El 83 por ciento de las acciones del grupo español TSK Melfosur en la distribuidora y comercializadora de energía eléctrica Disnorte-Dissur pasará oficialmente a manos del estado de Nicaragua este lunes 21 de diciembre, cuando los diputados de la Asamblea Nacional sesionen de forma extraordinaria para aprobar de forma urgente la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense.
En el primer artículo de la ley indica que “para garantizar la continuidad y seguridad del servicio básico de la energía eléctrica a la población nicaragüense, se declara de seguridad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones propiedad de la empresa TSK Melfosur Internacional, Sociedad Anónima (TMI, S.A.) en las empresas Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur (Dissur)”.
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Sin embargo, el documento no informa de qué manera el estado adquirió esas acciones, que en 2013 le costaron 57.8 millones de dólares al grupo TSK. Esta maniobra se llevará a cabo después que hace 10 meses el grupo español le confirmó a LA PRENSA que había dejado de ser dueña de la distribuidora de energía eléctrica en Nicaragua, Disnorte-Dissur.
Para el ingeniero Fernando Bárcenas, especialista en temas de energía, el argumento que presenta la ley para adquirir las acciones muestra que se trata de una expropiación de las acciones porque “la ley justifica que pasan a ser propiedad del estado porque estas son de interés nacional”.
Bárcenas señala que esto genera una inseguridad jurídica para cualquier inversionista. “Es una señal brutal de expropiación , porque ni siquiera dice las causas por las cuales le quitaron las acciones a la empresa”, agrega el especialista.
El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, considera que existe un vacío de información que no deja claro cómo adquirieron las acciones: a través de una donación de TSK al estado, una intervención del estado en TSK, o una confiscación del estado. “No existe esa información. Una de las especulaciones es que la empresa TSK no está bien y están pasando el manejo al estado, o hay quienes especulan que se están protegiendo de posibles sanciones”, agregó Aguerri.
Con la adquisición de este 83 por ciento de las acciones y el 16 por ciento que ya tenía el estado, se completa la nacionalización de la empresa comercializadora y distribuidora en Nicaragua.
El doble papel de Enatrel
Con esta nueva ley, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), además de encargarse de la transmisión de energía, también se hará cargo de la comercialización y distribución de energía que hace Disnorte-Dissur y de la Dirección de Operación de los Sistemas Aislados (DOSA), que hasta ahora maneja la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). “Puede haber un conflicto burocrático interno, porque están bajando el perfil de Enel y se lo están ortorgando a Enatrel”, dijo el ingeniero Fernando Bárcenas.
Sin embargo, José Adán Aguerri señala que Enatrel ya hacía estas operaciones en el sistema de energético, a través de compra de energía a las generadoras para venderlas a instituciones del estado.
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“Que vuelve a quedar todo en manos del estado no es el mejor escenario para la competencia abierta y para la atracción de inversiones”, dijo Aguerri, quien solo reconoce como positivo que en la ley se establece que en un plazo no menor de un año – es decir a partir del 22 de diciembre de 2021 – el Ministerio de Energía y Minas (MEN) “deberá garantizar la participación de otros operadores idóneos nacionales y/o internacionales, priorizando la incorporación de sujetos privados o mixtos de conformidad a las leyes de la industria eléctrica”.
Para Aguerri, el plazo de un año pudiera ser un tiempo prudencial que está tomando el régimen de Ortega por la posibilidad de perder el poder en las próximas elecciones de 2021. “Es decir, si pierden las elecciones, tienen ese tiempo para vender o quedársela antes de entregar el poder en enero de 2022”, agrega.
Desde hace 20 años, el modelo del mercado energético estaba dividido en tres: generadores, transmisores, y distribuidores y comercializadores. Ahora, lo único que no está en manos totalmente del estado son los generadores, en donde participa el sector privado.