A lo largo del 2020 el régimen de Daniel Ortega reforzó su modelo represivo, autoritario y recaudatorio con la imposición de leyes destinadas a controlar y sacar provecho de la población nicaragüense en medio de una crisis sociopolítica y económica que se ha extendido por casi tres años en el país. La dureza de varias de ellas se sentirá en el 2021, en pleno año electoral, principalmente las diseñadas para perseguir a los opositores.
A través de la Asamblea Nacional, donde el régimen ostenta la mayoría de diputados que aprueban todas las propuestas del Ejecutivo, la dictadura ha impuesto una serie de leyes que han afectado este año, y lo seguirán haciendo en el próximo, a la población nicaragüense, señalaron juristas consultados por LA PRENSA.
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Entre las leyes que más ha sentido la población y gran parte del sector privado que adversa al régimen están la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos, Ley Fitosanitaria, Ley de Rótulos y la pena de cadena perpetua, expusieron los juristas y opositores al régimen orteguista, José Pallais Arana y Eliseo Núñez Morales.
“Estas leyes han sido básicamente las más fuertes este año, no hay otra sobre la palestra, solo reformas de leyes que ya estaban”, señaló Núñez.
Según el exdiputado, con el conglomerado de estas leyes durante el 2020, lo que el dictador Ortega pretende, más allá de establecer las regulaciones de dichas legislaciones, es prepararse para el año electoral que ya se avecina.
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“Ortega con esto está preparándose para escoger a sus opositores a través de estas leyes; todas conllevan a mantener limitaciones tanto a ciudadanos como a organizaciones y partidos políticos. El objetivo es que él (Ortega) escoja quién lo enfrente, no es el objetivo realmente el de regular este tipo de cosas de cara al año electoral”, argumentó Núñez.
Por su parte, el jurista José Pallais considera que estas leyes están orientadas para aumentar el control de la dictadura para con los ciudadanos. “Estas tres tienen la orientación de preparar la capacidad de limitar la libertad de los ciudadanos, la pasividad de los ciudadanos a ejercer sus derechos, de expresarse libremente, de organizarse, de contar con apoyo extranjero para la defensa de los derechos humanos y para la promoción de la democracia”, dijo Pallais, en referencia a las leyes conocidas como “Ley Putin”, “Ley Mordaza” y la pena de cadena perpetua.
¿En qué consisten estas cinco leyes por orden cronológico?
Ley Fitosanitaria
La primera de las cinco nuevas leyes impuestas por Ortega fue aprobada en marzo de este año. Se trata de la Ley Fitosanitaria, que se aprobó con 75 votos de los diputados orteguistas y cinco de sus aliados políticos del PLI, ALN y Apre.
Esta legislación establece sanciones de entre los 100 dólares y 7 mil dólares a cualquier productor y empresas que según las inspecciones que realicen los técnicos del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) incumplan los requerimientos de prevención de plagas.
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Gremios empresariales del país como la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), denominaron esta legislación como una medida recaudatoria por la discrecionalidad con la que el IPSA podría imponer las multas.
“Ley Putin”
Esta ley fue aprobada el 15 de octubre por el orteguismo y entró en vigencia cuatro días después, el 19 del mismo mes, con el objetivo de establecer un nuevo mecanismo de espionaje financiero contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones, y asociaciones sociales y opositoras que reciban recursos de gobiernos y agencias extranjeras.
Con esta ley, el régimen orteguista ordena a las personas naturales o jurídicas nicaragüenses así como de otras nacionalidades que actúen como «agentes extranjeros», abstenerse de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa, so pena de sanciones legales.
“Con esta ley se van a encarecer las transacciones financieras en el país por las regulaciones que esta conlleva, que también está diseñada para limitar la capacidad de organizaciones políticas de realizar campañas masivas y que no reciban asistencia de organismos extranjeros”, señaló el exdiputado Núñez.
De hecho, el pasado viernes 11 de diciembre, la ONG We Effect, que luchó durante 35 años contra la pobreza en Nicaragua, anunció el cierre de sus operaciones en el país como consecuencia de esta legislación.
“Ley Mordaza”
Tan solo 12 días después de aprobada la “Ley Putin”, los 70 diputados orteguista del parlamento dieron luz verde a la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza” debido a que es una legislación que criminaliza las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación como delitos contra la “seguridad del Estado”.
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Las penas que establece esta ley van de uno hasta 10 años de cárcel a los ciudadanos a quienes se les imputen los denominados ciberdelitos, que abarcan desde publicaciones en las plataformas digitales y en los medios de comunicación que sean consideradas por la dictadura como amenaza a la sostenibilidad de su sistema totalitario. La “Ley Mordaza” fue publicada en La Gaceta tan solo tres días después de haber sido aprobada.
Cadena perpetua
El 10 de noviembre de 2020, la dictadura orteguista aprobó la reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua, que según el régimen, tiene como objetivo castigar los “crímenes de odio” en Nicaragua.
Aunque faltan dos pasos legales para la aprobación total de esta legislación, el régimen concretó las tres leyes de represión, conocidas por opositores como el “tridente represivo”, que están dirigidas a criminalizar las acciones de la ciudadanía y los sectores de la oposición que adversan a Ortega.
