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Ley General de Aguas, privatización. Enacal, INAA, Nicaragua

Los diputados del FSLN cambiaron la Ley de Aguas autorizando mayor participación de empresas privadas en el servicio. LA PRENSA/ JADER FLORES

Régimen abre la puerta a la privatización del servicio de agua potable con reforma a Ley de Aguas

"En Nicaragua hay sectores interesados en que se privatice el agua desde hace rato, y ahora aparecen flexibles en la norma con un interés como es convertir el servicio de agua en un negocio. Abren las puertas a la privatización del agua y del saneamiento, eso lo denuncio con todas sus letras", dijo Ruth Selma Herrera, expresidenta ejecutiva de Enacal.

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Con la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620) se abre la puerta para que el régimen, a través de la otorgación de licencias de concesiones, privatice el servicio de agua potable y de saneamiento, ya que se promoverá una mayor participación de las empresas privadas en la prestación de servicio.

Esto puede implicar que miles de usuarios se queden incluso sin subsidio público, debido a que el nuevo marco legal va a focalizar dicho beneficio a la población de las zonas rurales, pero a quienes se les haría casi imposible acceder al mismo, debido a las condiciones impuestas en la reforma.

Esos riesgos de la reforma a la Ley 620 fueron advertidos por la expresidenta ejecutiva de la Empresa Nicaragüense  de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Selma Herrera y la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Melba Martínez.

La legisladora Martínez es parte de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, donde se dictaminó la propuesta de modificación a la Ley 620 en un proceso expedito, del que fueron excluidas organizaciones defensoras de consumidores, así como de los Comités de Aguas locales.

La modificación a la “Ley de Aguas Nacionales y la creación del Consejo Nacional para el desarrollo del recurso hídrico y la Comisión para la administración sustentable de los recursos hídricos” será aprobada este jueves 12 de noviembre en la Asamblea Nacional.

Solo los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) votarían a favor de la propuesta enviada por el dictador Daniel Ortega. Los 14 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votarían en contra, y los del PLI, ALN y Yatama se abstendrían.

Cuando el Frente Sandinista era opositor antes de llegar al poder en 2007, siempre se mostró como un partido supuestamente pro políticas a favor del medioambiente y en contra de todo proceso de privatización de los servicios hídricos. 

“En Nicaragua hay sectores interesados en que se privatice el agua desde hace rato, y ahora aparecen flexibles en la norma con un interés como es convertir el servicio de agua en un negocio. Abren las puertas a la privatización del agua y del saneamiento. Eso lo denuncio con todas sus letras”, dijo Herrera a LA PRENSA.

Cambiaron ocho conceptos claves

Según el análisis a la reforma a la Ley de Aguas, la experta identificó que la base para la privatización del servicio son los cambios a ocho conceptos del artículo 12. Uno de los más importantes es el de las “licencias de aprovechamiento y de operaciones” , en el que se agregó que “excepcionalmente ANA podrá otorgar licencias” a “agentes económicos privados, previo cumplimiento de requisitos por la Ley, quienes quedarán sujetos a la regulación de las mismas”.

“Esa es la puerta de la privatización”, aseguró Herrera, basada en que en la Ley original no existe ese párrafo, porque cuando se formuló garantizaron que el servicio de agua potable fuese una obligación exclusiva del Estado.

Con los poderes a ANA como ente regulador, ya no solicitará a Enacal dictaminar la viabilidad de los proyectos del suministro a las localidades, sino que la institución las decidirá discrecionalmente. Además, según la experta, se dejan vacíos al no especificar cuáles serán los requisitos que deberán cumplir los agentes económicos privados para obtener las licencias de operaciones.

Ese sería el mecanismo para quitar a Enacal la responsabilidad de llevar el servicio de agua potable de manera segmentada, es decir, que en algunos departamentos o municipios sean empresas privadas las encargadas. Esto conlleva a un  riesgo de que con esto se incremente la factura a los consumidores dado que el concesionario privado cobraría un costo adicional.

Lea además: Régimen desaparecerá el INAA y ampliará poder a la Autoridad Nacional del Agua

La diputada del PLC, Melba Martínez, también respaldó la denuncia de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo allanó el camino legal para que ANA otorgue a empresarios privados las operaciones de los proyectos de abastecimiento del servicio de agua potable, y así reducirle la responsabilidad a Enacal, entidad que enfrenta un déficit financiero.

