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De no cumplir Ortega con implementar reformas electorales antes de mayo de 2021, estaría llevando al país a una crisis mayor de la que ya tiene, advierten analistas políticos. Managua 06 Noviembre 2016/ Fotos LAPRENSA/ Luis Gutierrez

¿Cuáles son las razones técnicas por las que la OEA estableció mayo de 2021 para reformas electorales?

Además de ejercer una presión política y diplomática para que la dictadura abra espacios democráticos y civiles, la resolución de la OEA tiene importantes componentes técnicos y administrativos

La Organización de Estados Americanos (OEA) emplazó al régimen de Daniel Ortega hasta mayo de 2021 para que implemente en el país la restitución de derechos humanos y reformas electorales que permitan elecciones libres, justas y transparentes, en noviembre de ese mismo año, cuando se celebran las votaciones presidenciales y legislativas.

Estos resultados de la resolución sobre la crisis de Nicaragua se aprobaron en la 50 Asamblea General del órgano regional, que se realizó de forma virtual el pasado 20 y 21 de octubre, donde 20 de los 34 Estados Miembros  votaron a favor de la resolución denominada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua, mediante elecciones libres y justas”.

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Pero, ¿por qué la OEA estableció a la dictadura un plazo de más de seis meses para que haya cumplido con reformas electorales de cara a los comicios de 2021? El jurista opositor y miembro de la Coalición Nacional, José Pallais Arana, expresa que no hay que confundirse con el plazo orientado por la OEA, pues “mayo 2021” no es para que el régimen empiece a implementar reformas, sino que es para haber concluido la puesta en práctica de las mismas.

Es decir, que el régimen tiene que haber cumplido con lo orientado en la resolución de la OEA días antes a la convocatoria o a más tardar en mayo, ya que los observadores internacionales evaluarán si las condiciones preparadas con antelación del régimen cumplen con los estándares internacionales requeridos para decidir su posible participación en la observación de los próximos comicios del país.

“En otras palabras, ellos (observadores internacionales) para poder participar tienen que haber evaluado seis meses antes que en Nicaragua van a ser elecciones realmente democráticas, y si no se dan, no ven, no aprecian, que seis meses antes esto no es posible de encaminarlo, entonces no participan en las observaciones de los comicios”, explicó Pallais.  Esto, a su juicio, abre la posibilidad de declarar al régimen de Daniel Ortega ilegítimo, sin la necesidad de pasar por esperar resultados “fraudulentos, de farsa en noviembre de 2021”.

El politólogo José Antonio Peraza, coincidió por separado con Pallais, en que este período que ha dado la OEA no es para oxigenar a Ortega, como lo han interpretado varios sectores, sino que mayo es el límite y es el tiempo que necesitan los observadores internacionales antes que inicie el proceso electoral.

El canciller Denis Moncada asegura que el régimen respeta los derechos humanos, mientras rechaza que la situación de Nicaragua sea discutida en la Asamblea General de la OEA. LA PRENSA/Archivos.

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“El límite es mayo (2021), eso no quiere decir que (el régimen) va a empezar en mayo la reforma electoral, la reestructuración del Consejo Supremo Electoral, el cambio de magistrados, definir cómo van a funcionar los consejos municipales electorales, departamentales y regionales, cómo van a funcionar las juntas receptoras, cómo se va a actualizar y auditar el padrón electoral;  este proceso debería de iniciar a más tardar en enero del próximo año, aunque debería de empezar ya, porque ya estamos tarde”, detalló Peraza. “Además hay que hacer un llamado a la observación internacional a más tardar seis mese antes del proceso”, añadió.

“Si ellos (la dictadura) no han ejecutado todas las reformas, no han implementado a más tardar a mayo, ya podrían (los organismos internacionales) declarar (a Ortega) ilegítimo, como declararon los europeos en Venezuela, en relación a las elecciones legislativas. Si los observadores no ven condiciones democráticas, desde entonces (mayo 2021) se podría declarar que el proceso electoral que quiere conducir Ortega no es democrático y que no se reconocerá lo que resulte de ese ejercicio electoral”, advirtió Pallais.

La Asamblea General virtual de la OEA fue contundente en su resolución sobre las reformas electorales que necesita Nicaragua.

El plazo establecido por la OEA, también es para la oposición 

Por su parte, el doctor José Dávila Membreño, exembajador de Nicaragua en Alemania, manifiesta que quienes deben cuidar de no “oxigenar” a Ortega son los opositores, sobre el tema de la resolución de la OEA frente a la crisis sociopolítica del país.

“Es verdad que la OEA dio un plazo hasta mayo de 2021, pero eso no quiere decir que hay que actuar hasta esa fecha. La oposición no debemos esperar nada. Debemos actuar ya; el plazo comenzó a correr ya, y vemos que el Gobierno no está cumpliendo al anunciar reformas electorales, ni la oposición se ha logrado unificar en apoyo a la resolución”, dijo Dávila.

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El exembajador insistió en que este plazo es el tiempo máximo para que la oposición establezca alianzas electorales, para que los partidos políticos opositores tengan en orden sus personerías jurídicas y puedan participar en las futuras elecciones. “La resolución de la OEA es una primera y grande oportunidad de hacer una verdadera y profunda unidad, que apoyemos todos la resolución, que apoyemos las reformas electorales que se exigen para que vea el Gobierno que todos estamos unidos alrededor de esa resolución, eso no puede seguir esperando, eso sí oxigena a Ortega”, alertó Dávila.

Peraza señala que a Ortega le quedan dos opciones, o hace una apertura en cumplir con la resolución de la OEA o en definitiva no cumple y lleva al país a una crisis mayor de la que ya tiene. “Y sería gravísimo llegar a mayo (2021) sin reformas verdaderamente importantes porque ahí sí básicamente cae el telón y empezaríamos un proceso más duro del que tenemos”, expresó.  Además de eso, “estamos casi seguros que las sanciones van a continuar hasta que aquí se demuestre una apertura real para continuar procesos de negociación, acuerdos o como quieran llamarles, para empezar un proceso de destrabar, implementar las reformas y empezar la transición democrática”, agregó.

 

 

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