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Según el régimen, esta pena capital será aplicada cuando un ciudadano nicaragüense cometa delitos graves que ocurran “en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación repugnancia en la comunidad nacional”.
Ley de Rótulos
Después de pasar estancada desde octubre del 2013, el régimen aprobó el 10 de diciembre la que puede ser la última ley represiva de 2020, denominada Ley de Rótulos, en la que la dictadura impone tarifas para los ciudadanos u organizaciones que decidan usar rótulos, vallas, mantas y todo tipo de publicidad colocadas tanto en la vía pública como en zonas privadas.
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“La Ley de Rótulos tiene dos connotaciones, la primera es electoral porque va a controlar a sus adversarios en cuanto a la publicidad y la otra parte, que es una recaudación dañina, porque hasta las pulperías que pinten sus paredes van a tener que pagar. Eso es sacar dinero a la ciudadanía de la bolsa”, indicó el exdiputado Eliseo Núñez.
Por su parte, el jurista José Pallais señaló que además de recaudatoria, es una medida que tendrá un serio efecto negativo en la economía del país, teniendo en cuenta la recesión en la que está sumida Nicaragua desde casi tres años.
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“La Ley de Rótulos y la Fitosanitaria tienen una intencionalidad fiscal, es decir, incrementar la recaudación por parte del Estado, buscando nuevas formas de obtener más dinero de parte de los ciudadanos y vas a tener un efecto negativo en el funcionamiento de la economía en cuanto al hecho de que se va a incrementar los efectos de la recesión, porque van a ser más prohibitivas la operaciones de las actividades económicas”, señaló el jurista.
Normas, resoluciones y reformas
Para el jurista Pallais, en cuestión de leyes, las anteriores han sido las más duras que el orteguismo ha impuesto este año. No obstante, considera que han habido normativas y resoluciones administrativas que también han tenido un efecto negativo este año en el país.
“Con las disposiciones que se le han puesto a las líneas aéreas, por ejemplo, que está generando que no arranquen las conexiones a través de vuelos y está generando además una afectación directa al sector turismo, ya que es muy importante la creación de ingresos y divisas a través de este sector”, señaló Pallais.
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Por su parte, Núñez considera que una de las reformas realizadas este año que afectará seriamente a la población en general es la reforma a la Ley General de Aguas, en la que el régimen pretende privatizar el servicio de agua potable a la vez que limita a la población al subsidio estatal en la factura de agua potable.
“Con el tema de la reforma a la Ley del Agua, esto puede traer serias complicaciones, porque se están preparando para privatizar ese servicio. Eso implica que van a haber tarifas más altas y la centralización de este servicio por parte del Estado”, expuso el exdiputado.
Según Pallais, aunque el régimen ha establecido un sinnúmero de disposiciones y reformas, otra de las más negativas ha sido la reforma a la Ley de Registro Público. “Con la reforma al Registro Público, por ejemplo, se han aprobado normas que tratan de impedir la privacidad de los ciudadanos, de las empresas y de las sociedades. Incluso el mismo Registro Público dejó de ser público. Pero si nos ponemos a revisar las otras disposiciones y normativas en el Estado a lo largo del año nos vamos a asustar de la cantidad y los efectos negativos en la población”, señaló.
Más represión, impuestos y carestía
Tanto Pallais como Núñez, ambos opositores al régimen, coincidieron en cuanto a la posición que debe asumir la oposición de cara a unos eventuales comicios presidenciales, donde sugieren que debe haber una participación conjunta de todos los bloques opositores para hacerle frente a Ortega.
“El máximo componente a su favor que va a tener el Frente Sandinista, aparte de la abstención, es la no participación de la oposición. Creo que participar es la opción. La oposición tiene que hacer el máximo esfuerzo de recobrar el tiempo perdido, no se vale tomar la posición de tirarse los unos a los otros; estoy seguro que van a haber elecciones, quizá amañadas, limpias, medio limpias, pero la oposición tiene que ver ese tema, ver qué va a hacer para participar”, manifestó Núñez.
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Mientras tanto, Pallais, en cuanto a la presión internacional, indicó que aunque se ha debilitado en las últimas semanas, espera que esta tome fuerza ya entrado el año electoral.
“Es lógico que en esta etapa la presión internacional pierda fuerza, porque se está viviendo la crisis electoral en los Estados Unidos, que es la principal fuente de presión y de sanciones contra el régimen. Pero una vez que se establezca una transición entre Biden y Trump, creo que la presión se puede intensificar”, señaló Pallais.
Contrario a Pallais, Núñez considera que la presión internacional se ha mantenido. “La presión internacional se ha mantenido. Con el mecanismo que recién aprobó la Unión Europea y el caso de los Estados Unidos en las últimas semanas, creo que la presión va a continuar como hasta ahora”, mencionó.
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José Pallais ve un panorama sombrío de cara al año electoral 2021 que ya se avecina, pues asegura que la imposición de leyes “represivas” por parte del orteguismo para con la población, suponen serios retos para estos últimos.
“La población en el próximo año, con el tema electoral, debe esperar más represión, más impuestos, más cobros, más carestía, menos oportunidades y más sangría para los ciudadanos porque el orteguismo, la crisis quiere trasladarla solamente sobre los hombros de la población”, mencionó Pallais.