“Esta reforma a la Ley General de Aguas Nacionales tiene implicaciones muy graves. Por un lado, abre las puertas a mayor corrupción con concesiones a privados tanto en agua como en saneamiento. Además, mutila la participación ciudadana en la conservación de las cuencas, se están estableciendo nuevos cobros y forman una extraña estructura con amplios poderes. Por otro lado, reduce muchísimo el rango de la población que puede recibir apoyo social para acceder al agua”, afirmó Martínez.

Centralizan todo en el ANA

El régimen ordenó desaparecer el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y traspasó toda la regulación del sector a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Además creará dos supercomisiones que centralizarán las decisiones, puesto que solo participarán instituciones estatales.

Estas serían la Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos a cargo de “la gestión descentralizada y la operatividad”, y será quien proponga al Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico de la conformación de los organismos de cuentas que se requieran”.

Con la reforma aprobada, se derogó la Ley 626 que se creó para asegurar el desarrollo sostenible del lago Cocibolca y del río San Juan. Esto, afirmó Herrera, es porque les estorba esos controles para otorgar concesiones a privados.

Lea también: Ojo con cobros abusivos e ilegales en facturas de Enacal

“Van eliminando leyes, instituciones, y normativas, todo lo que se oponga a las concesiones que les interesen dar en el camino, con el supuesto objetivo de modernización en la gestión”, dijo Herrera, quien fue promotora de la Ley de Aguas original.

Se reformaron 58 artículos de la Ley. Según Herrera, esto supone una transformación total del sistema que acaba con la participación que las comunidades, a través de los Comités de Cuentas, de las asociaciones de productores y otras organizaciones civiles territoriales, tenían para incidir en los proyectos donde se requiere el servicio, pero además limitarán varios beneficios que hasta ahora tenía la mayoría de la población por medio de los subsidios a la tarifa.

“Hay una decisión política detrás de querer mostrar que es una reforma menor, cuando se está transformando toda la Ley, violentando el principio esencial de que el servicio de agua es responsabilidad del Estado, que está obligado a abastecer en calidad  y cantidad suficiente a todos los ciudadanos, y lo mismo sucede con el servicio de saneamiento”, aseguró Herrera.

Ocultan estudios que supuestamente justifican reforma

En la exposición de motivos, el dictador Ortega alegó que los cambios a la Ley se basan en estudios validados por el Banco Mundial, sin embargo no se compartieron esos documentos con la propuesta y tampoco se han hecho públicos por INAA o el organismo multilateral.

La Comisión de Medio Ambiente es presidida por la orteguista Arling Alonso, quien solo aceptó en la consulta de la reforma a delegados de la Presidencia, del Marena, ANA, Enacal, Ineter, FISE e Inifom.

“Claramente es un retroceso muy serio en el derecho de tener acceso al agua potable. Es un tema que se le debe prestar especial atención y que le concierne a toda la ciudadanía en general. El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados pasa a fusionarse con la Autoridad Nacional del Agua, dejando en total discrecionalidad los mecanismos jurídicos vigentes en la autorización a concesionarios nacionales e internacionales en el uso de las cuencas hídricas. Está más que demostrado que para el régimen el tema medioambiental no es prioridad”, aseguró la diputada Martínez.

Subsidio será casi imposible de obtener

La legisladora Martínez y la expresidenta de Enacal, Herrera, coincidieron en que la población verá incrementado el cobro por consumo de agua potable debido a que con la reforma aprobada a la Ley 620 se focalizan los subsidios establecidos como “apoyos sociales”.

El artículo 14 de la Ley, inciso “I”, reza que “los apoyos sociales” “permiten el acceso del recurso hídrico en beneficio de las comunidades rurales ubicadas en zonas dispersas  y de difícil acceso“. De esa forma los diputados del FSLN redujeron de un plomazo el tipo de consumidores que recibirán el subsidio tarifario en la factura de agua potable.

“Excluyen a los usuarios de las zonas urbanas, quiere decir que no habrá apoyo a los asentamientos urbanos. Pero además limitan al tipo de población que podrá recibir el apoyo social, que deberá vivir en áreas rurales y de difícil acceso”, denunció Herrera.

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