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CONTENIDO EXCLUSIVO.En abril de 1992, el empresario Arges Sequeira Mangas se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su calidad de representante de la Asociación Nacional de Confiscados, una organización que aglutinaba a unas 26 mil personas que reclamaban por sus propiedades confiscadas durante el régimen sandinista de los años ochenta.
Cuatro meses después de aquella reunión, el dos de agosto de ese año, fueron dados de baja del Ejército el teniente coronel Frank Ibarra Silva, el capitán Diego Javier Espinoza Herrera y el exteniente del Ministerio de Gobernación, Germán Lacayo Guerrero. Todos ellos fueron los asesinos de Arges Sequeira tres meses después, en la mañana del 23 de noviembre de 1992.
Para la CIDH, hasta donde escaló este caso después de agotarse algunas instancias jurídicas a nivel nacional, la baja del Ejército de Frank Ibarra Silva, principal responsable del asesinato de Sequeira, “tendría por móvil su participación en el asesinato”. Todos los indicios analizados coinciden en señalar como responsable, en virtud de que en su condición de militar organizó el crimen cuando todavía prestaba servicios en el Ejército Popular Sandinista, y que se retiró solo para su desvinculación institucional aparente”.
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Veintiocho años después, este crimen quedó en la impunidad y no hubo reparación para sus familiares, a pesar de que Frank Ibarra Silva fue condenado a 20 años de prisión en 1997 y hubo orden de arresto. En su libro Confesiones Secretas de un Coronel, Víctor Boitano Coleman asegura que los autores del crimen se refugiaron en Cuba y después desaparecieron con rumbos diferentes. Mientras que Ibarra Silva, el jefe de la acción, vive en Venezuela y se ha visto en Nicaragua en varias ocasiones.
¿Quién era?
Arges Sequeira Mangas tenía 58 años de edad cuando fue asesinado. Era abogado, miembro de la junta directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Hizo sus estudios en el Colegio Pedagógico y en el Instituto Nacional de Occidente, en León. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y Estudios Políticos en Perú.
Nació en El Sauce, León, hijo del matrimonio de Germán Sequeira Delgado y Rosalpina Mangas. Su abuelo Germán Sequeira había sido diputado liberal en los años 30, según un artículo de La Estrella de Nicaragua.
“Muchas veces llevó hasta la mesa de su hogar a humildes campesinos que no tenían como pagarle sus servicios de abogado y tampoco tenían para comer. Arges les trabajó y alimentó gratis”, cita el artículo publicado en 2007.
Durante los años ochenta fue diputado por el Partido Liberal Independiente (PLI), pero se negó a recibir el sueldo. Era un opositor activo del régimen sandinista, y después de la derrota de estos, en 1990, retomó la bandera de los confiscados, con los que ganó mucha simpatía.
Al momento de su muerte, también era presidente de la Unión Nacional de Productores (Upanic), de la cual también fue presidente Jorge Salazar Argüello, quien fue asesinado 12 años antes, el 17 de noviembre de 1980. De Upanic también llegó el actual presidente del Cosep, Michael Healy.
En 1991, Ramiro Gurdián entregó la presidencia de Upanic a Arges Segueira, porque él pasaría a ocupar la presidencia del Cosep. “Yo estoy entre dos muertos, matan a Jorge y recibo la presidencia de Upanic, después le entrego la presidencia a Arges y lo matan cuando yo ya era presidente del Cosep”, dijo Gurdián en 2012.
En 1992, Gurdián señaló con nombres y apellidos a los asesinos de su amigo, Arges Sequeira, y esa misma noche el edificio del Cosep, sobre la calle El Triunfo de Managua, fue dinamitado con explosivos que estallaron las ventanas y el techo. “Durante mi presidencia pusieron una bomba dinamita C-4 en mi oficina, destruyéndola. Gracias a Dios había salido unos minutos antes”, señaló Gurdián.
Empresarios contra el sandinismo
En la década de los ochenta e inicios de los noventa, varios empresarios fueron confiscados, exiliados, apresados, e incluso, asesinados.
Entre los presidentes del Cosep que fueron confiscados están Enrique Bolaños, Ramiro Gurdián, Enrique Dreyfus, Gilberto Cuadra, Gerardo Salinas, Alfonso Robelo y Marcos Zeledón.
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Al menos cuatro de ellos estuvieron en la cárcel: Alfonso Robelo, Enrique Bolaños, Enrique Dreyfus y Ramiro Gurdián.
Dos miembros fueron asesinados: Jorge Salazar Argüello y Arges Sequeira.
En las fotografías de entonces se puede ver que dentro del Teatro Cabrera, donde se reunían los empresarios, era vigilado por miembros de la Policía Sandinista, como ocurre actualmente con las reuniones de los grupos opositores.
Asesinato
En la mañana del 23 de noviembre de 1992, entre las siete y las ocho de la mañana, Arges Sequeira recibió una llamada que lo hizo salir de su finca La Queserita, ubicada en El Sauce, León. Minutos después fue asesinado a balazos y su cuerpo fue encontrado tirado boca abajo con los orificios de los disparos.
Las fuentes de la época señalan que le dispararon seis balazos en la cabeza. El informe de la CIDH indica que los autores materiales fueron los tres exmiembros del Ejército Popular Sandinista y de la Dirección General de la Seguridad del Estado, Frank Ibarra Silva; Diego Javier Espinoza Herrera y Germán Lacayo Guerrero, quienes dispararon desde una camioneta doble cabina color rojo, cuando Sequeira caminaba junto a Julián Alejandro Espinoza Martínez, testigo clave para el esclarecimiento de este caso.
“Al único que puedo reconocer mirándolo es el que me avienta del puente y me golpeó. Si lo puedo describir es un hombre bajo, recio, moreno, ojos achinados, bigotes gruesos y una calza en el diente”, dijo Espinoza Martínez cuando le mostraron la fotografía del exteniente coronel Frank Ibarra Silva.
Dos meses después, el propio exteniente coronel Frank Ibarra Silva admitió su participación en el asesinato al periódico francés Le Monde. Dijo que la intención era secuestrar a Sequeira, no asesinarlo, pero “desgraciadamente él (Sequeira) reaccionó violentamente en el momento de ser interceptado y fue tirado”.
Ibarra justificó el crimen al decir que se trataba de una acción de las Fuerzas Punitivas de Izquierda, una organización que había creado hace dos años para impedir “que se cuestionen los logros de la Revolución sandinista”, y amenazó: “Nosotros no somos terroristas, pero queremos terminar con los verdugos del pueblo que buscan quitarle las tierras, las fábricas y las casas que la revolución les ha dado”.
Ibarra también aprovechó la entrevista para lanzar amenazas contra el alcalde de Managua de entonces, Arnoldo Alemán; el vicepresidente de la república Virgilio Godoy y el presidente de la Asamblea Nacional, Alfredo César. “Son políticos que quieren volver a la época de Somoza, aplicando una política neoliberal, que hace a los pobres más pobres y a los ricos, más ricos”, dijo Ibarra.
En esos momentos, Ibarra era de los prófugos más buscados por la Policía. Un comunicador del periódico francés Le Monde lo entrevistó en el camino que va de Matagalpa a Jinotega. En el artículo cuenta que se encontraba con unos 20 hombres armados con AK, ametralladoras y lanzacohetes RPG-7 en una colina boscosa, rodeados de campos de maíz y frijoles. Todos llevaban un pañuelo en el rostro e Ibarra tenía una gorra negra con la fotografía del cantante Bob Marley.
Amnistía
Casi un año después del asesinato de Arges Sequeira, el 11 de noviembre de 1993, un tribunal de León encontró culpable a Frank Ibarra Silva, pero inocentes a Germán Lacayo Guerrer y Diego Javier Espinoza, sus cómplices en el asesinato.
Trece días después, el 24 de noviembre, Ibarra Silva fue sentenciado a 20 años de prisión, pero el mismo juez lo sobreseyó por considerar la Ley de Amnistía 51 que se aprobó el 23 de septiembre de 1993, por las acciones que cometió Pedrito el Hondureño en Estelí en julio de ese año, donde fallecieron 45 personas y hubo 98 heridos.
Pedrito el Hondureño en aquel entonces comandó un grupo del FSLN, de entre 120 y 150 personas, quienes penetraron en Estelí y se tomaron las principales gasolineras, bancos y edificios públicos. Este grupo se enfrentó contra el Ejército de Nicaragua, lo cual provocó los saldos fatales.
La sentencia se apeló y el tres de diciembre de ese año, el juez dictó auto de prisión contra Ibarra. Sin embargo, él y sus dos cómplices se entregaron en el enclave El Dorado, de Jinotega, donde permanecieron bajo custodia de una brigada del Ejército. A pesar de que fueron procesados y condenados, no se supo de su paradero y la Policía Nacional nunca procedió a arrestarlos.
La CIDH consideró en su informe que la amnistía no era aplicable para este caso debido a que el de Sequeira no fue un asesinato político, y en su artículo 1 se establece que esta solamente cubría los hechos ocurridos en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Boaco, Chontales y el Caribe. No obstante, el asesinato de Sequeira se perpetró en el departamento de León, en el occidente del país.
La sentencia fue apelada y el nueve de marzo de 1994 se revocó el sobreseimiento definitivo para los asesinos de Sequeira. El choque judicial se extendería con un recurso que alargó el juicio hasta el siete de marzo de 1997, cuando se resolvió la condena de 20 años de prisión para Frank Ibarra Silva, el asesino. Para entonces, los condenados ya no estaban en el país.
Con el paso de los años, se pudo constatar que tres semanas después del asesinato, Frank Ibarra Silva huyó hacia México y regresó un mes después a Nicaragua, el 9 de diciembre de 1992. Cuando el periodista de Le Monde le preguntó cómo había salido y regresado al país, Ibarra respondió con una sonrisa: “Por el aeropuerto de Managua, como todo el mundo”.