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UNAB reaccionó a la entrada de vigencia de la ley.

A menos de 24 horas de ser aprobada, entra en vigencia Ley para inhibir a opositores en elecciones 2021

Ley para inhibir candidatos fue denunciada por la Organización de Estados Americanos como un instrumento con el que la dictadura orteguista

En menos de 24 horas de haber sido aprobada, fue publicada en La Gaceta, Diario Oficinal, la Ley Ley para inhibir a opositores  de ser candidatos en las elecciones nacionales del 2021. De esta forma entra en vigencia la Ley, que fue denunciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), como un instrumento con el que la dictadura en Nicaragua, «le negaría al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios de 2021 en una imposición en lugar de una elección«.

La Secretaría General de la OEA, presidida por el uruguayo Luis Almagro, expresó en un comunicado, que esta Ley para restringir candidaturas es «el intento de concurrir a elecciones impidiendo la participación de quienes legítimamente se ubican en oposición al Gobierno». «Es un atentado a derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos», condenó el organismo hemisférico.

La Ley fue aprobada ayer 21 de diciembre en una sesión extraordinaria por los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que son mayoría en la Asamblea Nacional, que está integrada por 91 legisladores en funciones.

Las acciones de Ortega para quitar del camino a los opositores también mereció el repudio de Josep Borrell, alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, por cuanto es muestra de que «continúa el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, incluida la represión de opositores políticos, manifestantes, periodistas y sociedad civil».

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Esta es otra norma de represión del dictador Daniel Ortega para quitarle la oportunidad a líderes opositores, que sean capaces de unificar a los sectores adversarios y presentarse como una opción para sacarlo del Gobierno de Nicaragua, en el que el dictador lleva 13 años de forma consecutiva.

La Ley apunta a los opositores que el régimen les señale de promover protestas ciudadanas, que son vistas como «golpes de Estado», además a quienes gestionen y celebren sanciones de la comunidad internacional hacia personeros orteguistas y la dictadura. Esos actos, según la norma, serán una «traición a la Patria», y los opositores serían acusados penalmente para inhibirlos como candidatos en los comicios del 2021.

El subsecretario para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, también repudió las nuevas acciones del régimen que socavan la democracia en Nicaragua, al tiempo que destacó la postura conjunta de la Unión Europea, la OEA y el gobierno estadounidense en las exigencias para que Ortega revierta las leyes represoras.

«La UE y la OEA condenan contundentemente la amenaza de Ortega hacia unas elecciones libres y justas en Nicaragua, la cual esencialmente impide a los candidatos de oposición que se postulen para un cargo. Ortega está destruyendo la poca credibilidad que tiene», afirmó Kozak en Twitter.

 

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Luis Almagro, secretario general de la OEA. VOA/AFP

Limita competencia electoral

El secretario Almagro advirtió a la comunidad internacional que la iniciativa aprobada por la Asamblea nicaragüense «pretende restringir los derechos políticos con el objetivo de limitar la competencia electoral».

En noviembre del 2021, Ortega buscará su cuarto mandato consecutivo, y para conseguirlo ha recrudecido el sistema totalitario a través de leyes restringen los derechos políticos, apuntan a impedir que los movimientos opositores obtengan financiamiento, además de instaurar la censura a los nicaragüenses amenazándoles con procesarles con la Ley de Ciberdelitos, en un intento por detener en las redes sociales y en los medios de comunicación independientes que se siga criticando y denunciando los abusos a los derechos humanos y la corrupción.

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«La Secretaría General de la OEA le recuerda al gobierno su compromiso expresado públicamente, de implementar las recomendaciones de la última Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA desplegada para las elecciones municipales de 2017, que incluía medidas que sin duda mejorarían las condiciones democráticas en el país, y que difieren radicalmente a las que ahora se pretenden implementar», es parte del reclamo de Almagro al incumplimiento de Ortega.

El régimen orteguista está enfrentado a la Organización hemisférica que le ha condenado en reiteradas ocasiones por los abusos y crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía, parapolicías y simpatizantes sandinistas en contra de las manifestaciones ciudadanas que estallaron en abril del 2018. Más de 300 asesinatos, miles de heridos, cien mil exiliados y al menos 110 presos políticos es el saldo sangriento de la represión en el contexto de la crisis social y política que existe en Nicaragua desde hace dos años y ocho meses.

Ortega dejó vencer el acuerdo suscrito en 2017, con el secretario Almagro, para hacer reformas profundas al sistema político electoral en Nicaragua, cambios que deberían estar vigentes en febrero del 2020, que apuntaban a restablecer la transparencia a los comicios en el país.

El secretario general de la OEA llamó al régimen a «derogar la Ley en cuestión» que restringe candidaturas, y reiteró su llamado a que «inicie un proceso con los diversos actores políticos y sociales» nicaragüenses, «para emprender las reformas electorales necesarias, que garanticen elecciones libres, justas y transparentes». Se declaró listo al organismo para «asesorar en el proceso» de las reformas como fue pactado.

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UE demanda reformas creíbles

Una postura crítica contra lo actuado por el régimen de Ortega también asumió el Josep Borrell, alto representante de la UE para asuntos exteriores, quien valoró que la nueva Ley para inhibir candidaturas de la oposición «es un paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense, alejando al país del estado de derecho».

«Los ciudadanos nicaragüenses deben poder ejercer sus libertades de expresión y asociación de manera efectiva», se pronunció Borrell en un comunicado este 22 de diciembre. Reiteró el canciller europeo que la UE espera que «las autoridades nicaragüenses alineen su legislación, garanticen la implementación con las obligaciones internacionales de derechos humanos y promuevan el papel de la sociedad civil para que las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de oposición puedan operar libremente».

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La Ley para inhibir candidaturas es parte del combo de represión que incluye la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, la Ley Especial sobre Delitos Cibernéticos, así como el proceso en curso de reforma constitucional para introducir sentencias de prisión perpetua por «delitos de odio». Con estas el régimen de Ortega «endurecen las restricciones a los derechos civiles y políticos y libertades fundamentales», denunció el canciller Borrell.

El representante de la UE en que Ortega debe cumplir los acuerdos firmados con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en marzo del 2019, que se permita la plena cooperación y el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Se consideró fundamental en el actual contexto en que Nicaragua entrará a un año electoral, en 2021, que se suscite un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el orteguismo y la oposición para garantizar elecciones justas y transparentes.

«La UE apoya un diálogo urgente e inclusivo sobre reformas electorales con la oposición nicaragüense como un paso esencial para restaurar la confianza. Las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 siguen siendo válidas», afirmó Borrell. Se reiteró la disposición de los europeos en «colaborar y trabajar de forma constructiva» con las autoridades orteguistas, «hacia una salida pacífica y democrática de la crisis» nicaragüense.

 

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