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CONTENIDO EXCLUSIVO.Luego de dos años y medio de serias dificultades para acceder a las ventanillas financieras internacionales, el régimen de Daniel Ortega consiguió este año algo más de mil millones de dólares, que al sumar fondos previamente aprobados suman un poco más de 1,366 millones de dólares, según un recuento realizado por LA PRENSA. Muchos de estos no vienen directo al régimen sino canalizados por otras vías.
Los analistas advierten que pese a esa significativa disposición de fondos, principalmente conseguidos a raíz de los huracanes Iota y Eta, al régimen no le será fácil desviar esos recursos para fines políticos en pleno año electoral, debido al estricto control que los organismos internacionales han impuesto, aunque reconocieron que el riesgo siempre es latente principalmente en regímenes totalitarios como el del orteguismo.
El recuento realizado por este Diario refleja que en el 2020, principalmente en la segunda mitad del año, el régimen dispondrá el próximo año de aproximadamente 1,366 millones de dólares -parte de ellos de donaciones-, de organismos multilaterales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y programas de Fondos, para ejecutar proyectos sociales, ambientales y de reactivación económica, así como de respuesta a la pandemia del Covid-19.
La última aprobación la hizo el Banco Mundial la semana pasada que dio al régimen 20 millones de dólares para atender el impacto de la pandemia, pero estableció que dichos recursos serán canalizados a través de una organización de Naciones Unidas y además estarán estrictamente supervisados, como también lo ha hecho el BID y el FMI. El recuento incluye el dinero obtenido con el Fondo de la OPEP a mediados de este año, también recursos para viviendas, electricidad, entre otros.
Para el economista y exgerente regional del BCIE, Róger Arteaga, los préstamos que se dieron al país fue debido a la preocupación de la comunidad internacional con el pueblo nicaragüense, pero, para poder desembolsar los fondos establecieron estrictos requisitos que alejan a Ortega de su ejecución -debido a los señalamientos de corrupción, lavado de dinero y violación a los derechos humanos- y no sean destinados para propaganda o campaña electoral.
“(Los condicionamientos) son producto del manejo que ha hecho Ortega de los recursos que ha recibido y la forma de cómo los ha administrado. Si piensa que van a hacer propagan que se olvide (de los fondos), porque son aprobaciones de préstamos que están condicionadas a ciertos requisitos previos, y si cumple con eso se le hace el desembolso”, declaró Arteaga.
Arteaga recordó que Ortega no podrá tocar dinero por los altos niveles de corrupción de su gobierno, y ejemplificó con el préstamo que realizó el BID, que condicionó que los 43 millones de dólares para atender la pandemia, los manejarán directamente agencias externas.
“Los organismos están tratando de minimizar el mal uso de esos fondos y de cómo llegar a la población y no se quede en el gobierno… Esas instituciones que van a manejar esos recursos no van a permitir que llegue con rótulo de campaña electoral y que digan que eso se lo manda Daniel Ortega y Rosario Murillo, y si acaso lo hace el gobierno, tenga en cuenta que se van haciendo desembolsos parciales de los cuales tienen que rendir cuenta y si la cuenta está correcta hacen otro desembolso, de tal manera que van controlando lo que se va entregando. Cuando vea que se suspenden los desembolsos es que se dieron cuenta que lo que entregaron no fue a dar a las manos de los nicaragüenses”, enfatizó Arteaga.
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Nicaragua es el único país de Centroamérica en el cual los organismos internacionales destinaron menos ayuda para enfrentar la pandemia del Covid-19, por ejemplo, e impusieron una estricta supervisión sobre los fondos.
El FMI aprobó préstamos de 594 millones de dólares al gobierno de Guatemala para atender la pandemia, 530 a Honduras, 504 a Costa Rica y 389 para El Salvador. El organismos solo destinó 185.3 para Nicaragua.
No podrá usar fondos para clientelismo
A criterio del exembajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas, Julio Icaza Gallard, los préstamos que hasta ahora han sido concedidos por organismos financieros internacionales son específicamente para contrarrestar los efectos de la pandemia y los huracanes Eta y Ioto, y no precisamente son parte de la política de financiamiento que mantenían estos agentes con el régimen orteguista.
“Esos préstamos significan una excepción en la política de cero financiamiento para el régimen Ortega-Murillo que hasta hoy han mantenido esos organismos, menos el BCIE, para lograr el respeto a los derechos humanos y el fin de la corrupción en Nicaragua… Son préstamos que evitarán un mayor deterioro de la situación económica crítica que viene sufriendo el país como consecuencia de la crisis política, la pandemia y los desastres naturales; pero que resultan insuficientes para terminar con el problema”, señaló.
