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cambio climático

La Costa Caribe Norte azotado doblemente por los huracanes Eta y Iota, es una zona vulnerable del país por sus condiciones de pobreza y olvido de las autoridades regionales y centrales. LA PRENSA/JULIO ESTRADA

El doble discurso del régimen sobre el cambio climático: exige indemnización, pero arrasa los bosques y gasta poco en adaptación

Los Ortega-Murillo han contribuido a la destrucción de los bosques en el país, lo que incide directamente en el cambio climático

Mientras el régimen de Daniel Ortega responsabiliza a las naciones industrializadas del impacto del cambio climático en los países empobrecidos como Nicaragua y por ello exige indemnización, lo cierto es que dentro del Presupuesto General de la República el gasto de adaptación, mitigación  y prevención es prácticamente “la cenicienta” dentro de las prioridades del Gobierno. Esto a pesar que múltiples estudios internacionales han advertido en los últimos años  de la devastación que la alteración climática hará en Nicaragua y la agricultura en las décadas venideras.

Una análisis realizado por LA PRENSA con base a cifras del Presupuesto General de la República de Nicaragua revela que en los últimos tres años el rubro relacionado con cambio climático, gestión de riesgo ante desastres y gestión ambiental no  supera ni el tres por ciento del gasto público, lo que confirma que tampoco el régimen tiene conciencia sobre el cambio climático.

En el 2020, por ejemplo, en este tipo de gasto se prevén 2,374 millones de córdobas, de los cuales más de la mitad son para gasto corriente y el restante para invertir de cara a la prevención y mitigación, así como protección de los recursos naturales. El monto global representa 2.83 por ciento de los 83,974 millones de córdobas programados este año en Presupuesto General de Gasto, según cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La vicepresidenta designada Rosario Murillo exigió -el pasado 16 de noviembre- “justicia climática” para Nicaragua y la región centroamericana por su extrema vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, y culpó indirectamente a los países desarrollados de este fenómeno.

“Centroamérica está viviendo momentos particularmente difíciles como resultado de la extrema vulnerabilidad, reseñada en informes de todos los organismos internacionales, frente a la destrucción climática, de la naturaleza y todos estos desastres que nos continúan llegando y nosotros los pueblos pequeños no hemos hecho nada para merecerlo”, expresó Murillo.

Sin embargo, defensores del medio ambiente señalaron que si bien es cierto que no se puede detener el paso de huracanes por el país ni controlar su impacto, el régimen Ortega-Murillo ha contribuido a que el desastre sea aún mayor. Los ministerios -encargados de cuidar y preservar el medioambiente, así como mitigar el riesgo- son los  marginados del  gasto público.

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“Este discurso de Ortega sigue siendo ambiguo. Cuando está de cara a que se le reconozca esa justicia climática al que llaman, que es correcta porque debe haber justicia de los países más responsables, pero eso no se debe traducir solo en dame dinero para utilizarlo en lo que yo quiero, cuando no hay un compromiso real demostrable del régimen en los recursos naturales”, dijo el ambientalista Amaru Ruiz, director la Fundación del Río, confiscada en el 2018 por Ortega.

Para el especialista, el discurso de los Ortega-Murillo es de doble moral porque por un lado piden financiamiento, y por el otro, no invierten en los ministerios que trabajan con los recursos naturales y más bien aumentan a instituciones como la Policía. Este escenario se traduce en descuido, ineficiencia y falta de respuesta a los problemas ambientales.

“Eso te demuestra que como Estado no está interesado ni dando el lugar que se merece al Ministerio del Ambiente (Marena) para el resguardo de los recursos naturales y eso se traduce en poca capacidad de respuesta, de descuido, de fiscalización (…) El discurso queda en el vacío cuando en la práctica vos tenés una gestión poco responsable sobre los temas ambientales y prácticamente solo reclamás justicia climática pidiendo reales y no demostrando las acciones concretas que como país deberíamos estar haciendo para enfrentar estos fenómenos naturales”,  reprochó Ruiz.

