizar, dirigir y supervisar las elecciones nacionales”, previstas para el 7 de noviembre del 2021, en las que los nicaragüenses elegirán al presidente, vicepresidente, diputados nacionales y ante el Parlamento Centroamericano.
El CSE es controlado por magistrados que responden a los intereses del FSLN y por tanto del dictador Ortega. Se trata de una institución desacreditada por ese control político partidario y por la falta de transparencia sobre el manejo de los recursos públicos, práctica que persiste ya que en la propuesta de presupuesto para el CSE no se revela cómo exactamente utilizarán los 773.4 millones de córdobas en el proceso electoral.
En la ficha del gasto de las elecciones solo hay referencia a 81.5 millones de córdobas para “equipo de transporte, tracción y elevación, equipo de computación y al programas de informática”. No hay nada referente a cuánto costará la elaboración de las boletas electorales, la tinta indeleble, las urnas ni el resto de material necesario para el proceso.
Puede Interesarle: Rafael Solís: «No habrá negociaciones de reformas electorales hasta que no pasen las elecciones en Estados Unidos»