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CONTENIDO EXCLUSIVO.Marvin Ramiro Aguilar García, magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y uno de los tres sancionados por Estados Unidos este lunes 21 de diciembre, es un personaje poco mediático. Sus apariciones públicas son contadas.
Una de las más recientes fue en la Asamblea Nacional, el pasado 30 de octubre, en la consulta sobre la reforma parcial a la Constitución Política para instaurar la cadena perpetua en la legislación nicaragüense.
Aguilar le dio el visto bueno a la propuesta de reforma constitucional, al igual que los otros funcionarios de la Policía y del sistema penitenciario, quienes también llegaron ese día a cumplir con un requisito procedimental para aprobar el próximo año la cárcel de por vida por crímenes de odio, pero también incluyen acciones de los opositores, como lo dijo Daniel Ortega el reciente 15 de septiembre.
En el sitio web del poder judicial aparecen pocas publicaciones sobre las actividades del magistrado vicepresidente. Una de estas fue del 9 de octubre de 2015, en la que aparece como personaje destacado en una reunión con los miembros del Cuerpo de Seguridad de la Circunscripción Managua, del poder judicial. La nota de prensa explica que Aguilar es delegado para coordinar la Circunscripción Managua.
Coordina el andamiaje judicial contra la oposición
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó en un comunicado que el magistrado Aguilar fue sancionado por coordinar la persecución de miembros de la oposición.
Una fuente que habló sobre el magistrado bajo condición de anonimato confirmó la información del gobierno norteamericano, asegurando que el magistrado vicepresidente ha sido el encargado de poner en marcha el andamiaje judicial que penaliza las acciones de los opositores, lo que ha convertido al poder judicial en un instrumento represivo.
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La misma fuente aseguró que Aguilar se especializa en justicia penal y en todo lo referido a la legislación penal.
“Aguilar se ha involucrado desde siempre en todos los temas de la justicia penal y del sistema penal, esa ha sido su especialización: coordinar la preparación de los jueces, de los magistrados en los temas de la legislación penal y como dice la Resolución del Departamento del Tesoro, ha actuado como verdadero comisario político en estos temas y las sanciones penales a través del poder judicial, dirigidas a todos aquellos que han sido enjuiciados por participar en las protestas del 2018”, dijo la fuente.
También fue descrito como un “coordinador que vela por que los jueces apliquen las orientaciones que la Corte da, las interpretaciones que la Corte da y que se preparen para entender las normas como la Corte interpreta que le favorecen al régimen”.
Según la información divulgada por el Departamento del Tesoro, el vicepresidente de la Corte Suprema también es secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista y miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ), que asegura que los partidarios del régimen sean seleccionados para puestos clave.
Como secretario político nacional, Aguilar está en contacto directo con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, según los informes de Estados Unidos.
Los críticos valoraron que el bloqueo financiero que causan estas sanciones para Aguilar, al no tener funciones administrativas dentro de la CSJ, no afectará su funcionamiento, como sí ha ocurrido con el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta; el jefe de la Policía, Francisco Díaz y con el jefe del Ejército, Julio César Avilés.
Debido a las sanciones aplicadas a titulares de instituciones, el Legislativo tuvo que hacer cambios en las leyes orgánicas de cada entidad, para recargar en otro funcionario el trabajo administrativo de los presidentes y ministros sancionados, quienes no pueden firmar ni para sacar un crédito.
Una “advertencia”
El exdiplomático Julio Icaza Gallard valoró la sanción al magistrado Marvin Aguilar como “una advertencia y un mensaje para el resto de magistrados y jueces”.
“Las sanciones buscan desmoralizar a quienes apoyan la dictadura, fomentar deserciones, debilitar los pilares que sostienen al régimen. Sancionar a Aguilar es una advertencia y un mensaje para el resto de magistrados y jueces. Golpear de entrada a la presidenta del poder judicial podría tener un efecto aglutinador, contrario a lo buscado, que es dividir y debilitar. El poder judicial en este momento tiene en sus manos numerosos recursos por inconstitucionalidad que han sido interpuestos en contra de esas leyes represivas”, explicó Icaza.
El analista político Eliseo Núñez Morales aseguró que el magistrado Aguilar fue afectado por ser un leal a Daniel Ortega, muy cercano a él, incluso es su coterráneo, oriundo de Chontales. Núñez señaló que estas sanciones selectivas deben de generar dudas entre el anillo de poder: ¿Por qué sancionan a unos y a otros no?