Pese a que este año, lo presupuestado para el programa de cambio climático, gestión de riesgos ante desastres y gestión ambiental, se triplicó, a criterio de ambientalistas, esto aún sigue siendo poco debido a la gran extensión de reservas y recursos naturales que tiene el país. Este leve aumento no es una garante para el desarrollo de medidas, aseguraron.

Sin acciones para la adaptación

El director de Fundación del Río enfatizó que el régimen en sus 13 años no ha tenido voluntad política para atender la crisis ambiental del país, y que ahora se centra en la mitigación y no en los procesos de adaptación, que esa debería ser su prioridad.

“Realmente no debemos estar mitigando, debemos estar adaptándonos al cambio climático porque hay dos líneas de actuación que ha definido la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que son medidas de adaptación vinculados a los países que emiten menos gases de efectos invernaderos y la mitigación que son para los países industrializados que tienen un enorme porcentaje de emisiones de CO2 a la atmósfera”, aclaró Ruiz.

Ruiz reconoció que los países más industrializados son los que tienen mayores emisiones de gases de efectos invernaderos a la atmósfera, comparado con Nicaragua que solo representa el 0.002 por ciento, y que evidentemente conlleva a una mayor responsabilidad sobre los efectos del cambio climático.

Sin embargo, enfatizó que “Nicaragua es un país altamente vulnerable y por esa condición se requieren todos los mecanismos necesarios para generar procesos de adaptación y para eso, uno de los factores ambientales más importantes son los bosques”.

Política “extractiva”

Los Ortega-Murillo volvieron al poder en el 2007, precisamente en el año en que el huracán Félix impactó y se ensañó con la Costa Caribe nicaragüense. Desde entonces, el régimen no ha provisto de acciones de adaptación al cambio climático, pese a que el país es altamente vulnerable, y más bien se ha visto el actuar negligente y politizado en fenómenos como el huracán Otto, en el 2017, el incendio en la Reserva Indio Maíz, en el 2018, o los eventuales deslaves que se han registrado en temporada lluviosa.

Sobre el impacto de Otto, organizaciones ambientales independientes señalaron que los daños fueron mayores en las reservas ecológicas que en las comunidades; sin embargo, con el incendio en Indio Maíz denunciaron “mano criminal” y negligencia del Estado. El régimen tardó una semana para reaccionar, y ambientalistas señalaron que el siniestro fue provocado por personas que invadieron la reserva y realizaron quemas sin control.

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De acuerdo a Juan Carlos Ocampo, del Movimiento Prilaka (libertad) -que defiende al medioambiente y pueblos indígenas- el orteguismo es el promotor de la toma de tierras y deforestación de los bosques, lo que ha incidido fuertemente para que las zonas vulnerables, como la Costa Caribe y comunidades, sean fuertemente golpeadas y dejándolas en más condiciones de pobreza.

Según estimaciones del Movimiento Prilaka, la tasa promedio de deforestación -antes de que Ortega regresara al poder- era de 55 mil hectáreas por año, pero con el régimen ha subido a 150 mil hectáreas promedio.

bosques de pino, despale
El corte de miles de árboles de pino ha generado que las rachas de vientos en los meses de noviembre y diciembre impacten de manera directa y con fuerza al poblado. LA PRENSA/William Aragón

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) presentó el año pasado los resultados del Atlas Cobertura Forestal y Deforestación en Nicaragua (1969-2015), donde detalló que en una década (2005-2015), el territorio nacional perdió un poco más de un millón de hectáreas de bosque, que representa el área deforestada en Nicaragua.

Ocampo señaló que todo empeoró cuando empresas mineras y Alba Forestal, nacida en el 2009 y ligada a los Ortega-Murillo, tuvieron luz verde del régimen para adentrarse a reservas naturales. Por ejemplo, Alba Forestal entró a Bosawás (el pulmón de Centroamérica), y llevó a personas para extraer madera. Una vez que la gente entró no volvió a salir.

“Alba forestal abrió camino y llevó a la gente a la búsqueda de madera donde nadie se había metido, y una vez que Alba Forestal salió, la gente se quedó en esos lugares a botar bosque y llevar ganado”, declaró Ocampo.

