Los conflictos por tierras entre colonos y comunidades indÃgenas en la Costa Caribe siguen cobrando vidas. El joven mayangna Michael López Rivera, de 18 años, es la nueva vÃctima. Murió a machetazos el pasado 6 de diciembre en la comunidad Nawahwas, territorio mayangna Sauni Bu, en la Reserva de Biosfera de Bosawas.
Con este crimen, se elevan a 13 los asesinatos perpetrados por colonos en lo que va de este año, según informó el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos IndÃgenas (Calpi). “Los ataques contra los indÃgenas han sido perpetrados por colonos armados, los que durante este 2020 han sido dirigidos principalmente contra miembros de pueblos indÃgenas mayangnas, dejando a la fecha un saldo de al menos 13 hombres asesinados”, dicta el comunicado emitido por Calpi.
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Calpi sostiene que la familia de López Rivera teme que este nuevo crimen quede en la impunidad debido a la omisión de investigación por parte del Gobierno en cuanto a los asesinatos, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y ataques que se registran en las comunidades indÃgenas.
Para este centro defensor de derechos humanos indÃgenas, desde el 2015 estas situaciones presentan un patrón de violencia sistemática ejercida contra lÃderes comunitarios y contra todo aquel que defiende los derechos de los pueblos miskitos y mayangnas en Bosawas y la cuenca del rÃo Coco, en la Costa Caribe Norte.
Colonos usurpan tierras
Calpi también señaló que debido a este escenario, aparte de los 13 asesinatos, se registran cinco heridos —dos de ellos con efectos permanentes como paraplejia—, dos hombres secuestrados, dos agresiones contra menores de edad, una niña secuestrada, asà como el desplazamiento forzado de al menos 30 familias de la comunidad miskita Sangni Laya.
“La violencia contra los indÃgenas ha tenido el objetivo de usurparles la tierra que tradicional e históricamente han ocupado, aprovechando la inseguridad jurÃdica causada por la omisión estatal de implementar la etapa del saneamiento, última etapa del proceso de titulación realizado por el Estado de Nicaragua, entre 2005 y 2011, sobre 23 territorios indÃgenas”, señala el comunicado.
Sin embargo, hasta la fecha este proceso no ha tenido éxito y las comunidades cada vez se ven amenazadas por colonos que llegan a apoderarse de sus tierras, para su uso indiscriminado de los recursos naturales en actividades agrÃcolas y ganaderas.
El efecto del paso de Eta e Iota
Calpi también expone que lÃderes comunitarios han compartido la preocupación —no solo de las amenazas, ataques y muertes que sufren por colonos— sobre el escenario de hambre que han dejado los huracanes Eta e Iota en las comunidades, puesto que los fenómenos naturales destruyeron sus viviendas y las cosechas, además de contaminar las fuentes de agua.
Sumado a este escenario, la amenazas del Covid-19 es otro factor que deja más vulnerables a estas familias indÃgenas. “Los indÃgenas manifiestan que sus comunidades no han recibido apoyo estatal antes, durante ni después de la pandemia ni del paso de los dos huracanes”, declara Calpi.
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El centro instó nuevamente al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a terminar con el “clima de impunidad” que genera la ausencia de investigaciones sobre esos casos que se registran en las comunidades y que vulnera la vida tradicional, integridad fÃsica y psÃquica de sus miembros. Además hizo un llamado a preservar los territorios indÃgenas.
“El Estado de Nicaragua tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas dentro de su jurisdicción, sin discriminación alguna, y de tomar todas las medidas necesarias para prevenir y remediar las violaciones a estos derechos”, concluyó Calpi.