Icaza Gallard coincidió con Arteaga que Ortega no podrá utilizar los fondos para propaganda o clientelismo electoral, pues “el uso y fines de los mismos está determinado en los términos concesionales de los organismos”. Sin embargo, advirtió que se está frente a una dictadura “corrupta y tramposa”, por lo que además de los mecanismos de supervisión y ejecución de los recursos, es necesaria una auditoría social.
“Se trata no solo de vigilar el buen uso de esos fondos sino también que los fondos del presupuesto liberados no sean desviados a actividades proselitistas, sobre todo en un año de campaña electoral en donde estos aspectos deberían estar regulados y siendo observados internacionalmente”, manifestó.
País más endeudado
Al respecto, el economista Luis Murillo mostró su preocupación porque estos préstamos significan un aumento de la deuda externa del país, los que los nicaragüenses deberán pagar sin mucha posibilidad de generar un aporte directo a la economía.
No obstante, cabe mencionar que Nicaragua es de los pocos países en América Latina que menos se han endeudado comparado con otros de la región. Eso sí, el país lleva tres años seguido en recesión, lo que deja a la economía local en desventaja. El Fondo Monetario ya ha reconocido que después de la pandemia el mundo se encaminaría a una crisis de deuda y que en ese contexto los países desarrollados deberán pensar en programas de alivios para economías en desarrollo, en cuya clasificación encajaría Nicaragua.
El Banco Central reportó que en el primer trimestre de 2020 la deuda pública (interna y externa) ascendió a 7,304.1 millones de dólares, de los cuales 6,334.9 millones son de acreedores externos.
“Los préstamos son préstamos y estos organismos son bancos, ante lo cual van a dar crédito a largo plazo, pero que van a ir amortizando y pagando intereses y eso nos va a costar en el futuro, el país se va ir más endeudando paulatinamente y la reconstrucción, no necesariamente es para el desarrollo del país porque hasta que no se resuelva el problema político en este país, no se va a lograr el verdadero despegue económico”, aclaró Murillo.
El economista compartió que tiene la percepción de que en el 2021 -aunque la economía siga en recesión- se contará con un poco de dinamismo, uno debido a los flujos que están llegando, aunque sean condicionado, al país; lo otro, por el año electoral.
“Los partidos políticos, pese a que hay una ley de agentes extranjeros, de manera directa e indirecta van a conseguir algún tipo de financiamiento y se va a generar actividad económica. Lo que me preocupa es el 2022, que independientemente del gobierno que esté, va a necesitar ajustes estructurales en donde las personas más vulnerables vamos a sufrir las consecuencias”, destacó Murillo, quien concluyó que la economía nicaragüense se pondrá verdaderamente a “prueba” en el 2022.
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En este sentido, Arteaga e Icaza creen que el problema económico se mantendrá mientras no se resuelva el problema político, y la solución es una salida electoral creíble y transparente.
“Los préstamos no representan una solución a la caída en picado de las inversiones y estas no regresarán mientras no exista un clima de confianza y seguridad. Pensar que es posible un regreso a la situación prevaleciente antes de abril de 2018 es una quimera, que el régimen trata de vender, pero que es irrealizable mientras no se resuelva la crisis política, a través de una salida electoral creíble y certificada por una observación internacional”, declaró Icaza.
Más sanciones si no hay solución
Por su parte Arteaga dijo que el próximo año será clave para el país porque la aprobación de los financiamientos tienen condiciones, como la prevalencia de la democracia y respeto a los derechos humanos, y si Ortega mantiene la represión y viola el derecho de los ciudadanos de votar en elecciones libres, solo vendrían más sanciones para su círculo y suspensión de préstamos.
“Si Ortega viola o entra en campaña y trata de quitar el derecho a los ciudadanos de votar en elecciones libres, justas y transparentes, no dude que habrá sanciones y suspensión de desembolso aunque ya estén aprobados los préstamos. El margen de maniobra de Ortega está medido y reducido y tiene que publicar e informar el uso de todos los recursos que están recibiendo”, declaró.
Arteaga hizo un llamado de unidad a los diferentes actores sociales para trabajar en conjunto en acciones contundentes para enfrentar a la dictadura Ortega-Murillo. “La raíz del problema se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo, si no se resuelve el problema político, por mucha ayuda que venga, no resolverá el problema económico”, reprochó.