En Nicaragua no existe un estado de derecho como tal. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrados de apelaciones y jueces “bailan al son que les toque el dictador Daniel Ortega” y por beneficiarlo han cometido una serie de violaciones a la Constitución Política, leyes y normas. Mientras las causas legales de aquellos nicaragüenses que adversan a la dictadura o son claros opositores políticos, sufren “el sueño de los justos” en los despachos de los operadores judiciales de este país.
El rol político partidario del poder judicial lo explicó claramente el exmagistrado de la CSJ, Rafael Solís, cuando renunció a su cargo el 8 de enero de 2019. Este exfuncionario jugó un papel importante en distintos momentos en la vida política e incluso personal de Ortega, de quien fue padrino de bodas.
“Han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo poder judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, criticó el exmagistrado en su carta de renuncia.
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Retardación de justicia para el resto
El principio constitucional relacionado con que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección solo ha quedado en papel mojado. Muchos nicaragüenses tienen que esperar hasta años para obtener justicia por parte de los magistrados de la CSJ, y cuando se trata de casos políticos, lo que se obtiene en realidad es injusticia.
Julio Montenegro, abogado defensor del preso político Edward Lacayo Rodríguez, conocido como la Loba Feroz, de Masaya, cuestionó la lentitud con que los magistrados de la CSJ han tratado la solicitud de casación que hizo para que conozcan los agravios que su defendido ha enfrentado en los procesos judiciales de primera y segunda instancia.
Montenegro interpuso dicho recurso el pasado 1 de abril y aún los magistrados del poder judicial no han realizado la audiencia. “La verdad es que en la Sala Penal (de la CSJ) a veces no se sigue un orden tan estricto de acuerdo a la cronología de los casos. Hay expedientes que, por ejemplo, ahí ya llevan como tres o más años esperando algún tipo de decisión para el día de realización de audiencia y de igual manera algunos están pendientes de resoluciones que no siempre se cumplen en el plazo establecido en el Código Procesal Penal, de tal manera que no sabemos cuál puede ser el criterio para retardar el caso de Edward Enrique Lacayo. Tal vez porque sea una persona que, de alguna manera, genera información e interés”, cuestionó el abogado.
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Fallos ordenados desde El Carmen
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Eber Acevedo, detalló que interpuso el recurso de casación a favor de su defendido Jaime Navarrete, el pasado 17 de abril y los magistrados realizaron dicha audiencia hasta el 28 de septiembre. Pero, el reo político aún está a la espera de la decisión judicial.
“Sabemos como es que el poder judicial trabaja. A como dijo un magistrado que ya no es funcionario (Rafael Solís). La justicia se administra desde El Carmen (en alusión a donde vive el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo). Esperamos un resultado parecido al de las dos primeras instancias”, lamentó Acevedo.
Justicia inmediata para Ortega
Pero la retardación de justicia no existe cuando se trata de asuntos políticos que le interesan a Ortega. El pasado 15 de octubre del 2009, el dictador presentó un recurso de amparo ante el Consejo Supremo Electoral con la pretensión de lograr la aprobación del poder electoral para poder participar como candidato en las elecciones generales del 2011, cuando contraviniendo la Constitución Política, buscaba la reelección. Para lograrlo, tuvo que hacer uso de sus operadores en la Corte Suprema de Justicia, incluyendo el mismo magistrado Solís.
Solamente cuatro días después, el 19 de octubre de 2009, la Sala Constitucional de la CSJ declaró “inaplicable” el artículo constitucional que prohibía la reelección presidencial continua. Ortega participó como candidato y logró seguir como mandatario en unas elecciones plagadas de irregularidades.
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“El fallo indica que el presidente de la República puede perfectamente correr como candidato en las elecciones del 2011”, dijo en ese momento el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, algo de lo que años más tarde se arrepintió.
“Es un hecho, evidentemente, que el poder judicial está politizado. Por eso hay magistrados de tendencia liberal y sandinista, eso es algo que todos sabemos a todas luces y es de conocimiento del pueblo. Acordate que los magistrados que se han elegido ha sido no porque cumplan con los requisitos que se establecen para esos cargos, sino porque de una u otra manera tienen una cercanía con el partido de Gobierno o porque son resultados del pacto libero-sandinista”, recordó la abogada de presos políticos, Yonarqui Martínez.
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Aberración judicial para favorecer a Ortega
El pasado 30 de septiembre del 2010, magistrados sandinistas de la CSJ confirmaron mediante una sentencia de supuesta Corte Plena que el dictador Ortega podía ser candidato presidencial en las elecciones del 2011 y ordenaron al CSE que lo inscribiera como tal.
La sentencia se originó en otra sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ, integrada solo por magistrados sandinistas y conjueces en la que resolvieron un recurso de amparo de Ortega y en la que declararon que el artículo 147 de la Constitución sea inaplicable para Ortega y 105 alcaldes sandinistas.
“Todas las elecciones de magistraturas en un probable nuevo Gobierno deben ser con nuevos estándares, que no permitan el nepotismo, porque eso es lo que a nosotros nos tiene dañados. Ahora nos estamos quejando de la politización de los poderes del Estado, pero en su momento nadie se detuvo a hacer una desinsaculación de los candidatos. No es malo que ellos tengan una ideología porque es un derecho que tienen, pero que sí obedezcan a un partido político es lo contraproducente”, criticó Martínez.
LA PRENSA/ARCHIVO
Otros favores de la CSJ a Ortega
El pasado 30 de septiembre de 2010, la CSJ declaró válido el decreto presidencial 3-2010, que prorrogó ilegalmente en sus puestos a 23 funcionarios, entre estos los magistrados del CSE.
Además se avaló el párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución de 1987, que dejaba en sus posiciones a los funcionarios de esa época mientras en el parlamento no se eligiera a sus sucesores.
Wilfredo Navarro, ahora orteguista y segundo secretario de la junta directiva del poder legislativo, en declaraciones pasadas dijo que junto a magistrados de la CSJ estaban trabajando en la propuesta de la Ley de cadena perpetua.
“El Instituto de Estudios Superiores del poder judicial da capacitaciones a los (profesionales del derecho), pero es lo mismo, capacitan a los que ellos consideran que en su momento van a ser una pieza clave para ellos… debería haber un colegio independiente para la elección de los altos cargos en el poder judicial”, consideró Martínez.