“Cuando las comunidades indígenas nos organizamos para denunciar a los colonos y empresas mineras, a los que persiguen es a nosotros, la defensa del bosque está criminalizada con este gobierno”, lamentó.

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Al respecto, Maria Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), expuso que los Ortega-Murillo tienen una política extractiva, que benefician a los intereses de cierto sector y se basa en deforestación de bosques y la minería abierta, sobre todo en reservas de altas riquezas naturales como Bosawas e Indio Maíz.

“El gobierno tiene la obligación de hacer un uso sostenible del medioambiente y cuando el Estado no protege y crea políticas extractivas, eso genera la destrucción y lo más afectados son los pueblos  más cercanos (a las reservas), los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, pero en general todos somos afectados, todos sufrimos el embate de una u otra forma”, expresó.

Para la defensora del medioambiente y pueblos indígenas, la depredación del bosque y la falta de políticas crean más pobreza y facilita la destrucción de las comunidades. Acosta recordó que los bosques sirven como una cortina rompevientos que protege su alrededor, así como el ecosistema.

“El uso extractiva y uso no sostenible de medio ambiente están para hoy pero hambre para mañana, ocasiona desplazamiento interno y más daños (al país)… tendría que haber un mayor respeto a los recursos naturales para poder despegar económicamente”, destacó.

Nicaragua, propensa a los desastres

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El Caribe Norte de Nicaragua ha quedado anegado y la población teme que sufran de una crisis alimentaria. LA PRENSA/JADER FLORES

De acuerdo a un reporte de las Naciones Unidas de enero de este año, América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a desastres. Nicaragua se ubicó entre los países más vulnerables para terremotos y sequías.

“Catástrofes naturales a veces exacerbadas por el cambio climático como huracanes, terremotos, sequías e inundaciones han afectado a 152 millones de personas en toda la región desde el año 2000”, informó la ONU.

A criterio de Acosta, la vulnerabilidad de Nicaragua siempre existirá porque el problema es que el Estado “no ve” al medio ambiente como parte de los derechos humanos y una necesidad, por lo que hizo un llamado al gobierno a “reaccionar” porque sino, la situación solo empeorará.

“Es tener conciencia de la necesidad e importancia que tiene el medio ambiente y los recursos naturales para la vida humana porque podés vivir sin trabajo pero no sin agua. Hay que hacerle un llamado al Estado a que reaccione, porque primero son permisivos, por decir lo mínimo, y luego salen a pedir afuera para proteger al medio ambiente, cuando se lucran mientras destruyen internamente y también cuando la destrucción ocurre”, manifestó Acosta, quien resaltó que la actuación del régimen es “insostenible”.

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¿Qué se necesita?

De acuerdo a Ruiz y Ocampo, el Estado debe trabajar en procesos de adaptación donde se incluya a todos los actores y se cumpla con la atención integral, partiendo de la educación, prevención y protección. Las leyes que están se deben cumplir.

“La prevención debería venir principalmente por la conservación de los bosques, por fortalecer la infraestructura comunitaria de manera que en su diseño puedan resistir a este tipo de eventos (huracanes), tiene que ver con la reubicación temporal, educación ambiental para controlar la basura pero eso está totalmente olvidado y engavetado”, dijo Ocampo.

Por su parte, Ruiz criticó la asistencia eventual que brinda el régimen orteguista, que solo se da cada vez que hay una afectación de un fenómeno natural, dejando a un lado la verdadera necesidad de una política integral.

“La política del gobierno ha sido que pasa un evento y tiene dos o tres cosas que entregar en esas comunidades y se retiran, son políticas asistencialistas eventuales pero las comunidades indígenas lo que requieren es una atención permanente integral (…) Es importante la participación de todos los actores, el régimen ha demostrado que no tienen la capacidad para enfrentar (la situación) y es necesario tener planes de gestión de riesgo pero no solo a nivel de ciudades, sino de pueblos indígenas y comunidades. Cuando tenés enormes riquezas naturales que proteger y fiscalizar, tenés que asumir su protección”, concluyó Ruiz.

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