LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD

Hoy se cumplen

14
días

desde que nuestras instalaciones fueron tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann fue detenido.

con las instalaciones tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann detenido.

Congreso español. LA PRENSA/ Captura de pantalla.

Congreso español condena violaciones a los derechos humanos y demanda el fin de la represión en Nicaragua

María Valentina Martínez Ferro, del Grupo Parlamentario Popular, dijo en la defensa de la propuesta de PNL que Nicaragua vive desde el 2012 “una terrible dictadura, tan corrompida y tan autoritaria como la dictadura de Somoza”.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó este lunes, 21 de diciembre, una proposición no de ley (PNL) que condena «la represión de los disidentes y la violación de los derechos humanos en Nicaragua».

Esa comisión del Congreso de los Diputados español aprobó este lunes siete PNL, entre ellas la que demanda al régimen de Ortega “el fin de la represión”.

Las PNL son iniciativas parlamentarias a través de las cuales el congreso expresa su posición sobre una determinada cuestión o insta al gobierno a seguir una política determinada o a realizar alguna actuación.

La proposición la presentó el Grupo Parlamentario Popular y tuvo una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

María Valentina Martínez Ferro, del Grupo Parlamentario Popular, dijo en la defensa de la propuesta de PNL que Nicaragua vive desde el 2012 “una terrible dictadura, tan corrompida y tan autoritaria como la dictadura de Somoza”.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo están instaurando un régimen del terror en el que opositores políticos, activistas de derechos humanos, como acabamos de ver, estudiantes, movimientos feministas, la iglesia católica, los homosexuales, grupos indígenas o simplemente cualquier ciudadano que disienta del tirano y de su mujer, sufren las iras de las hordas sandinistas y un aparato oficial de represión que pretende instalar el miedo, el silencio, en cada uno de los pueblos, en cada barrio y en cada casa”, afirmó Martínez Ferro.

La legisladora española llamó “sátrapa” a Daniel Ortega y dijo que este se aprovecha por la poca atención que tiene este país en comparación con las otras dictaduras latinoamericanas, como la de Venezuela y Cuba.

Martínez Ferro refirió que “la última ofensiva represiva (que ha usado el régimen de Ortega) ha coincidido con la presentación de nuevas leyes concebidas para silenciar cualquier opinión crítica”.

Mencionó que hoy (este lunes) “se ha pasado una ley con carácter urgente, en una sesión extraordinaria, con la que se vetan las candidaturas de los opositores para poder presentarse a las elecciones”.

La “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” fue aprobada este lunes por la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por los diputados sandinistas.

María Valentina Martínez Ferro, del Grupo Parlamentario Popular. LA PRENSA/Captura de pantalla.

Martínez Ferro agregó que anteriormente se aprobaron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y una ley contra delitos de odio. “Todas ellas anticonstitucionales que toman como modelos leyes similares de otros países que lo único que pretenden es silenciar a disidentes”, opinó.

La parlamentaria española señaló que “los demócratas nicaragüenses hoy viven hostigados y amenazados de allanamientos de sus casas, de ser secuestrados, y por supuesto sin ningún juicio justo. A algunos de ellos los mantienen retenidos, incluso, durante meses sin que nadie sepa su paradero”.

Refirió que esa PNL es una magnífica oportunidad para demostrar su apoyo a los defensores concretos de derechos humanos y de la democracia. “Para lanzarles un mensaje de ánimo, para que sepan que no están solos, para que sepan que España está comprometida con su democracia y su libertad y con la defensa de los derechos humanos que hacen ellos concretamente”, expresó Martínez Ferro.

Este lunes, mientras en Nicaragua se aprobaba la llamada «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz», Estados Unidos informó sobre las sanciones que aplicó al diputado Wálmaro Gutiérrez; al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Aguilar García; y al comisionado de la Policía de León, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez.

Tiene que haber elecciones “garantistas, acorde con la cláusula democrática» del AdA

La diputada María Teresa Villagrasa defendió la enmienda que propuso el Grupo Parlamentario Socialista, sin embargo, manifestó su “absoluta condena a la situación que vive el pueblo nicaragüense, el cual atraviesa tiempos de extrema gravedad, tal como ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

En defensa de la enmienda, Villagrasa condenó las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega.

La legisladora agregó: “Insistimos en que la crisis que vive el país ha de ser política y basada en el respeto de los derechos humanos, sin fisuras, poniendo especial vigilancia en la protección de los tan violentados últimamente derechos de reunión, de manifestación y libertad de expresión”.

Recordó que en los próximos meses el país enfrentará un proceso electoral y que para solucionar las tensiones políticas y abrir diálogo “es imprescindible exigir al gobierno la puesta en libertad de manifestantes encarcelados de manera arbitraria”.

Eso se tiene que dar, según la diputada, para tener unas elecciones “garantistas, acorde con la cláusula democrática contemplada en el Acuerdo de Asociación” (AdA UE-CA).

Villagrasa dijo que Nicaragua es un pueblo golpeado y refirió que, además del Covid-19, “el 70 por ciento de los trabajadores están en la economía informal, hay un éxodo (de personas) buscando refugio y condiciones más seguras y que están intentando reponerse de las devastadoras consecuencias del mayor huracán del 2020”.

La propuesta fue rechazada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, ya que, según la diputada Lucía Muñoz Dalda consideró que imponer sanciones no lleva a la solución de ningún conflicto.

“Una vía además que, cuando no funciona, los lleva directamente a apoyar golpes de estado. Esperamos que en algún momento puedan sumarse al debate constructivo y darse cuenta de que, al haber estado al lado de la extrema derecha de nuestro país, en todo lo que tiene que ver con América Latina, va en contra precisamente del derecho internacional, y supone estar del lado del intervencionismo, la injerencia y del golpismo”, aseveró la parlamentaria.

La PNL fue aprobada con 29 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Le puede interesar: Ortega le causará más daño a la economía con sus ataques a EE.UU. y a la UE

×

Apoye el periodismo independiente. Lo invitamos a compartir este contenido.

Comparte nuestro enlace: