Un juez dictó prisión preventiva contra el periodista Roland Carreño, coordinador operativo del partido político del líder opositor Juan Guaidó, acusado de “financiamiento al terrorismo”, “conspiración” y “tráfico ilícito de armas de guerra”, informó este jueves la justicia.
Una nota del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusa a Carreño, detenido el pasado lunes, de haber actuado como “operador financiero con el objeto de que se ejecuten planes conspirativos y terroristas” contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Carreño, un conocido expresentador de televisión, fue presentado ante una corte con competencia en casos de terrorismo la noche del miércoles. La audiencia se prolongó hasta la madrugada.
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“Es el encargado de realizar los pagos de logística de grupos terroristas que intentan desestabilizar el orden interno y suspender las elecciones parlamentarias” del próximo 6 de diciembre, indicó el TSJ.
Las votaciones para una nueva Asamblea Nacional serán boicoteadas por Guaidó y los principales partidos de oposición, que las denuncian como “una farsa”. Estados Unidos adelantó que las desconocería y la Unión Europea pidió aplazarlas, escenario descartado por Maduro.
Según el TSJ, Carreño presuntamente utilizaba “la fachada de organizaciones no gubernamentales” empleadas para la “logística” de una frustrada incursión armada a Venezuela, en mayo, y la salida del país del dirigente opositor Leopoldo López, quien estaba en calidad de huésped en la residencia del embajador de España en Caracas, el pasado fin de semana.
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La abogada Ana Leonor Acosta, integrante de la defensa de Carreño, calificó de “inverosímil” la versión de la Fiscalía.
Carreño fue detenido el lunes junto a otros dos activistas del partido Voluntad Popular, Yeferson Sarcos y Elías Rodríguez, liberados unas horas después.
En una declaración televisada, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que el activista movía fondos enviados a organizaciones opositoras por una fundación de CITGO, filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos. Washington entregó el control de la compañía a Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela junto a medio centenar de países.
Las autoridades aseguran que a Carreño le confiscaron un fusil de guerra y 12,000 dólares en efectivo.
En la legislación venezolana, el delito de “financiamiento al terrorismo” contempla penas de cárcel de 15 a 25 años.